Foto: EFEVALÈNCIA. (EP) El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado el secreto por un mes de la causa abierta por el presunto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través de sus teléfonos móviles con Pegasus, y ha ofrecido a ambos personarse como perjudicados, en línea con lo solicitado por la Fiscalía.
En un auto dictado este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que la declaración del secreto tiene por objeto "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación".
"Solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento", expone.
Al mismo tiempo, el instructor ha dictado una providencia donde realiza un ofrecimiento de acciones a Sánchez y Robles para que, si así lo consideran, se personen como perjudicados.
No obstante, dado el carácter secreto que adquiere ahora la causa, solo el juez y el fiscal tendrán conocimiento de lo que se investigue durante este periodo de sigilo procesal.
En cualquier caso, Calama recuerda que el resultado de las diligencias que se practiquen durante este mes podrá ser conocido posteriormente, "evitando así cualquier merma del derecho de defensa, ya que una vez conseguida la efectividad con esta medida perseguida el levantamiento del secreto permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna".
El magistrado abrió diligencias previas el pasado martes, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras ver "meridianamente claro" que la competencia para investigarlo es de la Audiencia Nacional, por cuanto esta sede judicial tiene atribuido el conocimiento de los delitos cometidos contra "altos organismos de la nación", como el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa.
Es esa resolución aportó detalles sobre la denuncia presentada el lunes por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa realizados por el CERT el pasado 30 de abril, "se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, 'software' espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021".
Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponen de relieve que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.
En ambos casos, recogía Calama, los informes fijaban que "se produjo exfiltración de información", pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".
La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Precisamente, este último declaró el 1 de junio como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.
