VALÈNCIA. (EP) El Gobierno quiere regularizar a los migrantes en situación irregular que se formen en sectores en los que no hay trabajadores. El Consejo de Ministros acordó ya esta semana autorizar la tramitación administrativa urgente para modificar el Reglamento de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado a Europa Press que trabaja en un borrador para reformar algunas cuestiones de la normativa de extranjería y ha recordado su compromiso de hacerlo desde el inicio de la legislatura. Dicha reforma incluiría la modificación de algunas medidas actuales y la creación de figuras nuevas.
"No es suficientemente ágil (la legislación actual) para responder a los cuellos de botella que se producen en el mercado laboral y genera procedimientos muy burocratizados y complejos", ha admitido el Ministerio, quien ha precisado que el procedimiento normativo se encuentra en fase inicial por lo que ha eludido dar más detalles.
En una rueda de prensa que ha tenido lugar este viernes, el propio ministro Escrivá, ha precisado que el texto está siendo debatido dentro de los órganos colegiados del Ejecutivo. Mientras esta sea su situación, según ha señalado, su departamento "no opina" de su contenido.
El borrador del decreto en el que trabaja el Gobierno, según ha adelantado este viernes El País, ampliará la contratación en origen a otros empleados más allá de los temporeros, permitiría que los estudiantes extranjeros trabajen y obtener papeles a los inmigrantes en situación irregular que se formen para puestos en los que se necesitan trabajadores. Organizaciones que trabajan con migrantes estiman que unas 500.000 personas extranjeras residen en España en situación irregular, aunque no existen cifras oficiales.
Uno de los pilares de la reforma es cambiar el modelo de contratación de extranjeros que aún están en origen y que permitía la captación de temporeros para campañas como la de la fresa de Lepe. El Ministerio pretende ahora ampliar está fórmula a sectores como el transporte o la construcción.
Asimismo, el decreto que prepara el gobierno prevé también cambios en los tipos de arraigo y se podría crear un nuevo tipo de arraigo condicionado a la formación laboral en sectores específicos en los que faltan trabajadores. Otra de las opciones para obtener el arraigo que podría contemplarse en la reforma es haber percibido durante un año el ingreso mínimo vital o acreditar una actividad laboral legal de al menos seis meses para los extranjeros que lleven dos años en España.
Y, con la finalidad de luchar contra la economía sumergida, se abre la posibilidad de que, si se denuncia ante las autoridades laborales un empleo irregular por parte del trabajador o de cualquier otra persona, el extranjero afectado podría obtener la regularización sin demostrar una estancia mínima en el país.
Respecto a los estudiantes internacionales, se les permitiría simultanear trabajo y estudios y se facilitaría que puedan permanecer en España cuando terminen su formación.
Los sindicatos UGT y CCOO han recordado este viernes al Gobierno que la política migratoria laboral del país es una materia de diálogo social desde que, en el año 2004, el Gobierno, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales la incluyeran en la Declaración para el Diálogo Social: competitividad, empleo estable y cohesión social.
Ambas entidades hacen este apunte al Ejecutivo después de que se haya hecho público que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja en un borrador que recoge nuevas figuras de regularización de extranjeros a través del acceso al trabajo. Entre ellas, quiere regularizar a los migrantes sin papeles que se formen en sectores en los que no hay trabajadores.
Los sindicatos han asegurar que eran conscientes de que el Reglamento y particularmente algunos de sus elementos precisaban una reforma, mucho antes de la pandemia del año 2020, y advierten de que así se había reclamado al Gobierno. "Lo que no podíamos esperar, era que el Gobierno, y particularmente el Ministerio competente, decidiera prescindir de este bagaje", han lamentado.
A través de un comunicado, han lamentado que el Ejecutivo "haya roto en los últimos meses, no solo el equilibrio y el consenso en torno a la política de migración laboral, sino también acentuado la segmentación de la misma, hasta convertirla en un traje a medida, no de los trabajadores migrantes, sino de las supuestas necesidades de determinados sectores, sin más consideraciones ni exigencias".
A su juicio, el anuncio de la reforma del reglamento, "es la última de una serie de decisiones" que, según han explicado, "tienen como objetivo atender exclusivamente intereses económicos y evitar, no ya la participación, sino incluso la opinión de las organizaciones sindicales más representativas de este país, algo que ni siquiera los anteriores Gobiernos se plantearon".
"Lamentamos que el Gobierno esté dispuesto a dinamitar el Diálogo social y la propia idea de una política migratoria laboral integral, disgregando decisiones y competencias en distintos ministerios, con el resultado, más evidente que nunca, de que hay trabajadores migrantes de primera clase y trabajadores migrantes de segunda", han denunciado UGT y CCOO.
Del mismo modo, han denunciado que esta situación lleve a pensar que hay puestos de trabajo que no se cubren porque deben mejorar sus precarias condiciones y, por otra, se asuma que estas condiciones si son aceptables para los trabajadores migrantes.
"No podemos entender que un Ministerio cuyas políticas deben construirse sobre la base del Diálogo Social, reniegue del mismo y por lo tanto de una política migratoria laboral integral de consenso, ninguneé a las organizaciones sindicales más representativas de este país, y actúe de una forma clasista con respecto a las trabajadoras y trabajadores migrantes", han concluido.