Foto: VPVALÈNCIA. Apenas han pasado 10 días desde que la Conselleria de Administración Pública que dirige Gabriela Bravo abrió el plazo para inscribirse en la Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria para reducir la temporalidad en la Administración valenciana y ya se han inscrito en ella cerca de 16.000 personas para intentar consolidar su puesto. Una avalancha de aspirantes que, por el momento, ya sextuplican el número de plazas que ha ofertado el Gobierno valenciano.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el 15 de noviembre la convocatoria de esta OPE extraordinaria. La oferta contempla un total de 2.514 plazas que se cubrirán por concurso de méritos, es decir, un proceso en el que los aspirantes no deberán presentarse a ningún examen. En su lugar solo se tendrá en cuenta la experiencia que tengan, la titulación, la formación y el conocimiento de idiomas de todo aquel que se presente. Y aunque la prueba es abierta a todo el mundo, se da por hecho que tan solo decidirán inscribirse personas que han trabajado en la Administración y que, por tanto, van a poder sumar puntuación.
El proceso está destinado, según establece la legislación estatal, para el personal interino que lleve en su puesto de trabajo en la Administración valenciana desde antes de 2016 y tiene por objeto reducir la temporalidad hasta el 8%, algo que desde el propio departamento de Bravo ya advirtieron que veían complicado alcanzar en los plazos interpuestos. De hecho, los interinos representan en la Administración valenciana el 32% de la plantilla.
Las cifras de inscritos, de hecho, ya ponen negro sobre blanco cuál es la situación actual de la Administración valenciana. Con el plazo abierto todavía para inscribirse, "en el momento actual ya hay 15.730 citas concedidas", según cifran los sindicatos, mientras el número de plazas ofertadas es seis veces menor. Unos datos aún provisionales que, además, irán en aumento en los próximos días. En definitiva, y con las cifras sobre la mesa, no todos los que se están presentando estos días van a poder consolidar.
Para presentarse a esta OPE, los interinos deben primero solicitar cita previa porque la admisión se está realizando en dos fases: la primera, en la que pedirán cita previa y en la segunda, presentarán la solicitud y justificarán los méritos que tienen dentro de la franja horaria asignada por vía electrónica.
La mesa de función pública pactó ya el baremo de esta convocatoria el pasado verano, fijando entre otros méritos que los interinos con 15 años y 8 meses trabajados para la Generalitat obtendrían la máxima puntuación posible.
En concreto, en este proceso el 60% de la nota corresponde a la experiencia: 0,32 puntos por mes trabajado en un puesto de la administración similar al que se opte, 0,11 por mes en el caso de puestos distintos, y 0,08 por mes en puestos similares de otras administraciones.
El otro 40% de la puntuación se completa con "otros méritos". Los exámenes aprobados en oposiciones a plazas similares en la última década otorgarán 4 puntos por prueba hasta 12 puntos; las titulaciones académicas exigidas o superiores supondrán 4 puntos hasta un máximo de 8; el valenciano supondrá hasta 15 puntos según el nivel; los idiomas comunitarios, hasta 4 puntos; y los cursos de formación, hasta 10. Y se seguirá el mismo orden para dirimir sobre los empates.
Además de las 2.514 plazas que el Gobierno valenciano reservó para la estabilización a través de concurso, también proyectó en el decreto 69/2022 un total de 574 plazas a consolidar a través de concurso-oposición.
Para esta fase el plazo de inscripción todavía no está abierto. La previsión de la Conselleria de Justicia y Administración Pública es convocarlas en el mes de diciembre, de manera que ambos procesos puedan haberse zanjado antes del 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, el número de candidatos se espera mucho menor al proceso en el que simplemente se presenten méritos para tratar de consolidarse.
Respecto a esta última convocatoria, además, también aún está pendiente la negociación del diseño de las mismas: la posible reducción del temario o la penalización o no de las respuestas erróneas, son algunas de las cuestiones que los sindicatos quieren negociar con la Conselleria de Administración Pública.
