VALÈNCIA (EFE). El exdirector de la empresa pública Vaersa Felipe Espinosa se enfrenta a una petición de condena de seis años de cárcel y quince de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos que supuestamente cometió al gastar más de 105.000 euros de dinero público en gastos personales.
El tribunal del jurado juzga a partir de este lunes por tercera vez a Espinosa, que fue director de Vaersa, una empresa dependiente de la Generalitat Valenciana, entre 2007 y 2011, y que ya fue condenado por la compra irregular de una flota de todoterrenos y por el pago de sobresueldos a directivos de la firma, declarándose culpable en ambos casos.
Este juicio se iba a celebrar el pasado mes de febrero, pero fue suspendido por la baja de un testigo y un perito.
Según consta en la calificación de la fiscal, a la que ha tenido acceso EFE, el acusado disfrutaba de una tarjeta de crédito asociada a las cuentas de Vaersa, vinculada "a su cargo político y que, por tanto, debía ser empleada en relación con la actividad de Vaersa".
Esa tarjeta tenía un límite económico de hasta 6.000 euros y fue dada de alta el 17 de agosto de 2007, fecha coincidente con el contrato laboral del acusado, y estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2013.
Sin embargo, el acusado, "a sabiendas del destino que debía dar a la tarjeta, la utilizó durante varios años para fines propios y particulares, totalmente ajenos a los fines de la actividad empresarial de la entidad", siempre según la fiscal.
"Durante este tiempo el acusado realizó numerosas extracciones de efectivo desde diferentes cajeros automáticos, y que generalmente ascendían a 500 euros cada vez, constando un total de 48 operaciones de esta clase".
La gran mayoría de los gastos está asociada con restaurantes, "siendo significativos" -añade el escrito de la fiscal- los gastos en el club social de la Urbanización Alfinach, en Puçol -donde residía el acusado-, que se llevaban a cabo los fines de semana, y los gastos en comidas los viernes en el también restaurante El Molí, también en esa localidad valenciana.
Otros gastos significativos son el pago de las revisiones del vehículo de su propiedad en el concesionario Jaguar/Land Rover que alcanzaron los 6.478,56 euros y en establecimientos comerciales como El Corte Inglés, Leroy Merlin o Consum.
El Ministerio Público destaca también el gasto realizado en gasolina para vehículos particulares y no oficiales, ya que el acusado gozaba de vehículo oficial, alcanzando todos los gastos no justificados la cantidad de 105.397 euros, que ahora reclama Vaersa.
