El Gobierno aprueba los avales ICO del 20% para la entrada de la primera vivienda

"Es un convenio con el ICO que vamos a cerrar tras este acuerdo del Consejo de Ministros al que tendrán que adherirse después las entidades financieras con las que ya hemos mantenido conversaciones", ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Así, ha detallado que es una línea de avales dirigida principalmente a jóvenes de no más de 35 años y familias con menores a su cargo y con ingresos que sean de 4,5 veces el IPREM, es decir, con rentas de hasta de 37.800 euros brutos al año, que se ampliará en caso de que sea una pareja o tengan menores a su cargo.

Para acceder a ella, la titular de Vivienda ha indicado que se deberá ser una persona física, mayor de 18 años y tener residencia legal en España de manera acreditada e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. Además, no se podrá tener un patrimonio superior a los 100.000 euros.

De esta manera, el Gobierno avalará el 20% de la entrada inicial de una vivienda siempre y cuando el solicitante cumpla todos los requisitos. Rodríguez estima que se llegará al menos a unas 50.000 familias y jóvenes.

"El objetivo último que tiene el Ministerio es que para acceder a una vivienda digna ningún español tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos", ha recalcado.

Avales de hasta el 25% para viviendas eficientes y plazo de diez años

La línea de avales ICO, por tanto, cubrirá hasta el 20% del importe del crédito, salvo que la vivienda adquirida disponga de una calificación energética D o superior, en cuyo caso se podrá avalar hasta el 25% de este importe.

El plazo del aval otorgado por el Ministerio de Vivienda a la entidad financiera y gestionado por el ICO será de un máximo de 10 años desde que se formalice la operación, con independencia de la amortización del préstamo.

Se podrá destinar al alquiler por condiciones sobrevenidas

Durante este plazo, la vivienda deberá ser la residencia habitual de la persona avalada y su arrendamiento estará limitado a que concurran circunstancias que exijan el cambio de vivienda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral u obtención de un empleo más ventajoso, entre otras análogas.

Asimismo, la titular de Vivienda ha indicado que el plazo para formalizar los préstamos que se acojan a esta línea está previsto hasta 31 de diciembre de 2025, aunque Rodríguez ha indicado que se valorará la expectativa y la demanda de este instrumento, por lo que se podrá prorrogar otros dos años adicionales.

Al respecto, la ministra ha recalcado que las entidades financieras deberán adherirse a esta línea de avales con el ICO, aunque ha indicado que si no desean hacerlo, no lo harán, pero el Gobierno confía en que la mayoría sí se sumará al acuerdo.

Asimismo, ha pedido a las entidades privadas ser también "aliadas en las políticas de vivienda", para lo que ha indicado que la financiación es fundamental y se necesita de la colaboración público-privada.

Precios limitados en función del territorio

Además, se establecerá un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda, que podrá fijarse en función del ámbito territorial, pudiendo ser modificado por acuerdo de la comisión de seguimiento que se creará a tal efecto.

Con ambas medidas, la titular de Vivienda ha indicado que se conseguirá descongestionar el acceso a la vivienda en una doble vertiente: abordando el alquiler en mercados tensionados, ya que se sacará a personas del mercado del alquiler y se dejará que otras puedan adquirir esta vivienda, y también ayudará a las zonas rurales a través de la autopromoción de vivienda en estos entornos y la posterior fijación de la población en el medio rural.

Otros requisitos y excepciones

En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble el máximo acordado para un solicitante, que es de 37.800 euros brutos anuales, es decir, los ingresos de los dos adquirientes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno.

En este punto, la medida cuenta con factores de mejora en función del número de hijos y de si familia es monoparental. Así, dicho límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.

Asimismo, desde el Ministerio de Vivienda han indicado que no podrán acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda con anterioridad, independientemente de la forma de adquisición de esta.

Excepciones

No obstante, con excepción a lo anterior, sí podrán acogerse quienes cumpliendo los requisitos concurran en algunas de estas circunstancias: cuando el derecho de propiedad recaiga sobre una parte alícuota de la vivienda y esta se haya obtenido por herencia o transmisión mortis causa sin testamento o para aquellas personas que, siendo titulares de una vivienda, acrediten su no disponibilidad por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad, o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de las personas que formen parte de su unidad de convivencia.

El aval se podrá mantener dentro de los límites establecidos en el convenio siempre que sea la vivienda habitual del beneficiario, con la excepción de las circunstancias mencionadas anteriormente que puedan exigir el cambio de vivienda.

Más medidas para destensionar el mercado

Por otro lado, Rodríguez ha indicado también que, en las próximas semanas, está previsto llevar al Consejo de Ministros para su aprobación la adenda de 4.000 millones de euros de préstamos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para que promotores privados y públicos puedan construir 40.000 viviendas a precio asequible y los 2.000 millones de avales en crédito ICO.

Asimismo, ha indicado que el índice para determinar las zonas tensionadas estará listo para febrero y que se "inspirará" en el índice que estuvo en vigor en Cataluña antes de que se la ley fuera recurrida al Tribunal Constitucional.