Elena Cebrián y Julià Álvaro. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El sistema de depósito SDDR, que contempla el pago de un sobreprecio que se le devuelve al consumidor al retornar a los comercios los envases vacíos, será obligatorio en España. Así está previsto en el proyecto de Real Decreto Ley de Envases y Residuos elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica que forma parte del paquete de reformas al que se ha comprometido el Gobierno ante Bruselas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Uno de los pilares de este Real Decreto para promover el reciclaje y la reutilización y reducir el abandono de envases es el mencionado sistema de depósito SDDR, un modelo que funciona ya en varios países de la UE como Alemania, Croacia, Dinamarca o Países Bajos pero que en la Comunitat Valenciana fue descartado la pasada legislatura por el rechazo empresarial que suscitaba y tras desencadenar una de las crisis internas más profundas del primer Govern del Botànic.
Tal y como lo plantea ahora el ministerio que dirige Teresa Ribera, los consumidores tendrán que pagar a partir de ahora como mínimo diez céntimos por cada unidad de botellas de plástico de un solo uso y hasta 3 litros de capacidad y latas de bebidas como aguas, zumos, refrescos y cervezas. Ello será así mientras no se cumplan los objetivos de recogida separada de ese tipo de botellas de plástico del 70% en 2023 y del 85% en 2027 y los envasadores tendrán dos años de plazo para implantarlo.
Para ello, los productores que pongan en el mercado los envases, tanto reutilizables como reciclables, tendrán que cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final y en concepto de depósito, una cantidad fija por cada unidad de envase comercializada. Además, quedan obligados a aceptar la devolución o retorno de los envases vacíos comercializados por ellos y a devolverle al consumidor la misma cantidad cobrada en el momento de la venta.
Para ello, supermercados, pequeños comercios o gasolineras tendrán que gestionar la recogida de los envases vacíos devueltos por el consumidor, bien manualmente por parte del personal del establecimiento o a través de máquinas automáticas de retorno. La documentación técnica que acompaña al real decreto propone incluso un mínimo de máquinas que estos establecimientos estarían obligados a instalar en función de su tamaño.
El sistema previsto en el Real Decreto del Gobierno es prácticamente idéntico al que desde 2016 trató de desplegar en la Comunitat Valenciana el exsecretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat, Julià Álvaro, pero que nunca llegó a aplicarse por la presión empresarial y la división que suscitó en el propio Consell, ya que el PSPV siempre se mostró reacio a aplicarlo con la patronal a la contra.
El sistema de Julià Álvaro, con el que el del Gobierno coincide hasta en la cantidad a cobrar (10 céntimos) suscitó desde el inicio el rechazo prácticamente unánime de varias empresas y asociaciones afectadas como Asucova –Mercadona, Consum, MasyMas, Dialprix–, la asociación de grandes empresas Anged –El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski– o la confederación de empresarios del comercio de la Comunitat Cecoval.
Entre otras razones, las empresas alegaron que este sistema les complicaba la gestión y cargaba costes añadidos a consumidores y empresas a costa de reducir su competitividad. Además, adujeron el perjuicio para las empresas de envasado de aguas y refrescos, cuya actividad tiene un fuerte impacto en el empleo local.
Las organizaciones contrarias llegaron a suscribir un manifiesto en contra del SDDR dirigido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que frenase los planes del exsecretario autonómico de Medio Ambiente y exdirigente de Els Verds. Esa intensa campaña para abortar la inclusión del SDDR en la ley autonómica de residuos llevó al PSPV y a la propia exconsellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, a modular sus posturas, que evolucionaron desde la aceptación inicial hasta descartar cualquier cambio que no fuera consensuado con las empresas del sector.
De hecho, en el Debate de Política General de 2016, el PSPV y Compromís llegaron a votar juntos a favor de una proposición con la que se comprometían a instar al Consell a avanzar en la implantación del SDDR, pero la decisión de la exconsellera Cebrián de constituir una mesa de negociación encabezada por la patronal Cierval, aún a costa de desacreditar expresamente a su entonces número dos, encaminó el proyecto hacia el fracaso hasta caer definitivamente olvidado.
El Gobierno explica que el sistema de depósito de envases SDDR ya se aplica para los envases empleados para agua, bebidas refrescantes y cerveza en el ámbito Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), pero el objetivo es extenderlo también para el resto de los envases reutilizables, ya sea en el canal doméstico, el ámbito comercial o el industrial.
Para implantar el SDDR, el Ministerio de Teresa Ribera se apoya en estudios técnicos que concluyen que, con la implantación del SDDR, se cumpliría con la recogida separada neta de botellas de bebida de plástico del 90 % fijado para 2029 establecido en el artículo 9 de la Directiva UE 2019/904. Frente a ello, el actual sistema de gestión de envases para bebidas no cumple con el objetivo de recogida separada de botellas de plástico de un solo uso para el 2025 del 77 % establecido por la misma Directiva.
Además, según estos estudios, el incentivo económico en el que se basa un SDDR para que los envases sean devueltos comporta también una reducción de los residuos de envases abandonados en la vía pública y en espacios naturales.
