VALÈNCIA. El Consell tendrá que afrontar en este mandato la revisión del decreto de teletrabajo. Así lo recoge el acuerdo de legislatura firmado por la Generalitat y los sindicatos, donde está previsto analizar la implantación del teletrabajo "siempre que la sostenibilidad financiera lo permita y no se vea afectada la correcta prestación de los servicios públicos". Una norma que llegará enmarcada por la presión de los sindicatos para su aumento, mientras que la tendencia en la administración valenciana es la de reducir o eliminar esta modalidad, como apuntaba este martes Castellón Plaza.
Desde Hacienda señalan que, aunque todavía no está establecida la fecha, sí es uno de los asuntos pendientes a tratar. Fue en 2021 cuando el Govern del Botánic reguló un marco general para los programas de teletrabajo de los diferentes entes de la administración valenciana. Éste se aprobó en el V Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat y estableció en un máximo de tres días la opción voluntaria de trabajar a distancia, en planes diseñados por cada organismo y cuya duración máxima sería de un año prorrogable por periodos de la misma temporalidad. Una vez llegado el vencimiento, si el ente no manifestaba lo contrario, éste sería prorrogado.
En los últimos meses, muchos planes han vencido y cada ente está renegociando los mismos. Como se apuntaba, Turisme Comunitat Valenciana ha decidido eliminar el mismo, aunque en algunos casos como la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTIC) o Vaersa han decidido reformularlos y mantener la opción de un día a la semana frente a los tres iniciales. En este sentido, desde los sindicatos manifiestan su descontento por la disparidad entre los diferentes entes, y abogan por unificar la normativa.
"Desde CSIF no entendemos que se hayan minorado los días de teletrabajo en algunos programas, sobre la marcha, y no tengamos en esta comisión un informe que argumente dicho cambio. No entendemos a su vez que se permita que haya consellerias que no presenten informe de seguimiento y de por qué no implementan en teletrabajo, tal y como recoge el actual decreto", señalaban desde CSIF tras la última comisión de seguimiento, celebrada en el mes de julio. Una línea en la que solicitan la negociación de un nuevo decreto de Teletrabajo para subsanar "la arbitrariedad" en su aplicación.
"Hasta ahora se ha visto con los informes de la Inspección de servicio que el teletrabajo es una modalidad perfectamente viable, que cumple con los objetivos, que aumenta la satisfacción del personal con su puesto de trabajo y en la que se ha invertido una gran cantidad de fondos", señalaban. "Nuestra administración, que parece estar enfocada a la adaptación tecnológica a todos los niveles de sus procesos, modernizando incluso los métodos de acceso a la Función Pública, no puede dejar de apostar por este sistema de prestación del servicio".
Desde Intersindical, señalan que el argumento dado por la Conselleria de Función Pública es que la administración valenciana se encuentra en proceso de reordenación de todo el personal y busca tener una foto clara del impacto del teletrabajo con el estudio de los informes por parte de la Inspección General de Servicios para "dar un nuevo impulso al trabajo presencial". Sin embargo, consideran que esto no es excusa para continuar con los actuales programas, muchos de los cuales, como se apuntaba, no se han prorrogado o no han permitido adherirse a nuevo personal.
"Queremos hechos y no palabras, por lo tanto, pedimos iniciar las negociaciones para impulsar el teletrabajo, sea en la Comisión de Seguimiento del Teletrabajo o en la Mesa Sectorial de Función Pública, mediante un nuevo decreto más garantista y flexible para el personal funcionario, y que no deje este derecho del personal a la voluntad de un titular de departamento", señalan. "En este sentido, queremos poner de manifiesto que, en el ámbito de cada Mesa Sectorial, se negocien las máximas garantías para todos y todas las trabajadoras que quieran disfrutar de este derecho y no haya un agravio comparativo entre consellerias".
El diputado de Les Corts Mario Villar, quien fuera director de Innovación en el anterior Gobierno, señala que desde el PSPV no se entiende la negativa a ni siquiera negociar con los trabajadores sobre sus derechos. "Nosotros defendemos una adaptación y un plan híbrido de trabajo, sabiendo los beneficios que producen el teletrabajo con un buen plan organizacional y un liderazgo fuerte", señala.
En este sentido, apunta a la sostenibilidad. "Mazón la nombra constantemente haciendo un uso inadecuado, ya que los empleados tienen que utilizar sus vehículos para desplazarse, lo que hace aumentar las emisiones de CO2. El mejor ejemplo es Valencia, que quieren que sea capital verde, pero es donde mayor desplazamiento existe en coche para acudir a su trabajo", apunta. Por otro lado, menciona la conciliación familiar. "Defendemos a los trabajadores que solicitan el teletrabajo con responsabilidades familiares que se les autorice la adaptación de su jornada de trabajo". Por último, apunta a la atracción de talento y despoblación. "No tener un plan para renovar la administración, no saber adaptarse a los nuevos tiempos es tener políticas de los 90. Así nunca se quedarán nuestros jóvenes valencianos a trabajar en sus ciudades".
Cabe recordar que tanto trabajadores del Ivace como de Turisme acudieron a la justicia para recuperar el teletrabajo por la vía de la conciliación. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estimó el recurso de una trabajadora del organismo público, que solicitaba seguir teletrabajando en las mismas condiciones que tenía durante la pandemia. La petición fue denegada por la dirección del Ivace, pero el TSJCV reconoce que esta trabajadora, con dos hijos menores de 12 años, tiene derecho a adaptar la jornada a esta modalidad laboral "con el fin de hacer efectivo su derecho a conciliar la vida familiar y laboral".
En este sentido, se considera infringido el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (ET), en el que se recoge que "las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo (…) incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación". En este caso, el alto tribunal reprocha a la administración que ni siquiera abriera un proceso para negociar la petición de la demandante.
La Generalitat sigue reculando con el teletrabajo: los empleados de Turisme se quedan sin plan
