Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Se ha hecho esperar, pero finalmente la Conselleria de Vivienda ha lanzado el que sin duda es uno de sus planes 'estrella' de esta legislatura: el concurso público para la cesión de suelo público a promotores para construir inmuebles en régimen de alquiler asequible. Así, este miércoles la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) licitaba las 17 parcelas, divididas en tres lotes, que se incluyen en la convocatoria para la construcción y gestión por parte de los agentes privados de 1.100 nuevas viviendas en la Comunitat Valenciana.
Una iniciativa muy esperada por el sector y cuya publicación se ha demorado más de lo previsto por lo novedoso de su contenido y la búsqueda del mejor encaje normativo para poder articularla. Sin embargo, este miércoles la entidad, propietaria del suelo y dependiente del departamento que dirige Héctor Illueca, abría el plazo para la presentación de ofertas para la adjudicación de los lotes para promoción, construcción y gestión de las futuras viviendas, que serán de protección pública en régimen de alquiler. El objetivo es ampliar el parque público a través de la colaboración público-privada.
Una convocatoria que va en paralelo a las ayudas que se otorgarán a los adjudicatarios para subvencionar parte de la promoción de los inmuebles. En concreto, se concederán a los agentes privados 700 euros por metro cuadrado, con un máximo de hasta 50.000 euros por vivienda. Y es que, a diferencia de la pasada edición que quedó desierta, en esta ocasión el concurso cuenta con 54 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno.
De hecho, hace solo unos días que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba la orden de estas subvenciones, que se enmarcan en un convenio suscrito el pasado mes de mayo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Arquitectura Bioclimática. Por tanto, ahora los interesados tendrán un plazo de 70 días para presentar sus propuestas tanto por parte de empresas a título individual como de forma conjunta en UTE.
El concurso implica la cesión del derecho de superficie de las parcelas públicas a los agentes privados durante un periodo de tiempo determinado para su explotación. Una vez finalizado el plazo, el inmueble será gestionado por la Administración Valenciana y pasará a formar parte del parque público. En un principio se fijó ese tiempo de gestión en 55 años, pero hace solos unas semanas Vivienda decidió flexibilizar las bases y prorrogar el contrato hasta un máximo de 75 años para garantizar "la viabilidad" de los proyectos.
Y es que el alza de los costes de la construcción y la inflación inquietaban a los promotores que pidieron una modificación de las condiciones para ajustar el pliego a la nueva realidad económica. Así, también se incluyó la revisión anual de las rentas en base al Índice de Garantía de Competitividad (IGC), un indicador de precios que mide la recuperación de competitividad frente a la zona euro. De esta forma, aunque los alquileres siguen fijados en un máximo de 7,5 euros por metro cuadrado útil al mes, el nuevo pliego recoge que se podrán actualizar anualmente en función de este índice.
En concreto, serán 17 suelos, todos ellos propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), los que se ofertarán en tres lotes por un valor total de cerca de 151 millones de euros. Se encuentran ubicados en diferentes municipios repartidos entre las provincias de Valencia y Alicante. En concreto, de esas 1.100 viviendas proyectadas, 34 unidades estarán en la ciudad de Alicante; 58 en El Campello; 512 en Sant Joan; 36 en San Vicentes del Raspeig; 122 en Gandia; 41 en Silla; y 287 en València.
El primer lote, por valor de 43 millones, incluye cinco parcelas: una de ellas en el sector de Rabasa en Alicante con una superficie para 34 inmuebles; otra en la avenida Ausias March en El Campello para 58 viviendas; y tres solares en el sector L’Alquería de Sant Joan para 69, 95 y 59 viviendas, respectivamente.
El segundo lote está formado por seis terrenos, de los que cuatro son en el sector de L'Alquería en Sant Joan para construir 68, 79, 68 y 74 inmuebles en cada uno. Los otros dos suelos se ubican en la calle Huerta de San Vicente del Raspeig y en ellos la previsión es levantar 16 y 20 pisos para alquiler asequible. Su valor estimado es de 46,7 millones.
Finalmente, el último paquete del concurso, con un presupuesto de 60,6 millones, consta de seis superficies, todas ellas situadas en la provincia de Valencia. Así, son dos parcelas en el sector de Santa Anna de Gandia en las que se podrán construir 61 pisos en cada una. Otro terreno se encuentra en la calle L’Horta de Silla para los 41 inmuebles previstos en el municipio, mientras que los dos últimos están en el sector de La Torre de València para 96, 95 y 96 viviendas en cada una.
"El plan supone un avance muy significativo en nuestro objetivo de ampliar el parque de vivienda en régimen de alquiler asequible. Movilizamos alrededor de 1.100 viviendas en los municipios con mayor demanda habitacional gracias a la colaboración público-privada.
Supone el proyecto más importante de la Generalitat para el fomento de la vivienda asequible", destaca Alejandro Aguilar, secretario autonómico de Vivienda.
Según el acuerdo entre la Generalitat y el Ministerio que dirige Raquel Sánchez, las viviendas financiadas con cargo a este programa solo podrán ser arrendadas a personas que vayan a tenerlas como su domicilio habitual y permanente. Se priorizará, además, el criterio social. Así, los arrendatarios no podrán superar en 4,5 veces el IPREM -unos 2.605 euros mensuales- y con condiciones especiales para personas con discapacidad y familias numerosas. Adicionalmente, las personas arrendatarias deberán estar inscritas en el Registro de demandantes de Vivienda de la Comunitat Valenciana.
El uso de las viviendas únicamente deberá ser residencial y destinado a vivienda de protección pública en régimen de alquiler social. Además, se exigirá un consumo de energía primaria no renovable inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.
De acuerdo con el pliego de condiciones, la planta baja del inmueble podrá ser destinada a locales comerciales. Tanto los locales comerciales como los garajes y trasteros que no queden vinculados a las viviendas podrán ser arrendados libremente en condiciones de mercado. El plazo de ejecución de las obras será como máximo de 36 meses desde la obtención de licencia de obras.
De hecho, para evitar retrasos, el Consell declaró de interés general los solares, lo que implica agilizar el proceso para la obtención de los permisos a un mes. Los inmuebles deberán estar finalizados el 30 de junio de 2026 al contar con ayudas europeos. Bruselas fija para ese año el plazo máximo para la ejecución de los fondos y así se recoge en el pliego de condiciones.
