Imagen de archivo. Foto: CARLOS LUJÁN/EPVALÈNCIA (EP). La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha registrado una querella interpuesta por la organización Iustitia Europa contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en relación con la gestión de la DANA, que deja un balance provisional de 214 personas fallecidas. Se trata del segundo requerimiento en este sentido que llega a los juzgados, tras el recurso de un particular que el TSJCV aceptó a trámite el pasado viernes.
Ahora, el letrado de la Administración de Justicia de la Sala ha emitido una diligencia de ordenación para pedir a los querellantes que, en el plazo de diez días, complementen el apoderamiento presentado para interponer esa querella, según ha informado el TSJCV en un comunicado.
Ello se debe a que el poder presentado es genérico y la doctrina jurisprudencial exige, conforme al artículo 277.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ese apoderamiento sea "concreto, un poder especial, en el caso de un hecho punible determinado, con indicación de las personas contra las que se dirige la querella", entre otros requisitos.
Una vez completado ese trámite, el TSJCV tendrá que dar traslado de la querella al Ministerio Fiscal para informe, antes de resolver sobre la competencia del Alto Tribunal valenciano y sobre la admisión o inadmisión a trámite de la misma.
Iustitia Europa anunció la presentación de la querella "por prevaricación omisiva, omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia grave". En el escrito acusa a Mazón de "abandono absoluto" en la gestión de la emergencia provocada por la Dana y detalla lo que considera una "cadena de fallos y omisiones flagrantes".
Además, considera que Mazón "ignoró la gravedad de la DANA y las posibilidades existentes de preparar la emergencia a través del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana (Patricova), un protocolo diseñado específicamente para actuar en catástrofes de esta magnitud".
Asimismo, considera que, pese a que las alertas de AEMET advertían de lluvias torrenciales y riesgo extremo desde el 24 de octubre, el presidente autonómico "no solicitó la intervención de la UME hasta cuando ya existían las inundaciones, ha omitido la ley de protección civil y no ha solicitado el estado de alarma y, al parecer, subestimó los riesgos en sus comparecencias públicas, dejando a la población en una situación de extrema vulnerabilidad".
