El parque público de viviendas se amplía con otras 17 en Castellón tras el segundo concurso 

VALÈNCIA (EP). La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda ha adquirido otras 30 viviendas por un importe de 2.578.770,94 euros, dentro del Segundo Plan de Adquisición de Viviendas, destinado al alquiler y que permitirá ampliar el parque público de la Generalitat en 22 municipios de la Comunitat Valenciana.

Al respecto, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha señalado la importancia de seguir ampliando el parque público de la Generalitat "con todos los mecanismos a nuestro alcance para poner en pie este nuevo pilar del Estado de bienestar, y poder garantizar el derecho a la vivienda".

En este sentido ha asegurado que estas compras, como todas las efectuadas por el Gobierno del Botànic "tienen un importante alcance territorial pues se actúa en aquellas zonas con mayor necesidad de vivienda pública ".

El secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, ha explicado que la convocatoria del Segundo Concurso se lanzó en septiembre 2020, con un presupuesto de licitación de 6.240.000 euros, incluyendo gastos asociados a las adquisiciones, por la cual se adquirieron 29 viviendas en una primera fase. Así pues, al finalizar el Segundo Concurso se han adquirido un total de 59 viviendas, en 30 municipios por un importe total de 5.434.032,91 euros.

Así, se han sumado 18 viviendas más en relación con el Primer Concurso, resuelto a finales de 2019, en el que se adquirieron 41 viviendas por un importe de algo más de tres millones de euros. Por tanto, en esta ocasión se ha conseguido agotar un 90% del presupuesto de la convocatoria.

La dirección general de Vivienda y Regeneración Urbana ha formalizado las compraventas para su incorporación al patrimonio público de vivienda de la Generalitat que tiene adscrito la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), que se ocupará de su gestión, administración y adjudicación en régimen de alquiler a personas en situación de vulnerabilidad.

La directora general, Elena Azcárraga, ha detallado el resultado final del concurso: del importe total de la inversión, 1.625.680,83 euros corresponden a 17 viviendas de la provincia de Castellón, 1.109.625,00 euros a 14 viviendas en la provincia de Valencia y 2.698.727,08 a 28 viviendas en la provincia de Alicante. Situándose el valor medio de las viviendas adquiridas en torno a los 92.000 euros.

Distribución provincial

Por provincias, las 59 viviendas se encuentran ubicadas en los municipios de Peñíscola (1 vivienda), Castelló de la Plana (8), Moncofa (2), Vila-real (1), Almazora (1), Vinaroz (1), Borriana (1), Benicarló (1) y La Vall d'Uixó (1) en la provincia de Castellón.

En la de Valencia, los inmuebles se encuentran en Cullera (1 vivienda), Paterna (2), L'Alcudia (1), La Pobla Llarga (2), Algemesí (1), La Pobla de Farnals (1), Gandía (1), Oliva (1), Montroy (1), Sagunto (2) y Villanueva de Castellón (1); y en la de Alicante, en Alicante ciudad (5 viviendas), Denia (1), El Campello (1), Orihuela (1), Monovar (1), Alcoi (1), Cocentaina (1), Elche (8) y Jijona (9).

Tras la experiencia del primer concurso, en el segundo se incorporaron una serie de mejoras y de flexibilización de requisitos para alcanzar un mayor número de ofertas. Así, las viviendas podían estar localizadas en los 234 municipios en los que la Generalitat tenía constancia de mayor necesidad de vivienda pública en el momento de la convocatoria.

Como novedad, se han valorado inmuebles en construcción o que necesitaran rehabilitación o reparaciones para conseguir las condiciones de accesibilidad y habitabilidad exigidas, siempre que los propietarios se comprometieran a ejecutar a su cargo la adecuación necesaria antes de la formalización de la compraventa.

Además, se aceptaban no solo viviendas constituidas en régimen de propiedad horizontal, sino también unifamiliares (casas de pueblo) situadas en el centro urbano de municipios con población inferior a 10.000 habitantes, sin que pudieran tener en ambos casos una antigüedad superior a 50 años.

Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, las viviendas podían estar libres de cargas y gravámenes, pero también se han aceptado viviendas gravadas con hipoteca, de manera que se ha procedido a su cancelación de forma simultánea a la formalización de la compraventa.

En cuanto a los criterios de adjudicación y valoración que se han tenido en cuenta para la selección de las viviendas, estos han sido: la necesidad y la demanda existente (hasta 15 puntos); tipología y características de la vivienda (hasta 30 puntos); ubicación en el municipio (hasta 5 puntos); caracterización del ofertante (hasta 5 puntos); tasación pericial (hasta 5 puntos) y oferta económica (hasta 40 puntos).