Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA. A tres días de que finalice el año, al Consell ya no le queda margen temporal para poder aprobar la nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria que el gobierno central autorizó a las autonomías a convocar el pasado mes de julio mediante su decreto escoba. La fecha límite para hacerlo finalizaba el 31 de diciembre, pero el gobierno valenciano no ha aprobado ningún acuerdo en este sentido ni ha negociado con los sindicatos el número de plazas que habría que sacar en caso de validarla. Por lo que, a la postre, esto significa que en la Comunitat no se pondrán en marcha nuevos procesos de estabilización que los que ya se encuentran actualmente en fase de baremación.
Cabe recordar que el último decreto aprobado por el Gobierno central de Pedro Sánchez antes de que se celebraran las elecciones generales del 23 de julio puso deberes a los diferentes presidentes autonómicos: sacar antes de que finalizara el año una nueva OPE de estabilización como la que ya aprobaron para reducir la temporalidad de las plantillas en las administraciones públicas al 8%. La norma autorizaba a una "tasa adicional" para que convocaran procesos selectivos conforme a la disposición octava de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para "garantizar en todo el territorio el derecho de acceso a los procesos de estabilización en condiciones de igualdad".
En la exposición de motivos, el Ejecutivo central argumentaba el por qué permitiría una nueva convocatoria: había existido "desigualdad en las diferentes comunidades autónomas a la hora de convocar los procesos del concurso de méritos extraordinario" porque cuando se ejecutaron las convocatorias, todavía había procesos de estabilización anteriores que no se habían resuelto y tenían una regulación diferente a la OPE extraordinaria de 2021.
Esto derivó en que vacantes ocupadas por personas que cumplían los requisitos, no fuesen convocadas en el concurso de méritos extraordinario y, por tanto, se impidió con ello el acceso a estas plazas por la vía de la estabilización.
En el caso de la Comunitat Valenciana, tal y como publicó este diario, la Generalitat puso en marcha la OPE de estabilización con un total de 3.728 plazas, sin el aval sindical, de las cuales 2.514 plazas se cubrirían mediante un concurso de méritos y otras 1.214 por oposición. En total, se inscribieron más de 55.000 personas, una avalancha de demandas que evidenciaba el dilema de la alta tasa de temporales que tiene la Administración valenciana.
Ahora bien, el Consell puso en marcha esta OPE sin que se hubieran resuelto varias convocatorias de las oposiciones anteriores, las OPE de 2017, 2018 y 2019, que también incluían plazas de estabilización. Un hecho que tuvo otra consecuencia: que personas que se presentaron a estos procesos anteriores se inscribieran también en las mismas categorías en esta OPE extraordinaria de 2022 sin saber si habían aprobado o no en las pasadas oposiciones.
Con todo, el Gobierno de Sánchez ordenó a las autonomías convocar el "tercer y último proceso de estabilización" y obligaba a las comunidades a aprobar el número de plazas a convocar antes de que finalizara 2023, así como a resolver la Oferta Pública de Empleo un año después, antes del 31 de diciembre de 2024. Algo que la Comunitat no ha hecho a tres días de cerrar el ejercicio.
Según recogía el decreto, deberían haber salir a concurso todas las plazas vacantes de naturaleza estructural que estuvieron ocupadas el 31 de diciembre de 2021 por personal con una relación temporal anterior al 1 de enero de 2016 y que no hubieran superado un proceso de estabilización distinto del concurso de méritos.
El número en la Comunitat, no obstante, es una incógnita. Si bien, cabe recordar que UGT protestó cuando la Conselleria de Justicia y Administración Pública contempló 3.728 plazas al considerarla "totalmente insuficientes". El sindicato defendía que la Administración del Consell (función pública sin contar docentes y personal sanitario) contaba con una plantilla de 19.000 personas, de las cuales tan solo 8.800 son personal fijo. En diferentes comunicados, exponían que de las 10.200 plazas restantes, 8.300 empleados se encontraban en puestos estructurales y 6.500 ocupaban puestos vacantes.
Unos cálculos por los que, aseguraban, la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública, ahora en manos de Ruth Merino, tan solo habría ofertado el 46% de las plazas. Una tesis en base a la que reclamaban que la OPE extraordinaria se ampliara. En el ámbito de la enseñanza, además, pedían que se incluyeran 13.000 vacantes y que de ellas, 11.000 se ofertaran en el concurso de méritos y las otras 2.000 mediante oposición. La Conselleria de Educación, sin embargo, ofertó 7.079 vacantes. Y en el caso de sanidad, reclamaban también que se ampliaran las plazas de las más de 9.000 plazas (8.950 estatutarias y 221 puestos funcionariales).
