Foto: EFE VALÈNCIA. La Agencia Valenciana de Cambio Climático cuenta los días para desaparecer. Así lo recoge la propuesta de modificación de la Ley 1/2023, de 8 de marzo, de la Generalitat, de creación de la Agencia Valenciana de Cambio Climático, que salía a información pública este martes. La intención de la Conselleria de Medio Ambiente es, a través de la Ley de Acompañamiento de 2025, derogar la mencionada norma, que ponía en marcha este organismo durante el Gobierno del Botànic.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ya anunciaba la eliminación de dicho ente en el inicio de la legislatura. Recientemente, daba carpetazo a la Escuela Valenciana de la Administración Pública (Evap). También estaban en el punto de mira la Agencia Valenciana de la Energía, la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad, la Agencia Valenciana de información y control alimentarios, la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular y la mencionada Agencia Valenciana del Cambio Climático.
En su creación, en febrero de 2023, durante el anterior mandato, tanto PP como Cs y Vox coincidieron en rechazar este nuevo órgano al considerar que supondría "un nuevo chiringuito" al que el Consell destinaría casi cuatro millones de euros anuales para crear una veintena de puestos de trabajo. Entre sus cometidos, se encontraba la elaboración de un barómetro bienal sobre la percepción ciudadana de los efectos del cambio climático en sus vidas y de las políticas de mitigación, además de analizar periódicamente la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero o evaluar el grado de implantación de las políticas contra el cambio climático.
También fomentar la investigación científica y de innovación y la participación de empresas, administraciones e instituciones en proyectos y programas de adaptación y mitigación, entre otros.
En la misma modificación, como ya adelantó Castellón Plaza, se incluye la eliminación de los impuestos 'verdes' que incluía la Ley de Cambio Climático y que se iban a aplicar a partir del 1 de enero de 2025. Se trata de un gravamen sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica; otro sobre la emisión de gases de efecto invernadero; y uno ambiental sobre grandes establecimientos comerciales.
Concretamente, el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica iba a grabar las emisiones de CO2 que produzcan aquellos vehículos de motor matriculados a partir de 2023. En segundo lugar, el que afectaba a las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades económicas concernía directamente a la industria cerámica, uno de los principales sectores económicos de la Comunitat Valenciana. Su finalidad era reducir la emisión de gases contaminantes incentivando la adopción de medidas que optimicen el desempeño medioambiental de los procesos, así como la mejora de la calidad del aire.
Y, por último, el impuesto para grandes establecimientos comerciales –a partir de 2.500 metros cuadrados–, estaba dirigido a locales con fines de ocio, hostelería o espectáculos, ya que, por su efecto de atracción al consumo, provocan un desplazamiento de vehículos.
La propuesta también implica cambiar la regulación del Registro Valenciano de Iniciativas de Cambio Climático con el fin de hacerlo voluntario y, así equipararlo al conjunto de registros existentes en el resto del país, además de aclarar el articulado referido a las obligaciones que en él se establecen. El registro establece determinadas obligaciones para las organizaciones, entidades y empresas que desarrollen total o parcialmente una actividad económica en la Comunitat Valenciana, consistentes en calcular, registrar y reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, al declarar como voluntaria la inscripción de las compañías de su reducción de emisiones, deja sin efecto las infracciones.
Dado que se pretende la eliminación de los tres impuestos, cuyo carácter era finalista e iba dirigido a crear un Fondo para la Transición Ecológica, también se apunta a la modificación del artículo 145, que regula la creación de este instrumento. Su objetivo era canalizar la recaudación para la ejecución de políticas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como para la inversión en investigación e innovación en nuevas tecnologías para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
