Foto: JESÚS HELLÍN/EPVALÈNCIA. El programa de ayudas del Consell a los jóvenes que están preparando una oposición ha sufrido, desde que nació, tropiezo tras tropiezo. La mayoría de veces ocasionados por la dificultad de los aspirantes de justificar los gastos que les suponía estar preparando una prueba selectiva de acceso a la Administración de la Generalitat. Obstáculos que, incluso, han obligado al Ejecutivo del Botànic a modificar las bases de sus propias ayudas en varias ocasiones para suavizar los requisitos.
La última pega al rebautizado como Programa 700 la ha puesto el Consell Jurídic Consultiu (CJC) precisamente a esta cuestión. En concreto, el dictamen del órgano estima que, dado que tan solo pueden ser beneficiarios de estas ayudas para opositar aquellos jóvenes que acrediten que están siendo preparados, parece "lógico" que este sea el gasto que se sufrague "ajustando la cuantía a las facturas" que presenten los interesados.
En definitiva, el CJC insta a que no se le conceda una ayuda de 700 euros a los estudiantes como si de una tarifa plana se tratase, sino que la Generalitat les abone cada mes, exactamente, el coste de las facturas que presenten de las academias donde estén preparándose la oposición.
De lo contrario, subraya el dictamen, "también se tendría que dar la posibilidad de percibir las ayudas a los que se están preparando de forma autónoma sin acudir a academias o preparadores". Un matiz que insta a la Conselleria de Justicia y Administración Pública a aclarar en la ley de forma expresa para evitar malentendidos entre los solicitantes.
El Programa 700 del Consell es un plan de becas del Consell destinado a aquellos que estén preparándose una oposición, para que puedan acceder a ellas un mayor número de personas. La idea surgió en 2019, en uno de los primeros seminarios del Gobierno del Botánico y en aquel momento se denominó Programa 500. Pero no terminó de triunfar.
En su primera convocatoria, el número total de becados estuvo muy lejos del objetivo: solo 92 personas lograron resultar beneficiarias de este plan, menos del 20% de las 500 ayudas que preveía conceder el Gobierno valenciano. La cifra aún se vio más mermada dos meses después: 36 personas de ese casi centenar perdieron la beca porque no pudieron presentar la documentación requerida en las bases para poder cobrar: las facturas de sus preparadores.
Tal y como publicó el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), esa treintena de aspirantes no pudieron aportar la declaración responsable que especificaba que estaban preparándose para estas oposiciones dirigidas al acceso a las escalas más altas del empleo público y que la convocatoria exigía como indispensable para percibir la beca. El documento debía ser firmado por el opositor y por aquellas personas que les estuvieran preparando para la convocatoria pública de empleo. Semanas después, la cantidad de beneficiarios total aún se redujo más, en siete personas, por lo que el total de beneficiarios se quedó por debajo de 50. De que de las 500 becas previstas, un total de 451 se quedaron en la caja de la Generalitat porque no se llegaron a conceder.
Fuentes consultadas por este diario explicaron en su día que muchos de estos opositores no podían justificar que tenían un preparador —la mayoría, en este caso, relacionados con el mundo del Derecho y de la Justicia— porque muchos de ellos cobran sus clases en negro. Esto impedía que sus alumnos pudieran beneficiarse de estas becas que les ayudarían a pagar los gastos que trae aparejado estar preparándose unas oposiciones: no trabajar, la inversión en material didáctico y las clases de preparación a las que muchos acuden.
Con este telón de fondo, el Consell decidió en 2020 modificar las bases que regulaban la concesión de estas ayudas para reducir los requisitos que deberían cumplir aquellos que las solicitasen. No solo reducía toda esta carga burocrática, sino que también rebajaba el nivel de renta y liberaba a los aspirantes de la obligatoriedad de presentarse al primer examen inmediatamente posterior a la convocatoria de ayudas. Aún así, las convocatorias posteriores tampoco cuajaron.
El diseño de las ayudas volvió a modificarse en septiembre de 2022. En la apertura de las jornadas 'Hacia un nuevo modelo en la función pública: desafíos e innovaciones', el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que las becas pasarían a ser de 700 euros y ampliarían el número de beneficiarios a 700: 350 para la preparación da la escala más alta en Administración de la Generalitat y la otra mitad, para Justicia. Eso sí, iría igualmente dirigido a opositores de grupo A y la intención era "atraer talento joven".
Y tres meses más tarde, volvió a modificarse el decreto para suavizar aún más los requisitos para optar a estas ayudas con el objetivo de que estas llegaran a más gente: se aumentó el margen de edad para que pudieran pedirla menores de 35 años (en la norma anterior la edad máxima era 30), y se incrementó el nivel de renta de la unidad familiar vinculado a la nota de corte.
Ahora, con el decreto nuevo en marcha, el Jurídic considera que la Generalitat tan solo debería sufragar los gastos que se justifiquen de alguna manera por parte de los estudiantes, dado que la beca se concede por esta misma razón. Y si se concede un importe superior, entonces no contempla por qué no podrían optar a ella personas que estén preparándose una oposición por su cuenta.
