Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, anuncia que su grupo recurrirá al Síndic de Greuges para conocer el número de multas que se han puesto con las cámaras del centro desde el 10 de enero, fecha en la que entraron en funcionamiento, tras un paro temporal y que el equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Podemos sigue sin facilitar. Carrasco recuerda que en los dos meses antes de que los comerciantes forzaran su apagado temporal, comportaron 16.400 multas y 3,2 millones de euros en sanciones. "Además, hay residentes en la zona acotada que acumularon multas por valor de más de 4.000 euros en apenas 20 días, por el simple hecho de acceder al garaje de su domicilio", señala.
"Llevamos desde febrero solicitando al equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Podemos el número de multas que se han puesto con las cámaras, a razón de 80 euros cada una, y el importe total que suponen. Pedimos transparencia ante un sistema recaudatorio polémico en la ciudad de Castellón, que ahuyenta clientes en lugar de atraerlos y persigue un afán recaudatorio. Este mismo sistema de cámaras de control de acceso al centro en Valencia ha contabilizado 40.000 sanciones en dos meses de verano y el Síndic de Greuges ha advertido que hay que revisar este sistema, porque no puede ser que los vecinos sean multados por acceder a sus propias casas, como también ocurre en Castellón", explica Carrasco.
Según el PP, este mismo mes de septiembre el Síndic de Greuges "daba un varapalo" al Ayuntamiento de Valencia por las cámaras que controlan el acceso a la Ciutat Vella. En dos meses de verano se han contabilizado 40.000 sanciones y se habrían tramitado 107.000 multas en los cinco accesos a la ‘Ciutat Vella’ controlados con cámaras de reconocimiento de matrículas. Esto supone una recaudación de 1,2 millones para las arcas municipales.
Desde el Partido Popular de Castelló "venimos reclamando el apagado definitivo de las cámaras del centro para evitar más daños al comercio y a un centro que se muere. Los bolardos que había antes ya controlaban los accesos pero sin multar. Con la inflación disparada, la cesta de la compra más cara, con el precio al alza de la luz, el gas y el combustible es momento de rebajas fiscales y no de seguir recaudando a toda costa, friendo a multas a los conductores", apunta Carrasco.
