Foto: E.PARRA/EPVALÈNCIA (EP). El Gobierno ha aprobado este miércoles, como primera medida del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, la Orden Ministerial de Hacienda y Función Pública para iniciar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, que espera que vean la luz "lo antes posible".
"Les anuncio que la primera medida que ha adoptado en este Consejo de Ministros es la aprobación de la Orden Ministerial para iniciar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo 2024", ha anunciado la nueva portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras la primera reunión del primer Consejo de Ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Esta Orden, que supone el punto de partida formal para realizar las cuentas públicas del próximo año, se publicará previsiblemente mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Sus directrices inciden en la necesidad de mantener una política económica prudente y responsable desde el punto de vista fiscal, que siga generando empleo de calidad. Todo ello con la previsión de que, para el ejercicio 2024, continúe la inestabilidad geopolítica derivada de la guerra de Ucrania agravada ahora también por el conflicto en Oriente Próximo.
Sin embargo, desde el Ejecutivo se destaca que, pese a este contexto internacional convulso, la economía española mantiene un crecimiento diferencial respecto a la UE.
La portavoz del Ejecutivo ha recordado que la propia Comisión Europea ha dado el visto bueno esta semana el plan presupuestario de 2024, remitido por el Ejecutivo en funciones el pasado mes de octubre, que incluye una previsión del déficit en el entorno del 3% para el año próximo y una ratio de deuda pública por debajo del 110% del PIB ya para 2023.
"Da un sentir positivo al trabajo que venimos realizando con esa reducción de la deuda y con esa reducción del déficit", ha destacado Alegría, tras asegurar que esto supone un "espaldarazo clave" para las cuentas del Gobierno de España.
La portavoz del Gobierno ha criticado la actitud o las posibles "zancadillas" que pueda plantear el Partido Popular en el Senado, ya que puede rechazar los objetivos de déficit y deuda que acompañan al techo de gasto.
El siguiente paso de los Presupuestos, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es la aprobación tanto el límite de gasto no financiero --techo de gasto-- como de los objetivos de estabilidad presupuestaria en Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para después remitirlo a las Cortes.
Las Cortes Generales se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno y que en esta ocasión deberán estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia. "Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento", reza la Ley.
Con el nuevo escenario político, cabe esperar que el PP se valga de su mayoría en el Senado para hacer contrapeso al Gobierno en el trámite presupuestario, rechazando los objetivos de déficit y deuda --no el techo de gasto, que no se vota--.
"Si el Partido Popular, en esa carta de presentación como principal partido de la oposición, lo que quiere es poner palos en la rueda sobre unos Presupuestos Generales del Estado, serán ellos los que lo tengan que explicar", les ha afeado Alegría.
Pero aunque PSOE y Sumar no pudieran sacar estos objetivos adelante en las Cortes, ello no bloquearía la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del próximo año, tal y como ha sucedido en otras ocasiones.
La última vez que esto ocurrió fue en 2018, cuando el PP rechazó en la Cámara Alta el techo de gasto del Gobierno de Pedro Sánchez para el año de 2019. Aquella vez, el Gobierno decidió valerse de la anterior referencia de déficit y deuda para presentar el proyecto presupuestario, que finalmente fue rechazado por el Congreso --el Senado no tiene poder para vetar el proyecto--.
Ahora, no obstante, el escenario es más incierto ya que, con las reglas fiscales europeas suspendidas desde 2020, no existen tales objetivos fijos de ejercicios pasados recientes, sino referencias orientativas.
El PSOE ya intentó en 2018 introducir una reforma legal para sortear un veto del PP en el Senado, de modo que si sólo era la Cámara Alta la que rechazaba los objetivos presupuestarios del Gobierno, valía con que volviera al Congreso para poder aprobarse el techo de gasto con una mayoría simple, es decir, con más votos a favor que en contra.
Se trataba de una enmienda a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que los socialistas querían introducir a una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
"Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a una nueva votación en el Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple", rezaba la enmienda del PSOE, que nunca se introdujo a la ley citada.
La Orden Ministerial incluye unos criterios prioritarios para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 orientados a lograr los objetivos de la política económica, social y medioambiental del Gobierno.
Se recoge también incorporación de los recursos procedentes de la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos europeos 'Next Generation EU', que permitirán seguir profundizando en la transformación energética, la digitalización, la cohesión social y territorial y la igualdad.
Entre los criterios de la Orden se incluye el objetivo de culminar el proceso de modernización del tejido productivo asociado al despliegue de estos fondos 'Next Generation'; situar a la innovación y la ciencia como ejes centrales del modelo productivo; seguir impulsando una transición ecológica justa o fomentar un sector primario moderno y sostenible.
También se recoge el refuerzo de la política de empleo y los derechos de las personas trabajadoras articulando una red básica para todas aquellas que prestan actividades profesionales, impulsando la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
Además, se pretende avanzar en un mayor bienestar para el conjunto de la ciudadanía, adoptando medidas eficaces para combatir el impacto que el encarecimiento de los alimentos y la subida de los tipos de interés están teniendo sobre la renta disponible de la ciudadanía.
Otro de los aspectos principales para el Ejecutivo también pasan por garantizar el derecho a la vivienda aumentando el parque público, reforzar el compromiso contra la violencia machista, con la educación pública y con la juventud.
Las propuestas de los centros gestores se remitirán a la Dirección General de Presupuestos antes del 11 de diciembre de 2023. El objetivo del Gobierno es poder contar con unas cuentas públicas lo antes posible que den continuidad a las políticas sociales que refuerzan a las clases medias y trabajadoras y también a los colectivos vulnerables, además de apoyar a las pymes y autónomos.
