La consellera de Hacienda, Ruth Merino, y el presidente de la Generalitat, Carlos MazóFoto: EP/Rober SolsonaVALÈNCIA. El Consell ha abierto el plazo para cambiar la ley de Participación Ciudadana. Uno de los objetivos, según explican desde la Generalitat, será limitar los presupuestos participativos a proyectos que resulten "viables".
La modificación se realizará a través de la ley de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat de 2025. Se trata de la conocida como ley de Acompañamiento, aquella necesaria para que salgan adelante cada año los Presupuestos y que sirve como cajón de sastre para la modificación de multitud de normativa autonómica.
El Consell anda enfrascado desde hace meses en su elaboración, como publicó Valencia Plaza, debido a que su periplo administrativo, con los consiguientes plazos, es más largo esta vez y dejaba abierta la posibilidad de que no se llegara a aprobar a tiempo. Dado que todas las leyes que se tienen que modificar a través de Acompañamiento han de pasar el trámite de la consulta pública previa, van apareciendo por goteo.
En esta fase se ofrece a la ciudadanía información sobre los antecedentes de la nueva norma, los problemas que se pretenden solucionar con ella, la necesidad y la oportunidad de su aprobación, los objetivos, las posibles soluciones alternativas y toda la información que pueda ayudar a la formación de una opinión al respecto.
Y aquí es donde se enmarca la modificación de la ley de Participación Ciudadana, aprobada por el anterior Gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) en 2023. En ella se recoge la regulación de los presupuestos participativos. Realmente, este mecanismo ya se introdujo por acuerdo del Consell en 2021 y en un proyecto piloto para las cuentas de 2022. El Ejecutivo autonómico lo dotó con 125 millones de euros destinados a la financiación de propuestas ciudadanas con cargo a los capítulos II (gastos corrientes y de funcionamiento), IV (transferencias corrientes) y VI (inversiones) de las cuentas de la Generalitat.
En aquel año se llegaron a recibir casi 900 propuestas, de las que se seleccionaron 668 comprobados los requisitos. Mejora de infraestructuras, vías verdes o más becas fueron algunas de ellas. Sin embargo, a la hora de la ejecución hubo problemas y la participación en las votaciones tampoco fue muy alta.
Este proceso que resulta vinculante en la elaboración de los presupuestos de cada año se pasó a regular en de la ley de participación ciudadana que se encuentra en vigor. Anteriormente dependía de la Conselleria de Transparencia, pero ahora cuelga directamente de Presidencia al haberse suprimido este departamento.
El actual Gobierno del PP y Vox quiere reconducir la iniciativa. Así, desde la Generalitat señalan que pretenden establecer "cautelas" en los citados presupuestos participativos para, argumentan, lograr un "mayor acierto" de las propuestas sometidas finalmente a votación de la ciudadanía. El objetivo, indican, es "evitar que resulten aprobadas propuestas inviables" .
Además de este asunto, la modificación de la ley de Participación Ciudadana incluye la distinción en los procesos participativos del trámite o trámites que corresponden a la participación ciudadana y el trámite distinto que corresponde a la audiencia particular de los interesados, por constituir esta última una garantía de sus derechos e intereses. También la flexibilización de la estructura y funcionamiento de los foros de participación activa de la ciudadanía en la Comunitat Valenciana "para hacer que sean verdaderamente operativas".
