"Actualmente estamos estudiando una revisión y mejora de la Renta Valenciana de Inclusión, por lo que nos encontramos en el momento adecuado para adoptar la gestión del Ingreso Mínimo Vital", comentan desde el Gobierno autonómico.
La gestión de la prestación dirigida a personas en situación de vulnerabilidad económica es algo que la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra –impulsora desde la Conselleria de Igualdad de otra ayuda similar, la Renta Valenciana de Inclusión– reclamó reiteradamente durante la pasada legislatura. En alguna ocasión hasta llegó a tirar de golpe de efecto realizando la petición en euskera. "Para que se me entienda", ironizó.
También dirigió dos cartas formales al entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para proponer mejoras al borrador del Real Decreto sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a la coordinación entre la ayuda autonómica y la estatal ante el riesgo de duplicidades –que hubiera personas que cobraran ambas ayudas y luego tuvieran que devolver las percibidas indebidamente–.
En el caso de la Comunitat, se da la circunstancia de que la cuantía económica de la Renta Valenciana de inclusión es muy superior a la del IMV. También funciona mejor en cuanto a plazos, aunque al inicio sufrió unos importantes retrasos que le valieron criticas a la Conselleria de Igualdad.
Uno de los asuntos pendientes que dejó Oltra fue que la Renta Valenciana de Inclusión fuera compatible con el trabajo. Desde el actual Consell es lo que se encuentran precisamente revisando. Ahora, una cesión del IMV puede mejorar la operatividad cuando son las autonomías las que mayor conocimiento directo tienen de los colectivos vulnerables.
De acuerdo con los últimos datos, la Renta Valenciana de Inclusión llega a más de 70.000 personas. Según el Ministerio, en la Comunitat hay 229.679 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.