VALÈNCIA. La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) decidirá este jueves sobre la situación de Pedro Rocha y el resto de miembros de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol (RFEF) expedientados por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), un día antes de que pueda ser proclamado presidente.
La apertura del expediente por parte del TAD a Rocha como anterior presidente de la Comisión Gestora de la RFEF y al resto de sus miembros, por posibles infracciones muy graves, faculta a la Comisión Directiva del CSD a dictar esa suspensión provisional, según la Ley del Deporte, a expensas de que el tribunal resuelva el expediente, pero no afectaría a su proclamación.
El reglamento electoral de la RFEF y la orden ministerial que regula las elecciones federativas exigen para los candidatos a presidente "no estar inhabilitados para ocupar cargos directivos o de representación en el ámbito deportivo por resolución firme en vía administrativa, ni inhabilitad por sentencia judicial firme o por resolución definitiva de un tribunal deportivo, una federación nacional o internacional".
No obstante, como Rocha no desempeña en estos momentos ningún cargo, la suspensión no podría ser efectiva hasta que sí lo haga, algo que podría ocurrir el día 26 si la Comisión Electoral de la RFEF le confirma como presidente.
Rocha dimitió el mes pasado como presidente de la Federación Extremeña que dirigía desde 2013 para optar a la presidencia de la Española y dejó su cargo al frente de la gestora de la RFEF el día 3 de abril, cuando ésta acordó convocar elecciones.
En julio 2017, y con motivo de la apertura del caso Soule por presuntas irregularidades en la RFEF, la Comisión Directiva del CSD suspendió cautelarmente durante un año al entonces presidente, Ángel Villar, y a Juan Padrón, aunque consultó con la RFEF si este, que había sido vicepresidente económico, pertenecía algún órgano de gobierno después de las elecciones celebradas en mayo, dejando supeditado a ello su suspensión.
Pedro Rocha es el único candidato proclamado provisionalmente con 107 avales de 138 posibles, requisito que cumplió el pasado día 12, la misma fecha en la que el juzgado que investiga posibles contratos irregulares de la RFEF cambió su condición de testigo e investigado.
El recurso que se ha presentado contra su proclamación fue desestimado por el TAD, aunque aún hay plazo para recurrir esta resolución, y la Comisión Electoral validó el pasado lunes el censo y dar continuidad al proceso.
Esta decisión la adoptó tras desestimar un recurso, que no admitió en su momento y que el TAD le obligó luego a resolver, que fue presentado por Miguel Galán, presidente del Comité Nacional de Entrenadores (CENAFE), junto a David Galán y Mario Otero, porque entienden que una serie de asambleístas habrían perdido esa condición.
Desde la apertura del expediente del TAD a la gestora, el CSD y el Gobierno han mantenido que actuarán con rigor y seriedad dentro de la ley y de acuerdo al criterio del tribunal, para tomar una decisión, en contacto con la FIFA y la UEFA. Ambos organismos han demandado una solución para la RFEF, pero han mostrado su disposición a colaborar "en el mejor interés del fútbol español".
El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó hace días que "es impensable que el representante del fútbol español en la Eurocopa o los Juegos Olímpicos pudiera ser una persona investigada en una causa penal".
En caso de que Rocha sea proclamado estando suspendido de antemano, la situación podría desbloquearse si el propio Rocha, ya como presidente, convocara un nuevo proceso electoral para el ciclo 2024-2028, que sería comandado por una comisión gestora diferente.
La Comisión Directiva del CSD que decidirá mañana es un órgano colegiado, que está presidido por Rodríguez Uribes y formado por doce miembros en representación de administraciones, federaciones y personas de reconocido prestigio. Sus decisiones se adoptan por mayoría y, en caso de empate, decide el voto del presidente.
Según el CSD, para pronunciarse tendrá en cuenta el expediente del TAD, los informes de sus propios servicios jurídicos y la documentación remitida por los miembros de la gestora.
Tanto Pedro Rocha como los miembros de la gestora han discrepado del criterio del TAD para expedientarles y han anunciado impugnaciones. El primero consideró que es ajeno a toda lógica y sentido jurídico y el resto de miembros (25), entre ellos 11 presidentes de territoriales, alegaron falta de rigor y motivación jurídica.
En el caso de Rocha, las supuestas infracciones que menciona el TAD se refieren a la adjudicación del VAR y del fuera de juego semiautomático hasta la temporada 2027/2028; la renovación del seleccionador Luis de la Fuente hasta 2026 y el cese del secretario general, Andreu Camps.
También a la retirada de la demanda interpuesta por la RFEF contra LaLiga por el acuerdo con CVC; la personación de la RFEF como acusación particular en la causa judicial del Juzgado de Majadahonda que investiga presuntos contratos irregulares federativos y a la rescisión del contrato externo con GC Legal.
En el caso del resto de miembros, el TAD menciona la adjudicación del VAR y del fuera de juego semiautomático hasta la temporada 2027/2028, la renovación de Luis de la Fuente y la retirada de la demanda de la RFEF contra LaLiga por el acuerdo con CVC.
