Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Uno de los principales objetivos que ha centrado las políticas de la ya extinta Conselleria de Vivienda del Consell del Botànic ha sido la ampliación del parque público. Un eje prioritario sobre el que ha pivotado gran parte de la gestión del anterior equipo que lideraba Héctor Illueca. Sin embargo, a lo largo de toda la legislatura han tenido que hacer frente a un lastre que ha impedido que ese esfuerzo se haya convertido en una realidad. Se trata de los alquileres con opción a compra, una opción que ha conllevado que muchos inmuebles salieran del patrimonio inmobiliario de la Administración valenciana.
De este forma, de 2021 a 2022 el parque público que gestionaba la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), dependiente de la Conselleria, solo creció en 47 unidades, pese a que el pasado año la Generalitat incorporó unas 800 a través de los diferente mecanismos que a lo largo de esta legislatura ha ido articulando. Además, al cumplimiento de esos contratos de compraventa que debe hacer frente se suma también la demolición de edificios en condiciones de inhabitabilidad, lo que ha provocado que el balance no fuera todo lo positivo que se esperaba. En cualquier caso, de no haber adquirido nuevas viviendas, el ejercicio se hubiese cerrado en negativo.
De esta forma, la entidad que todavía dirige Rafael Montero, gestionaba en 2021 unas 14.553 viviendas, tras trasmitir a la EVha la cartera propia de la Conselleria, que como departamento también poseía activos, con el objetivo de homogeneizar y que todo el patrimonio estuviera bajo el paraguas de la entidad pública. En cambio, a cierre de 2022 eran 14.600, es decir, 47 unidades más, de las que 11.357 estaban en régimen de alquiler social, según consta en el informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales de la entidad del pasado ejercicio de 2022.
Las restantes eran inmuebles transmitidos con precio aplazado. Un problema que ha tenido que ir sorteando año tras año Vivienda. Y es que esta modalidad de alquiler con opción a compra imperó durante años en la antigua IVVSA, ahora rebautizada como EVha, que suscribió hace décadas contratos de alquiler a largo plazo con vistas a la venta, muchos de los cuales su plazo venció el pasado año y, por tanto, se tuvieron que escriturar en manos privadas saliendo del parque público.
No obstante, durante 2022 se incorporaron 802 nuevas viviendas al parque público a través de distintos mecanismos como los derecho de tanteo y retracto, la compra directa o los concursos de suelo. En concreto, la EVha sumó 38 inmuebles a través del derecho de tanteo sobre viviendas de promoción pública; otras 126 mediante resolución anticipada de contratos de viviendas trasmitidas por la Generalitat con precio aplazado; dos más por recompra, ya que aun no habían sido escrituradas; y 25 más que le vendió Criteria Caixa.
En total, estas 191 unidades adquiridas por la entidad supusieron una inversión de 3,8 millones de euros con cargo a la partida de los presupuestos de la Generalitat dedicada a la adquisición de viviendas para ampliación del parque público de la Generalitat, según consta en el informe de gestión de la empresa pública.
Asimismo, se adhirieron a la cartera de la Generalitat otras 611 unidades a través de la gestión de la Conselleria: 168 por compras a través de concurso o por adquisición directa; 405 mediante tanteo; 36 por retracto; y otras dos fueron adscripción de la Conselleria de Hacienda. De este volumen, 131 todavía no se han incorporado para alquiler social, ya que se trata de edificios en los que se deben realizar actuaciones para su finalización o rehabilitación.
Además, algunas de estas adquisiciones se encontraban ocupadas con contratos de arrendamiento vigente o otras eran familias sin título legal habilitante. En el primero de los casos, la Generalitat se ha subrogado en las escrituras de compra en la posición del arrendador. De hecho, durante el pasado ejercicio de 2022, la entidad gestionó la subrogación de 137 contratos derivados de la compra de viviendas arrendadas.
En el caso de las okupaciones, desde la EVha se debe proceder a la regularización o al desalojo en función de la normativa vigente.
A estas compras, habrá que sumar las promociones de obra nueva para alquiler que se ejecutarán en los próximos años como es la rehabilitación del edificio de 184 viviendas de la torre de Sociópolis o las 1.100 unidades del concurso de solares que se adjudicó la UTE formada por la firma de desarrollo, inversión y gestión de proyectos inmobiliarios Urbania junto a la promotora Visoren, especializada en VPO y residencias de estudiantes. También, se sumarán las tres primeras promociones de obra nueva innovadora de la antigua Conselleria basadas en criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
