Esta semana, la Comunitat Valenciana se ha vendido en la Feria de Turismo de Londres como un territorio amable para los visitantes, que no impone tasas y que pone facilidades a los inversores. La escenificación de la firma del decreto de la eliminación de la tasa turística ha sidod la puesta en escena para poner en evidencia que pese a que en su día se aprobó por las Cortes Valencianas, y que era municipal y voluntaria, era una medida ideológica, según el nuevo Consell de Carlos Mazón.
Esa medida, unida a la bonificación casi al 100% de los Impuestos de Donaciones y Sucesiones, ha sido el estandarte del nuevo Gobierno de PP y Vox, que allí donde puede intenta marcar todas las distancias posibles con el Botànic. Es legítimo. Disponen de mayoría parlamentaria para hacerlo.
Pero esa realidad, de transmitir facilidades y amabilidad, también ideológica -que no es ideológico en esta vida- contrasta con la realidad de los alcaldes, que quizás también disponen de la mayoría parlamentaria en el pleno para adoptar esa imagen de amabilidad de su administración, pero que deben cuadrar las cuentas para el 2024, y se las deben idear ellos mismos ante un cúmulo de decisiones que les condicionan.
Es el caso de la subida de los salarios de los funcionarios, que es para todos; la subida de los costes energéticos y de combustible; el aumento del coste de las nuevas concesiones o el precio de las concesiones que suben de acuerdo con el IPC. Todo ello hay que sumarlo en las cuentas con los mismos ingresos. Por ello, algunos alcaldes han optado por aumentar el Impuesto de Bienes Inmuebles y disponer de más recursos (sin saber qué les ingresará el Estado en el próximo ejercicio). Lo han hecho de todos los colores políticos, y se han dado más ejemplos en la provincia de Alicante, que en Valencia y Castellón.
Algo parecido ha pasado con la tasa de basura, cuyos incrementos, algunos inesperados, también cunden, con un subidas de más dos dígitos. En este caso, la razón no es otra que los cambios legislativos introducidos: la la ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada por el Gobierno central el 8 de abril de 2022, y 5/2022 de la Comunidad Valenciana, aprobada por la Generalitat el 29 de noviembre de 2022.
La primera viene a decir que el coste de la recogida de basuras en cada municipio debe ser financiada íntegramente con el recibo que se gira anualmente al ciudadano/vivienda; la segunda impone una tasa a los vertederos de la Comunitat Valenciana por tonelada de residuos tratada. La consecuencia esa la comentada: muchos municipios ya son sabedores y han comenzado a subir la tasa de residuos. Lo que sucede es que esos incrementos todavía no alcanzan el 100% del servicio: es decir, que quien no ha subido esa tasa, la tendrá que hacer converger con los costes del servicio en su municipio, y quien la ha subido y todavía no cubre el 100%, lo deberá hacer antes de 2025, que es el margen de tres años que establece la legislación para equiparar gasto total y recibos.
Conclusión: los alcaldes están en la encrucijada de tener que subir los impuestos para cumplir obligaciones; mantener servicios y contribuir al orden (y al medio ambiente) de tasas que hasta ahora estaban dopadas (con aportaciones de la caja común) y que ahora tendrán que hacer pedagogía del buen reciclaje. No es un plato de buen gusto, pero...este incremento de tasas no se detiene en lo que estamos viendo ahora; las veremos en años sucesivos y de más de dígitos. Como siempre, tiene que venir la ley para que las cosas se pongan orden. Pasó con la Ley Antitabaco o el carnet por puntos. No suelen ser caprichos. El orden (y la salud) no deberían ser ideológicos; en todo caso, diría que suelen tener un precio. Y ahora son los alcaldes lo que tendrán que ponerlo.
