VALÈNCIA (EP). El Gobierno está trabajando en un nuevo Real Decreto por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad que sustituya al actual.
Según han avanzado este martes desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se trata de adaptarlo a las nuevas normas y avances sociales y tecnológicos ocurridos en este ámbito desde la aprobación del marco vigente.
Además de actualizar las políticas de empleo público para las personas con discapacidad, la norma pretende incorporar medidas que faciliten su acceso y permanencia en puestos de trabajo adaptados a sus capacidades y necesidades. El proyecto reglamentario estará en consulta desde este martes 3 de diciembre, hasta el 3 de enero de 2025.
Asimismo, según ha señalado el Ejecutivo, los principales problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa son dos. En primer lugar, la necesidad de adaptación a normativas internacionales y nacionales. Desde 2004 se han adoptado, entre otros, instrumentos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, o el Real Decreto que incrementa el cupo de reserva en los procesos selectivos y promueve la participación de estas personas en los órganos de selección.
En segundo lugar, ha indicado que "la evolución tecnológica y los cambios sociales exigen la implementación de procesos selectivos más accesibles y adaptados, así como la provisión de puestos de trabajo que consideren las necesidades específicas de estas personas, promoviendo la igualdad de oportunidades y eliminando o reduciendo las barreras físicas, tecnológicas y procedimentales". También ha anunciado que actualizará el cupo de reserva y fomentará la igualdad de oportunidades en la carrera profesional, "facilitando la promoción interna y la movilidad en condiciones de igualdad".
"Con este Real Decreto se da un paso más en la consolidación de una Administración inclusiva y representativa, atendiendo a las demandas sociales. Igualmente, se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación para mejorar las medidas adoptadas, con la participación del tercer sector y con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad", ha explicado el ministerio.