Foto: ÓSCAR CAÑAS/EPVALÈNCIA (EP). El Gobierno asegura que el bono joven de 250 euros para sufragar parte del coste del alquiler de vivienda no estará limitado por el alquiler mensual que paguen los jóvenes, y precisa que los 600 euros que mencionó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, hacen referencia a las ayudas máximas contempladas en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, según indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Hacienda.
Las mismas fuentes añadieron, además, que estas ayudas se pueden incrementar hasta los 900 euros mensuales en ciertas circunstancias concretas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que este bono joven se destinará a jóvenes de entre 18 y 35 con trabajo que no perciban un salario anual superior a los 23.725 euros, tres veces y media el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
"Va dirigido a jóvenes que estén en un dintel de salarios del Iprem vulnerable, con una ayuda mensual en torno a esos 250 euros y será objeto de desarrollo de una reglamentación posterior cuando se presente", ha expresado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este jueves en el que el Ejecutivo ha aprobado el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, donde se incluye dicho bono con una partida de 200 millones de euros.
Esta medida se dirige a jóvenes de entre 18 y 35 años a los que sus salarios "precarios", en palabras del Gobierno, no les permiten acceder al alquiler, sobre todo en zonas tensionadas y grandes ciudades. Además, Montero precisó que también se plantean elementos para que la existencia de esta ayuda "no provoque el efecto indirecto y genere un aumento de los alquileres".
El Gobierno va a destinar en los Presupuestos del próximo año 200 millones de euros a financiar este bono joven que, según Montero, servirá para mejorar la emancipación de un colectivo que, a pesar de tener trabajo, no puede acceder a la vivienda.
Además de este apoyo para los jóvenes, el Ejecutivo prepara también una Ley de Vivienda, de la que todavía se conocen pocos detalles, a la espera de que se presente el texto final. Desde el Gobierno han insistido en que se trata de un avance para convertir la vivienda en "un derecho de los ciudadanos y, sobre todo, de los jóvenes".
"No sabemos cuándo vendrá. Va a ser muy rápido, se lleva trabajando mucho tiempo, pero el Consejo de Ministros no le ha puesto fecha. Se conocen dos o tres cuestiones residuales, pero lo importante son las medidas", ha dicho Montero en la rueda de prensa.
La ministra se ha referido a la futura normativa como "una ley preciosa" y ha criticado a los que se declaran "insumisos con leyes que no conocen". Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha anunciado que llevará esta medida al Tribunal Constitucional, mientras que el alcalde de Madrid, el también 'popular' José Luis Martínez Almeida, ha comentado que no aplicará las medidas.
La negativa de Almeida, así como de cualquier otro municipio o comunidad autónoma que quiera hacerlo, será posible gracias a que la Ley de Vivienda delegará varias competencias en las autoridades locales.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha vaticinado este jueves que no habrá tantas comunidades autónomas que vayan a rechazar aplicar la Ley de Vivienda una vez haya concluido su trámite parlamentario, pese a que las regiones gobernadas por el PP hayan avanzado ya su negativa a llevar a cabo esta norma en sus territorios.
Así se ha pronunciado la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario sobre, precisamente, el rechazo frontal que han expresado las autonomías del PP al acuerdo alcanzado entre las formaciones gubernamentales --PSOE y Unidas Podemos-- para impulsar en pocas semanas la Ley de vivienda.
"No tengo yo tan claro que cuando la ley esté aprobada, los que hoy dicen que no lo aplicarán en sus comunidades autónomas vayan a ser capaces de explicar a la ciudadanía que no están dispuestas a hacerlo. Me atrevo a pronosticar que después no serán tantas", ha proclamado Rodríguez.
Y es que este antrepoyecto que, entre otras cosas, regula el precio del alquiler, ha provocado una disparidad de opiniones entre las comunidades autónomas: Las autonomías gobernadas por los 'populares' han adelantado ya su rechazo, mientras que varias CCAA del PSOE han aplaudido el acuerdo, si bien algunas de ellas, como Extremadura, ha avisado de que no tiene "zonas tensionadas".
