CASTELLÓ. El encarecimiento de la electricidad ha tenido una consecuencia directa y no deseada que afecta a alrededor de medio centenar de localidades de la provincia. Una de las dos adjudicatarias del megacontrato energético de la Diputación de Castellón, Electra Energía, ha renunciado a prestar sus servicios. Con ello, estos municipios han pasado a pagar la luz al precio que marca en cada momento la tarifa regulada, lo que supone un alza sensible respecto a lo que recoge el contrato de la central de compras de la corporación provincial.
De esta manera, y a pesar de que en junio pasado la Diputación ya realizó una modificación del contrato -a propuesta de la otra adjudicataria, Iberdrola- para elevar las tarifas debido al alza del precio de la electricidad, el pasado 16 de noviembre Electra comunicó al Servicio de Contratación y Compras de la corporación supramunicipal su solicitud para "la resolución del contrato, motivado por las pérdidas económicas que está sufriendo la empresa", tal y como recoge el expediente publicado en la Plataforma de Contratación del Estado.
Esta renuncia entró en vigor el pasado 3 de enero y, desde entonces, los municipios a los que prestaba sus servicios Electra se rigen por la tarifa regulada. Todo ello ha motivado las críticas de la oposición. La portavoz adjunta del PP en la institución, Mª Ángeles Pallarés, ha reclamado a PSOE y Compromís "el esfuerzo y el trabajo que merece la provincia" y les ha recriminado "que no aporten soluciones" en el asunto.
Un punto que el diputado de Desarrollo Rural niega. Santi Pérez afirma que la institución está trabajando en un nuevo pliego que recoja a los municipios que han quedado ahora desprotegidos. Este contrato abarcará hasta el próximo mes de enero, cuando acababa el contrato anterior, que incluye además a otra cuarentena de municipios a los que suministra Iberdrola y que siguen cubiertos por la tarifa contratada. En este sentido, Pérez señala que los nuevos pliegos estarán "este mes".
El diputado provincial incide además en el ahorro que el contrato de la Central de Compras castellonense ha motivado a las localidades: "Los ayuntamientos han podido ahorrar mucho dinero en la factura eléctrica, ya que pagaban alrededor de 53 euros el megavatio cuando ha habido precios de hasta 300".
La renuncia de Electra, una pequeña compañía energética basada en Morella y con gran arraigo en la comarca, abre además una fuerte disquisición en la institución supramunicipal. Y es que, como recoge el acuerdo de la junta de gobierno de la Diputación por el que se acepta la renuncia de la firma, pese a ello esta podría tener que asumir la diferencia de precio... y esto podría provocar, directamente, su desaparición, algo que no desea nadie en el palacio de la plaza de las Aulas.
No en vano, la firma morellana da trabajo a un buen grupo de vecinos de Els Ports e incluso de alguna localidad de Teruel. Además, entre las razones para que no pueda asumir el alza de precio de la energía está que apenas produce electricidad y debe comprar la mayor parte de ella, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con la otra suministradora, Iberdrola.
Habrá que ver así cual es la mejor solución para un entuerto en el que nadie deseaba haberse encontrado y que, además, también tendrá consecuencias políticas en forma de enfrentamiento con los otros grupos. Por el momento, desde el PP ya han advertido que tienden su mano a los ayuntamientos, "que hoy buscan soluciones al limbo energético en el que PSOE y Compromís les ha abandonado, su voz es la nuestra y vamos a reclamar soluciones urgentes en la institución para que frente al desamparo y abandono haya auxilio y cobertura".