Foto: Jorge Gil / Europa PressVALÈNCIA. El Consell sigue modificando normativas aprobadas por el antiguo gobierno del Botànic. Así, a los cambios propuestos para la Ley de la Huerta Valenciana o la del Taxi en la Comunitat Valenciana, ahora se suma la Ley de Cambio Climático. Y la reforma no es baladí, ya que el Ejecutivo de Carlos Mazón plantea eliminar los impuestos 'verdes' que incluía esta normativa y que se iban a aplicará a partir del 1 de enero de 2025. Se trata de un gravamen sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica; otro sobre la emisión de gases de efecto invernadero; y uno ambiental sobre grandes establecimientos comerciales.
Así lo recoge un documento de consulta pública, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en el que se abordan modificaciones que la Conselleria de Medio Ambiente quiere incluir en la próxima Ley de Acompañamiento. Una decisión que desde el departamento de Salomé Pradas justifican en la mejora del diseño del marco fiscal "para favorecer la competitividad de la economía valenciana", según consta en la resolución.
Concretamente, el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica iba a grabar las emisiones de CO2 que produzcan aquellos vehículos de motor matriculados a partir de 2023. En segundo lugar, el que afectaba a las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades económicas concernía directamente a la industria cerámica, uno de los principales sectores económicos de la Comunitat Valenciana. Su finalidad era reducir la emisión de gases contaminantes incentivando la adopción de medidas que optimicen el desempeño medioambiental de los procesos, así como la mejora de la calidad del aire.
Y, por último, el impuesto para grandes establecimientos comerciales –a partir de 2.500 metros cuadrados–, estaba dirigido a locales con fines de ocio, hostelería o espectáculos, ya que, por su efecto de atracción al consumo, provocan un desplazamiento de vehículos.
No obstante, ninguno entrará en vigor, dado que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio propone la supresión de esta fiscalidad, incluida en el Capítulo II de la citada ley. En este sentido, defiende este departamento que la decisión pretende una reducción de la presión fiscal, "actuando en armonía con otros territorios para evitar situaciones que deriven en más cargas fiscales para los valencianos que emprenden y hacen empresa".
También alude a la necesidad de "corregir situaciones que puedan condicionar la competitividad de sectores productivos y empresariales valencianos, al refuerzo de la seguridad jurídica y al hecho de promover la iniciativa privada en la Comunitat Valenciana en momentos de crisis como el actual", según el texto anunciado en consulta pública. Por ello, plantea dejar sin efectos estos impuestos y que su supresión entre en vigor el 31 de diciembre de este año.
La ley, impulsada por Mireia Mollà en su etapa al frente de Transición Ecológica, ya causó discrepancias dentro del Gobierno de Ximo Puig. Fue el PSPV quien consiguió incluir una moratoria en el proyecto de Ley aprobado por el Consell para que los impuestos a las emisiones de CO2 entraran en vigor en 2025, pese a que la norma salió adelante en diciembre de 2022. Y es que aunque los socios de gobierno compartían objetivos, los socialistas consideraban que no era el momento de subir impuestos, ya que se estaba ante un escenario de ralentización económica propiciado por la invasión de Ucrania.
La propuesta también implica cambiar la regulación del Registro Valenciano de Iniciativas de Cambio Climático con el fin de hacerlo voluntario y, así equipararlo al conjunto de registros existentes en el resto del país, además de aclarar el articulado referido a las obligaciones que en él se establecen. "De no hacerlo, se podría dar la situación de que las empresas radicadas en la Comunitat Valenciana tuvieran que atender, en lo relativo a obligaciones sobre sus emisiones, a requisitos y criterios distintos que entraran en contraposición o conflicto según el ámbito territorial donde despliegan su actividad, lo que supondría un agravante para el tejido empresarial valenciano", insiste la resolución.
El registro establece determinadas obligaciones para las organizaciones, entidades y empresas que desarrollen total o parcialmente una actividad económica en la Comunitat Valenciana, consistentes en calcular, registrar y reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, al declarar como voluntaria la inscripción de las compañías de su reducción de emisiones, deja sin efecto las infracciones.
La norma divide las infracciones entre leves, graves y muy graves y contempla multas que van desde los 600 hasta los 2,5 millones de euros. En concreto, para las infracciones muy graves se prevén multas de entre 250.001 euros a 2.500.000 euros; la clausura definitiva o temporal de las instalaciones; la revocación de la autorización o suspensión entre 1 y 5 años; el cese definitivo o temporal de las actividades, o la inhabilitación entre 1 y 2 años.
Para las infracciones graves, se contemplan multas de entre 25.001 euros a 250.000 euros; clausura temporal de las instalaciones por un máximo de dos años; revocación de la autorización o suspensión por un máximo de un año; cese de las actividades por un máximo de tres años, o inhabilitación por un máximo de un año. En el caso de las infracciones leves, las sanciones previstas pueden oscilar entre los 600 y los 25.000 euros.
Dado que se pretende la eliminación de los tres impuestos, cuyo carácter era finalista e iba dirigido a crear un Fondo para la Transición Ecológica, también se apunta a la modificación del artículo 145, que regula la creación de este instrumento. Su objetivo era canalizar la recaudación para la ejecución de políticas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como para la inversión en investigación e innovación en nuevas tecnologías para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Por otro lado, la modificación de la norma incluye también la eliminación del Comité de personas experta en Cambio Climático de la Comunitat Valenciana y la Asamblea de la Ciudadanía Valenciana por el Clima. También, plantea la supresión de información adicional en la Certificación de Eficiencia Energética -como propuestas de mejoras para tal fin- y restricciones adicionales a nivel de eficiencia en el otorgamientos de licencias de obra.
Con todo, la Conselleria defiende que con esta reforma "se pretende una reducción de trabas y barreras innecesarias o desproporcionadas y de algunos preceptos que puedan suponer duplicidades, trabas o barreras al desarrollo sostenible de la actividad económica". Por ello, el documento deja claro que los hechos son de tal importancia que existe urgencia para que estas medidas "entren en vigor con la mayor celeridad posible". En cualquier caso, por ahora se está en una fase incipiente de consulta pública para que las personas y organizaciones potencialmente afectadas puedan presentar sus aportaciones y opiniones.
