El Consell apela al "realismo" en los Presupuestos de 2024 por la baja ejecución del Botànic 

VALÈNCIA. Las palabras de este lunes del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre los "duros" Presupuestos de la Generalitat de 2024 y los "recortes de gasto innecesario" van en línea con el plan del Consell de un ajuste en las inversiones y una ligera reducción de las cuentas en cifras globales.  

El nuevo ejecutivo autonómico compartido por el PP y Vox centra su argumentación en que serán unos "presupuestos realistas" tanto en ingresos como en gastos en comparación con los de las últimas dos legislaturas. Los populares destacan que el PSPV, Compromís y Unides Podem proyectaban cada año un crecimiento del gasto desmesurado que, además, venía acompañado de una baja ejecución. Algo que ahora quieren cambiar.  

El PP se anticipa a cómo dejar claro su mensaje cuando dentro de exactamente una semana presente sus primeros presupuestos, aquellos con los que dejarán claras sus prioridades de gestión y que rompen totalmente con la tendencia de los ocho anteriores, que fueron definidos por el Botànic como "expansivos". De ahí que apelen a la herencia recibida: déficit, deuda, facturas en los cajones, compromisos sin autorización de gasto, baja ejecución, etc. Y unido a decisiones propias, como eliminar la partida de ingresos ficticios relacionada con la financiación autonómica o la rebaja de impuestos. 

De acuerdo con los datos oficiales, la Comunitat Valenciana cerró el ejercicio de 2022 con un déficit del 3,11% medido sobre su Producto Interior Bruto (PIB), que en términos absolutos fue de 3.847 millones de euros. Representó 2,11 puntos más que el desfase entre ingresos y gastos registrado en las cuentas valencianas en el anterior ejercicio de 2021 y fue el más elevado del conjunto de las comunidades.

También es la autonomía con la deuda más alta respecto a su PIB (43,5 %) y la segunda más endeudada en términos absolutos (57.246 millones), según los datos del primer semestre de 2023. El aumento de este año se debe, en gran medida, a los 1.800 millones que se han pedido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para financiar el exceso de déficit del último año del anterior Consell.

Por otro lado, de acuerdo con los datos de la Intervención de la Generalitat, las llamadas facturas en los cajones –aquellas obligaciones derivadas de gastos realizados que están pendientes de aplicar en el presupuesto– ascienden a los 1.389 millones a fecha del pasado junio.  

Los populares han denunciado igualmente importantes compromisos sin autorización de gasto, como el acuerdo de plantillas firmado por el anterior Ejecutivo y que supone la contratación de 4.900 profesores en los próximos tres años. El conseller de Educación, José Antonio Rovira, criticó que se hubieran hecho sin presupuestarlo. 

El actual Gobierno de derechas critica asimismo la baja ejecución del Botànic. A fecha de septiembre de 2023, las inversiones reales no llegan al 30% de ejecución de los casi 1.500 millones presupuestados. Mientras que las transferencias de capital se sitúan en alrededor de un 40% de ejecución. Faltará por comprobar si esas cifras varían a lo largo del último trimestre del año, pero esto supone que lo que no se ha ejecutado en 2023 se tendrá que hacer en 2024, de manera que condiciona las cuentas del próximo año. 

Hay que recordar que uno de los "trucos" aplicados por el Botànic fue hacer, con las inejecuciones, el Plan de Ajuste que se mandaba al Ministerio de Hacienda –es decir, recortar de donde no se gastaba–. Una fórmula que podría aplicar el PP ahora es quitar dinero de aquellos departamentos donde hay menor ejecución y pasar ese crédito a otras líneas. Responsables del propio Botànic lo intentaron sin éxito ante la pelea que generaba entre consellerias, ninguna de las cuales quería ver mermado su presupuesto. 

A ello se añaden situaciones que tienen que asumir obligatoriamente, como el aumento en gastos de personal. El cálculo es que el capítulo I del presupuesto (el que se dedica a la ello) ha crecido 3.000 millones en los últimos 8 años. Pero además para 2024 se suma la subida de sueldos de los funcionarios debido a la inflación. 

En el apartado de ingresos también aparecen condicionantes por decisiones políticas del actual Consell. La principal es que el PPCV y Vox suprimirán la partida reivindicativa de 1.336 millones de euros para compensar la infrafinanciación autonómica por el retraso en la reforma del sistema. Aquella que criticaron por ficticia al tratarse de dinero cuya llegada no está asegurada. 

Sí que mantendrán otras cantidades cuya llegada no está asegurada, como 900 millones por una deuda que la Generalitat le reclama al Ejecutivo central por la atención sanitaria a pacientes desplazados, el conocido como Fondo de Garantía Asistencial (Foga), que está pendiente de pago desde hace años; y como la partida reivindicativa incluida por el Botànic para que el Gobierno central salde la deuda por la infrafinanciación del 50% del coste de la dependencia, y que en los presupuestos de 2023 representaba unos 462 millones.

De otro lado, se encuentra la bajada de impuestos con la práctica eliminación del de Sucesiones y Donaciones para familiares cercanos, que deja el cálculo de que se dejen de recaudar más de 300 millones de euros el próximo año.