Instalaciones de la Ciudad de la Justicia. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Capítulo tres de la historia de los refuerzos de funcionarios en el juzgado del caso Azud. Tras dos intentos de la Conselleria de Justicia de suprimirlos con la resistencia de los responsables del juzgado, y de los cuales ha venido informando Valencia Plaza, finalmente el departamento que dirige Elisa Núñez (Vox) quitará a una de las trabajadoras, pero mantendrá a otra y estudiará otro tipo de refuerzo, según ha podido saber este periódico, para evitar el colapso de la macrocausa y después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya recomendado que ningún funcionario sea movido ante la sobrecarga.
La situación que ahora parece que tendrá desenlace lleva meses arrastrándose. Justicia comenzó a comunicar a finales del pasado diciembre que no prorrogaría algunos refuerzos de funcionarios. Esto suponía su cese a fecha del día 31. La decisión venía derivada de un replanteamiento del plan de refuerzo impulsado por el anterior Gobierno del PSPV, Compromís y Unides Podem desde la Conselleria dirigida por Gabriela Bravo. La nueva responsable de Justicia consideró esa medida como un "parche" a la falta de medios en los juzgados y desde el principio ha justificado que la solución definitiva es que el Ministerio de Justicia cree plazas estructurales. Así, se acogía a la aplicación de la ley de 2021 para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Aunque en la necesidad de plazas estructurales coincide todo el mundo –incluyendo los juzgados–, el despliegue de más funcionarios sí suponía una ayuda de manera temporal. Motivo por el que el recorte generó un gran cabreo en determinados lugares. Y uno de ellos fue el juzgado de Instrucción 13 de Valencia, encargado del caso Azud, uno de los procedimientos sobre corrupción más importantes que se investigan actualmente.
La trascendencia del asunto reside en que el desarrollo de la macrocausa depende en gran medida del apoyo de las funcionarias interinas, que realizan tareas tan básicas como la organización documental, la tramitación de los escritos, de los recursos, de las diligencias de instrucción, el control de los plazos de prórroga, de las incidencias o la asistencia a las cientos de declaraciones de testigos.
Después de que la Conselleria trasladara la decisión de no prorrogar el refuerzo, el propio juzgado y la Fiscalía Anticorrupción manifestaron su malestar al departamento, como publicó este periódico. Pidieron que mantuviera a las funcionarias, puesto que sus ceses suponían que no hubiera ningún otro trabajador capaz de asumir en un corto espacio de tiempo el procedimiento. Lo cual provocaba un grave perjuicio al desarrollo de la macrocausa con un riesgo de paralización.
Justicia reculó y un día después de que trascendiera todo se dirigió al juzgado para transmitir que mantendría el refuerzo al menos unos meses más. Luego llegó un nuevo intento. En marzo, la Conselleria volvió a dirigirse al juzgado para comunicar la intención de trasladar a una funcionaria de refuerzo a otro juzgado: Instrucción 9, encargado del fatídico incendio de Campanar. Instrucción 13 volvió a transmitir su disconformidad y rechazo.
Justicia dio marcha atrás por segunda vez negando que hubiera habido comunicación oficial sobre este asunto. Así que mantuvo el refuerzo y tramitó el del juzgado del incendio aparte. Y todo volvió a quedar igual.
Pero hasta ahora. La Conselleria, que revisa semestralmente el plan de refuerzos de los juzgados, ya ha comunicado, y esta vez de manera definitiva, que retira a la funcionaria de auxilio judicial de Instrucción 13. El juzgado, como en anteriores ocasiones, ha alertado de la necesidad de apoyo para que salgan adelante tanto los procedimientos ordinarios que entran como la causa de Azud, que cuenta con más de medio centenar de investigados, innumerables tomos y en la que se están produciendo circunstancias como que todavía se encuentre una parte secreta.
A ello se añade que, en un reciente informe, el CGPJ concluyó que era imperioso que los cuatro refuerzos asignados continuaran hasta que finalizara la macrocausa debido a la complejidad en la tramitación del procedimiento.
Justicia estudia ahora alguna manera de dar solución parcial al asunto. Entre las medidas encima de la mesa se encuentra, según varias fuentes, buscar una fórmula para el mantenimiento de la funcionaria tramitadora. Una persona conocedora de la causa y cuya función resulta básica para cuestiones como el trasiego de papeleo. Adicionalmente, la Conselleria pretende crear una nueva plaza de gestor judicial o de figura que trabaje de manera transversal y supla a la de la auxiliar.
De manera paralela, Instrucción 13 se encuentra gestionando la petición de un juez de refuerzo después de que el propio Consejo General del Poder Judicial lo considere necesario. Éste debería darle un impulso definitivo a la macrocausa. La investigación se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones en varias administraciones públicas de la Comunitat. Prácticas relacionadas sobre todo con operaciones urbanísticas y que se habrían desarrollado entre los años 1999 y 2013 con el principal ámbito de actuación del Ayuntamiento de València durante la etapa en el que el PP (Rita Barberá) se encontraba al frente.
A lo largo de los últimos años se han apuntalado diversas líneas de investigación, como la presunta financiación ilegal de las campañas del PSPV, los pagos de empresas como Acciona, las presuntas 'mordidas' gestionadas por investigados como José Luis Vera o el relevante papel del abogado José María Corbín (cuñado de Barberá) y su familia.
Además, se sigue la pista del dinero que el exvicealcalde de València Alfonso Grau (uno de los principales investigados) se llevó al extranjero y hay pendientes varias comisiones rogatorias, algo que suele alargar en demasía las instrucciones judiciales al tratarse de un auxilio que se solicita a autoridades de otros países.
