El juicio del 'caso Erial' que sentará a Zaplana en el banquillo comenzará en enero de 2024

VALÈNCIA. La Audiencia de Valencia ha fijado para enero de 2024 el inicio del juicio del conocido como caso Erial, que sentará en el banquillo al exministro y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y a 18 personas más. Así lo ha decidido este viernes tras citar a las partes para establecer el calendario. 

El juicio contará con un total de 40 sesiones repartidas a lo largo de cuatro meses, hasta mayo del próximo año. Aunque, como suele ocurrir y dependiendo del desarrollo, podrá extenderse más. 

Se da la circunstancia de que este juicio se solapará en el tiempo con el relativo a la presunta financiación ilegal de campañas del PP de València, que comenzará el 23 de enero de 2024. En este se sentarán en el banquillo el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, y la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García Fuster, además de dos responsables de empresas municipales. 

Los investigadores de Erial, del que se ha encargado el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia junto a la Fiscalía Anticorrupción, han situado a Zaplana en el centro de una supuesta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.  

La Fiscalía pide para el exministro 19 años de cárcel y una multa de más de 40 millones de euros. Para su círculo de colaboradores las solicitudes de pena oscilan entre los 8 y los 14 años de prisión –como es el caso de los empresarios Vicente y José Cotino. Para el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, que también se sentará en el banquillo, Anticorrupción pide 6 años.

En el auto de procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento–, la magistrada expuso los indicios de la existencia de una organización formada por personas que se aprovecharon de los cargos políticos que ostentaban en el momento de los hechos o que habían ostentado a lo largo de varios años. "Junto con empresas existentes, aunque la mayoría creadas exprofeso, y ayudadas también por empresarios individuales, facilitaron la obtención de contratos públicos, obteniendo todas las partes beneficios económicos" que posteriormente fueron objeto de varios delitos, explicó. Los cuales enumeró en los siguientes: organización criminal, blanqueo, cohecho, prevaricación y falsedad documental. 

Para la jueza, el grupo de acusados, dirigido por el exministro, estaba formado por su círculo más cercano, ya fuera por vínculos de amistad o por las relaciones que tuvo desde su cargo público. Aquí sitúa a su considerado testaferro Joaquín Barceló; al supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau; a su exjefe de Gabinete Juan Francisco García; a la que fuera su secretaria Misuko Flerida o a la familia Cotino –incluyendo al exdirector general de la Policía Juan Cotino (fallecido en 2020)–. En todos ellos, prosigue, se apoyó para "obtener ganancias ilícitas".

"La forma planificada por Eduardo Zaplana era quedar ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente. Su nombre, si apareciera en cualquier tipo de operación, hubiera alertado inmediatamente. Por ello utilizó a sus amigos y conocidos, a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas con el fin de conseguir su colaboración", explicó la magistrada.