Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFE). El Gobierno de España discrepa de tres apartados de la ley de la Generalitat que regula la libertad educativa, por lo que se están llevando a cabo negociaciones en la comisión bilateral entre ambas Administraciones que eviten un recurso de inconstitucionalidad.
En concreto, el Gobierno central discrepa del artículo 14 de la ley aprobada el pasado 27 de junio por el PP y Vox en Les Corts Valencianes, referido a la exención de la evaluación y calificación del valenciano para el alumnado de zonas de predominio lingüístico castellano que lo soliciten.
Tampoco comparte el contenido de la disposición adicional primera, sobre la educación plurilingüe en las enseñanzas de Formación Profesional, Formación de Personas Adultas y enseñanzas de régimen especial, según el cual la Conselleria determinará los supuestos de exención de evaluación del valenciano a personas que no lo hayan cursado con anterioridad.
En tercer lugar, discrepa del contenido de la disposición adicional cuarta de esta ley, que regula situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado y permite que el funcionariado de otras comunidades que pida una comisión de servicios en la Comunitat pueda obtenerla durante cuatro años sin acreditar conocimiento del valenciano.
Según la resolución del pasado 12 de agosto y que publican este miércoles tanto el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana como el Boletín Oficial del Estado, la comisión bilateral de cooperación Administración General del Estado-Generalitat ha acordado designar un grupo de trabajo que proponga una solución a estas discrepancias.
Los recursos de inconstitucionalidad se pueden presentar en el plazo de tres meses desde la publicación de una ley, plazo que se amplía a nueve meses en el caso del Gobierno o las comunidades autónomas si se reúne la comisión bilateral para intentar un acuerdo mediante la modificación de contenidos de la norma que evite la interposición del recurso.
Por su parte, Compromís ha anunciado que 50 diputados del Congreso llevarán este miércoles al Tribunal Constitucional esta ley educativa, ya que un informe jurídico encargado por la coalición afirma que incumple 28 artículos de leyes superiores, como la Constitución, la ley educativa estatal o el Estatut d'Autonomía.
Esta ley educativa deroga la ley de Plurilingüismo de 2018 para volver al modelo de las dos líneas (valenciano y castellano), permite la exención de la evaluación y calificación del valenciano en las zonas castellanohablantes y elimina el requisito lingüístico del profesorado en enseñanzas de formación profesional y régimen especial.
Por su parte, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha asegurado estar "muy tranquilo" sobre las discrepancias manifestadas por el Gobierno sobre diversos aspectos de la denominada Ley de libertad educativa, y ha reivindicado que la norma ha pasado "todos los filtros jurídicos". Ha especificado que se trata de "pequeñas puntualizaciones" por parte de la Administración central, "nada más". "Las resolveremos sin ningún problema", ha aseverado.
Al respecto, ha subrayado que el Gobierno "solo hace una pequeña discrepancia" sobre la norma aprobada el pasado junio en Les Corts Valencianes, concretamente con el artículo 14 --que se refiere a la exención de la materia de Valenciano en la evaluación y calificación del alumnado y fomento de su estudio en zonas de predominio lingüístico castellano-- y las disposiciones adicionales primera y cuarta.
En declaraciones a los medios este miércoles antes de participar en el acto de apertura de curso de la Universidad Católica de Valencia (UCV), el conseller ha defendido que la Ley de libertad educativa fue "fruto del consenso político" en la Comunitat Valenciana y ha deslizado: "No sé si el Ministerio se la ha estudiado bien". "Autoriza a que los alumnos que viven en zonas castellanoparlantes tienen derecho a la exención desde el año 83, esa es la discrepancia", ha apuntado.
Por otra parte, en cuanto a la discrepancia con las disposiciones adicionales sobre la Educación plurilingüe en otras enseñanzas del sistema educativo y acerca de las situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado, Rovira ha indicado que desde su departamento la "estudiarán".
"El Gobierno dice que lo hagamos --la exención de cuatro años para formarse en valenciano a personas que vengan de fuera de la comunidad-- solo en casos excepcionales por temas de conciliación familiar. Y nosotros abríamos la mano a que personas docentes de otras comunidades puedan venir y darles un plazo para que se saquen su titulación de valenciano", ha especificado.
En cualquier caso, ha enmarcado estas cuestiones en "pequeñas discrepancias" del Ministerio con la Conselleria de Educación, "nada que ver con la famosa rueda de prensa de Compromís" --en la que la coalición anunció que negociaba con otras formaciones en el Congreso para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma--, y ha reivindicado que la Ley ha pasado "todos los filtros jurídicos" del Consell Jurídic Consultiu y está "aprobada por las Cortes".
