Foto: CARLOS JÚANVALÈNCIA. (EP) El Libro Blanco para la reforma del sistema tributario elaborado por el Comité de Expertos plantea algunas recomendaciones en materia de IVA, como ir eliminando progresivamente sus tipos reducidos y superreducidos hasta converger en un tipo único, y propone también introducir nuevas deducciones en el IRPF por hijos menores de 18 años o para salarios bajos, al tiempo que plantea eliminar otras que no considera eficientes.
Así lo ha trasladado el presidente del Comité de Expertos, Jesús Ruiz-Huerta, en rueda de prensa, donde ha dejado claro que el documento "no es una reforma fiscal", sino un conjunto de propuestas y sugerencias para que posteriormente el Gobierno pueda acometer dicha reforma, pero de "manera gradual" y con una "programación razonada" a lo largo del tiempo. "Una reforma como la que proponemos exige plazos largos", reiteró.
En materia de IVA, Ruiz-Huerta explicó que España recauda menos en este impuesto que la media de la UE (su tipo implícito solo es superior al de Rumanía e Italia) y, por tanto, plantea reducir los beneficios fiscales en este tributo, que son "muy elevados".
Así, propuso un proceso de "revisión y reducción" de los tipos reducidos y superrreducidos, pero en la medida en que estas decisiones pueden afectar a artículos de primera necesidad, los expertos plantean establecer compensaciones para las rentas más bajas. "Pero no para hacerlo hoy bajo ningún concepto, porque es absolutamente inviable", aclaró.
Aunque no se 'moja' con una propuesta concreta, el Comité indica que si se mantuviera el tipo general del 21%, la eliminación de los tipos reducidos incrementaría la recaudación del IVA en 27.100 millones de euros. En cambio, apunta que si se optara por mantener constante la recaudación, el tipo general podría reducirse hasta, aproximadamente, el 15%.
Lo que sí deja claro es que la eliminación de los tipos reducidos (10%) y superreducido (4%) debe hacerse de forma "gradual" y una vez que se haya consolidado la recuperación económica, y que debe llevarse a cabo mediante la compensación de los sectores más débiles afectados.
Así, los expertos afirman que existen diversas alternativas para llevar a cabo esta compensación: establecer un sistema de prestaciones directas a las personas con menos recursos, o introducir una deducción reembolsable en el IRPF. En caso de que no pudiera garantizarse un mecanismo de compensación a las personas con menos renta, el Comité asegura que debería descartarse la elevación del tipo impositivo para los bienes y servicios de primera necesidad.
También en materia de IVA, los expertos proponen eliminar de manera gradual los tres regímenes especiales existentes en la actualidad: el régimen simplificado, el recargo de equivalencia y el de la agricultura, ganadería y pesca.
En el IRPF, el documento propone la aprobación de una deducción o prestación reembolsable para los trabajadores con bajos salarios y otra deducción por hijos menores de 18 años para reducir la pobreza infantil, al tiempo que se proponen "ajustes" en la tarifa del IRPF. También se apuesta por generalizar la estimación directa, lo que implica acabar con la tributación por módulos.
Al mismo tiempo, abogan por ensanchar la base imponible del IRPF, suprimiendo aquellas exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales cuyo mantenimiento no esté justificado. En este sentido, recomiendan suprimir la reducción por arrendamiento de vivienda y por tributación conjunta y transformar la reducción por rendimientos del trabajo en una deducción reembolsable en la cuota, que permitiría integrar el IRPF y las prestaciones públicas para las personas con renta reducida.
También proponen evaluar y analizar la justificación de algunas exenciones más, como la indemnización por despido, la relativa a la cobertura del riesgo de interés en préstamos hipotecarios, la relacionada con enajenación de la vivienda habitual cuando el importe obtenido se utiliza para la adquisición de una nueva vivienda habitual o la exención de los rendimientos de los Planes de Ahorro a Largo Plazo.
Igualmente, debería replantearse aplicar solo la exención de las ganancias patrimoniales obtenidas por transmisión de vivienda habitual por personas mayores de 65 años a un determinado nivel de renta y patrimonio del contribuyente.
También apuesta el Comité de Expertos por suprimir el "tratamiento privilegiado" de la exención total de las dietas y asignaciones para gastos de viajes que se abonan a los diputados españoles en el Parlamento Europeo, a los diputados y senadores de las Cortes Generales,
a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales.
En cuanto a la dualidad del IRPF en materia de rentas del capital y rentas del trabajo, los expertos recomiendan mantenerla, si bien plantean integrar en la base del ahorro las rentas del capital inmobiliario y las rentas inmobiliarias imputadas.
Asimismo, los expertos creen que la obligación de declarar en el IRPF debería extenderse y sus límites, simplificarse considerablemente, con independencia de si el resultado de la autoliquidación es positivo o negativo, por lo que la aplicación de esta recomendación podría requerir un ajuste en el mecanismo de retenciones para algunos contribuyentes.
En cuanto a otros impuestos especiales además del IVA, los expertos apuestan por elevar la fiscalidad de los tipos de gravamen sobre determinados consumos de alcohol y en materia de tabaco, recomiendan considerar un cambio en la estructura del impuesto especial sobre los cigarrillos para convertir al componente específico de gravamen en el principal elemento del tributo, al tiempo que propone un nuevo impuesto que grave el cigarrillo electrónico.
Con todo, los expertos recomiendan al Ejecutivo consolidar la recuperación económica antes de poner en marcha las reforma en un contexto marcado por la crisis de la Covid-19 y del conflicto en Ucrania y le han instado a una aplicación "gradual", a través de una "razonada" programación.
Así, los expertos han advertido de que la invasión de Ucrania y la crisis de la Covid-19 es un "hándicap" para la posible recuperación y eso afecta en términos tributarios. "Es más difícil aplicar reformas en un contexto como el que se vive", ha alertado.
El presidente del Comité ha querido dejar claro que éste es un informe técnico y que los expertos no son "responsables" de poner en marcha una reforma fiscal. "Nosotros no hacemos una reforma fiscal, sino invitamos a estudiar los elementos que nos parecen importantes", ha remarcado.
Sobre las prioridades que marca el Comité de Expertos para actuar de forma más a corto plazo, Ruiz-Huerta ha señalado todo lo que tiene que ver con la fiscalidad medioambiental, así como lo relativo al Impuesto sobre Sociedades, ya que existen actualmente varias directivas comunitarias al respecto.
El comité de expertos elegido por el Ministerio de Hacienda para plantear propuestas para la reforma fiscal propone considerar el pago por uso por infraestructuras viarias y una tasa municipal sobre la congestión en las ciudades más afectadas por el tráfico y la contaminación.
Todo ello dentro del paquete de fiscalidad 'verde', donde los expertos plantean medidas como la equiparación de la fiscalidad del diésel a la gasolina, aumentar de forma generalizada los impuestos a los carburantes, un impuesto sobre los billetes de avión y la rebaja de la fiscalidad aplicada a la electricidad, suprimiendo el Impuesto sobre el Valor de la Producción al 7% que pagan las eléctricas y rebajando el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Entre sus propuestas, llaman a considerar el establecimiento de tributos por el uso de ciertas infraestructuras de transportes, a ser posible relacionados con la distancia recorrida a través de dispositivos electrónicos.
Para explorar su implantación en las vías de alta capacidad, el Comité plantea dos simulaciones: una con el pago de 1 céntimo/kilómetro para vehículos ligeros y 3 céntimos/kilómetro para vehículos pesados; y otro en el que los segundos llegarían a pagar hasta 4,9 céntimos/kilómetro, al tener un coste medio sobre las infraestructuras de esta proporción sobre los primeros.
En el primer ejemplo, la recaudación llegaría a 1.172 millones de euros, no lejos de los 1.241 millones de euros recogidos en los Presupuestos para la conservación de carreteras, según apuntan en el informe los expertos, mientras que en el segundo caso la recaudación podría alcanzar casi los 1.400 millones.
Por otro lado, el Comité también plantea introducir un tributo sobre los vehículos que varíe, según el volumen de tráfico, en función de la localización y hora del día para afrontar los problemas de tráfico y contaminación local.
Reconociendo el carácter regresivo de esta medida, al no diferenciar entre capacidad económica, los expertos proponen dirigir parte de la recaudación a mejoras en el transporte público y mitigar así este defecto.
Tras señalar experiencias similares en otras capitales --Londres lo aplica desde 2003, Estocolmo desde 2007 y Milán desde 2008--, los expertos citan dos estudios publicados para las ciudades de Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria y renuncian a presentar una propuesta específica.
En todo caso, recuerda que el informe de los expertos encargado por el predecesor de la ministra María Jesús Montero, el 'popular' Cristóbal Montoro en 2014, destacó la utilidad de este tipo de tributos para abordar problemas de congestión y contaminación local, siendo preferibles a las zonas de baja emisión, solución habitual por las autoridades locales.
