Mónica Oltra, este viernes en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell. Foto: GVAVALÈNCIA (CP/EFE). El decreto ley de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada por la guerra en Ucrania, aprobado por el Pleno del Consell el pasado 1 de abril, aún no ha entrado en vigor. El motivo es que no se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), algo inusual porque los acuerdos de los viernes en el pleno del Gobierno valenciano se suelen publicar el lunes o martes de la semana siguiente.
El retraso es especialmente grave, ya que se calificó de "urgente" e incluía medidas para impulsar las energías renovables, ayudar económicamente a los más vulnerables y respaldar a los sectores más afectados por el aumento de costes energéticos.
La portavoz del Consell, Mónica Oltra, aseguró en la rueda de prensa posterior al pleno de este viernes desconocer el motivo concreto y dijo entender que se trata de “una cuestión puramente de procedimiento administrativo y de control de legalidad”.
”No tengo más información al respecto pero entiendo que se trata de eso. Los diferentes órganos por los que pasa una norma hasta que se publica han de mirar que se hayan incorporado las salvedades que haya dicho la Abogacía, la Intervención…”, explicó la vicepresidenta que insistió en que ese es el “itinerario” general pero que desconocía el punto en el que se encontraba el texto.
La norma aprobada el día 1, se elaboró de forma conjunta por los distintos departamentos del Ejecutivo valenciano y, según explicó Oltra en rueda de prensa el día 1, pretende facilitar nuevas instalaciones de energía fotovoltaica y eólica, para lo que se reduce a un año el tiempo de tramitación.
Además, modifica la ley de renta valenciana de inclusión, para incrementar la prestación económica destinada a sufragar los gastos de alquiler o vivienda (que pasan del 25 al 30 % de la prestación) y los referidos a los suministros energéticos básicos, que suben del 10 al 15 %.
Oltra señaló que se trata de un decreto-ley "ómnibus", que afecta a varias cuestiones y modifica diferentes leyes, como la de minas, la de control ambiental, la de fomento de la edificación, la de patrimonio cultural valenciano, la de publicidad institucional, la de saneamiento de aguas residuales o la de presupuestos.
El decreto ley, de 62 páginas, establece medidas para relanzar la creación de nuevas instalaciones de energías renovables, en especial las plantas eólicas y fotovoltaicas, para lo cual simplifica los procedimientos administrativos y elimina trabas burocráticas, con el fin de reducir el tiempo de tramitación.
Además, se establece una ocupación para implantar instalaciones de energía renovable del 3 % de la superficie del suelo no urbanizable común de cada municipio, con criterios de ponderación para incentivar que se ubiquen en suelos de menor valor agrológico.
Igualmente, se facilita la puesta en marcha de instalaciones de energía renovable que ocupen menos de 10 hectáreas y se incrementa la participación de los ayuntamientos, que podrán hacer los informes pertinentes, además de favorecer la implantación de centrales fotovoltaicas de iniciativa pública.
También se refuerza la agilización normativa para las plantas de energías renovables de menos de 10 megavatios, que ahora tendrán una tramitación de urgencia, y se incorporan cambios normativos de agilización para plantas con menor capacidad.
Asimismo, se favorece la instalación de plantas públicas de generación de energía verde en los municipios y se incorpora la posibilidad de declaración energética/estratégica para proyectos singulares que puedan ser de interés o bien económico, energético o ambiental.
El decreto contempla medidas sociales para ayudar a las familias y personas más vulnerables, como la posibilidad de incrementos del 30 % de la Renta Valenciana de Inclusión para afrontar gastos de alquiler y suministros de energías básicos, siempre que no sea reciba ninguna cuantía por el mismo concepto procedente de cualquier Administración.
En el caso de que la vivienda o el alojamiento no ocasione gasto a las personas beneficiarias ni de alquiler ni de cuota hipotecaria, se incrementará un 15 % el importe de la prestación de Renta Valenciana de Inclusión que le corresponda, y un importe mínimo de 50 euros a aquellas unidades de convivencia que tengan ingresos y no superen la cantidad máxima para cada modalidad.
Respecto a las rentas complementarias de ingresos, el incremento por estos conceptos se determinará reglamentariamente, con la voluntad de hacerlo compatible con otras ayudas que puedan recibir de otras administraciones y llegar a un aumento de la cuantía total recibida de un 30 %.
El decreto ley incluye también medidas de apoyo económico a los sectores más afectados por la crisis provocada por la guerra, como el cerámico, de forma que se agilizan los trámites en las explotaciones de arcillas industriales por el procedimiento de urgencia, siempre que el destino sea la industria del azulejo de la Comunitat Valenciana y por un periodo máximo de dos años.
Por otro lado, incluye modificaciones que afectan al plan Edificant de construcción y adecuación de infraestructuras educativas y que están relacionadas con el incremento de precios de materiales de obras, y se establece que cuando la financiación concedida resulte insuficiente para satisfacer la revisión de precios excepcional, será aumentada automáticamente con el importe necesario.
En cuanto a las acciones del Consell para el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se determina que las subvenciones podrán librarse inmediatamente, una vez concedidas, hasta el 100 %, con carácter previo a la justificación con la finalidad de agilizar el pago.
