La consellera de Hacienda, Ruth Merino. Foto: CORTS/José CuéllarVALÈNCIA. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este jueves una resolución de la Secretaría Autonómica de Hacienda por la que se delegan las competencias en materia de concesión de fondos de caja fija en los directores de los organismos autónomos del sector público. Una responsabilidad que antes de este cambio se centralizaba precisamente en la Conselleria de Hacienda, que era la encargada de supervisar, controlar y autorizar las cajas fijas de estos organismos.
Así, según se detalla en el texto, serán los dirigentes de las citadas entidades los que deberán gestionar la aprobación de la cuantía global y la distribución por cajas pagadoras de los anticipos de caja fija así como las modificaciones que puedan producirse en los importes.
Eso sí, en la resolución se subraya que la cuantía global no podrá exceder del 7% del total de los créditos iniciales del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios de los presupuestos de cada conselleria u organismo autónomo, por lo que se mantiene de esta manera el límite establecido por el anterior gobierno progresista.
Cabe recordar que, en 1998, bajo el mandato del popular
Eduardo Zaplana y con José Luis Olivas como conseller de Hacienda, este límite se elevó hasta el 12%, una cifra que recortó al 7% el Consell del Botànic del socialista Ximo Puig en febrero de 2017. Una rebaja justificada entonces de la siguiente manera: "La flexibilidad de la normativa que regulaba la caja fija en la Comunitat Valenciana llevó, en anteriores etapas, a un uso de los fondos excesivo y dudoso, algo que ahora se quiere evitar".
Una modificación que, además, acotó los anticipos de caja fija a los gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características; sacando otros que se aplicaban con frecuencia, como gastos correspondientes a publicidad y propaganda, trabajos técnicos, ni gastos de edición y distribución de publicaciones institucionales, ni gastos que se englobaban en el subconcepto 227.99: "Otros trabajos realizados por empresas y profesionales".
En cuanto al cambio reflejado en el DOGV, la justificación que se esgrime para delegar estas compatencia es la de "lograr una mayor economía, agilidad y eficacia administrativa en la tramitación de este procedimiento" (el de establecer la cuantía y distribución de las cajas fijas) algo que en la resolución vinculan a la entrada en vigor del sistema en fecha 1 de enero de 2024, del Nuevo Sistema de Información Económico-Financiera de la Generalitat (Nefis).
Una medida justificada así por Hacienda pero que llama la atención en un momento en el que, precisamente, el control sobre el sector público está sobre la lupa del propio Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón, que anunció esta misma semana la supresión de cinco agencias de la Generalitat y una auditoría general del sector público con el objetivo de conocer "dónde ha ido cada euro" en la etapa del Consell del Botànic y para evaluar "duplicidades, ineficiencias y el rumbo del conjunto de entidades". "Facturas en los cajones, contratos a dedo, personal no autorizado, gastos sin control, facturas bancarias sin titular y el mayor número de empresas y entidades de nuestra historia", enumeró el jefe del Gobierno valenciano y líder del PPCV para justificar la citada auditoría, que además vendrá acompañada de una comisión de investigación en Les Corts para dar a conocer las "irregularidades" que a su juicio se produjeron en la etapa del Botànic.
Esta modificación competencial atañe a los mencionados organismos autónomos, que son entidades públicas con personalidad jurídica propia que se rigen por el derecho administrativo y a las que se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de una conselleria, la realización de actividades administrativas, de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos.
En la Generalitat, algunas de ellas son el Institut Valencià de la Joventut (Ivaj); Institut Valencià d'Investigacions Agràries (Ivia), Labora, Institut Cartogràfic Valencià (ICV), Agència Tributària Valenciana (ATV), Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, Agència Valenciana de Garantia i Foment Agrària (Agfa), Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (IseaCV), Institut Valencià de Seguretat en el Treball (Invassat) o la Autoritat del Transport Metrapolità de València (ATMV), entre otros.
