VALÈNCIA. Con la inflación desbocada, la batalla en Les Corts en la recta final de la legislatura entre Gobierno y oposición parece que se centrará en medidas que ayuden a aliviar el impacto económico de los valencianos. Al menos, eso se desprende de las primeras iniciativas que los partidos comienzan a registrar estos días en el Parlamento a las puertas de que se celebre el Debate de Política General y se tramiten los Presupuestos de la Generalitat y la Ley de Acompañamiento a las cuentas de 2023.
Como ya adelantó este diario, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana lleva días concretando medidas dirigidas a bajar impuestos. La estrategia diseñada por la dirección nacional del partido de Alberto Núñez Feijóo pasa por ahí, por que los barones territoriales lancen políticas en este sentido. De hecho, este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció la supresión del Impuesto del Patrimonio en su autonomía en un acto celebrado en Madrid en el que estuvo arropado por el líder nacional de su partido.
Así, los populares valencianos siguen la estela marcada por Génova. En vísperas de elecciones, la idea es calar en el electorado y pelear por unos votantes que tradicionalmente han simpatizado con sus siglas. Iniciativas que, por el momento, también han motivado la reacción del president de la Generalitat, Ximo Puig, -para muchos improvisada-, que prometió una bajada de impuestos si bien todavía no se ha concretado nada al respecto. Ahora bien, más allá de esta primera reacción, las propuestas de los populares, especialmente una, apunta a generar más de un conflicto a la interna en el Botànic II.
La síndica del PPCV en Les Corts, María José Catalá, anunció este lunes que su grupo parlamentario había registrado ya una Proposición No de Ley para reclamar que las empresas familiares dejen de pagar Impuesto de Sucesiones y Donaciones: "Pedimos una cuota cero para ellas porque constituyen el 90% del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana". Para justificar su texto, alegan que los empresarios se quejan de que la valenciana es una de las autonomías "con mayor presión fiscal a la hora de transmitir a los hijos su legado, la empresa familiar". "No puede ser que seamos de las más costosas", concluyó la parlamentaria.
Lo cierto es que según los últimos datos recogidos por el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA) en los que el PPCV se apoya, existen otras autonomías donde la presión es mayor como por ejemplo Madrid. Pero los populares quieren que la Comunidad Valenciana copie el modelo de Cantabria o Navarra, donde nadie paga este tipo de impuesto.
El texto, ya volcado en una PNL pero que más adelante tomará forma como propuesta de resolución y como enmienda a la Ley de Medidas Fiscales del año que viene, se presenta como uno de los grandes dilemas para los socialistas. El propio PSPV intentó hace tres años en la negociación de la Ley de Acompañamiento de 2020 bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones para las empresas familiares sin límite de facturación. Una iniciativa con la que se daba respuesta a la promesa realizada por el president de la Generalitat, Ximo Puig, a los empresarios en plena campaña electoral de las autonómicas de abril.
En aquel momento, los socialistas se acercaron al Partido Popular que entonces lideraba Isabel Bonig para tratar de sacarlo adelante porque Compromís y Podem no estaban dispuestos a aceptar este acuerdo. Sus socios en el Gobierno tan solo llegaron a comprometerse con que bonificar al 99% a aquellas empresas con menos de 10 millones de facturación y que ya disfrutaban de la rebaja del 95% cuando tenía lugar la transmisión del negocio.
Pero este redactado tenía un problema: cumplía solo a medias las demandas de la Asociación de Empresas Familiares de Alicante (AEFA) y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), que reivindicaban que la reducción de la base imponible del 95% al 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se hiciera extensiva a cualquier empresa familiar independientemente del tamaño de facturación que tuvieran con la intención de facilitar el relevo generacional.
Un matiz que los grupos del Botànic II no contemplaron en su enmienda a la Ley de Medidas Fiscales y que los socialistas atribuyeron a un "error", pero que realmente se debía a la negativa de valencianistas y morados, contrarios a hacer más guiños a los empresarios al considerar que una empresa que facturaba 10 millones de euros ya tenía una cifra de negocio "considerable". Con todo, PSPV y PPCV trataron de hacer un apaño en una comisión previa al debate de la ley, pero el acuerdo no fructificó porque en el último momento hubo pacto botánico con algunos matices sobre el texto legal. Sin embargo, el límite de facturación seguiría vigente para las empresas con participaciones.
Una tesitura por la que la iniciativa de ahora de los populares podría atraer a los socialistas a buscar un entendimiento para tratar de ampliar las bonificaciones que pretendieron en su día. De hecho, este era uno de los temores de Compromís de cara a la negociación presupuestaria: que el PSPV pusiera sobre la mesa de nuevo rebajar el Impuesto de Sucesiones. Si lo hacían, la coalición pediría como contrapartida aprobar la tasa del azúcar.
Si bien la intención del PP ahora -y cada año- es eliminarlo por completo con una "cuota cero", lo cierto es que ambas formaciones podrían acercarse para buscar validar un texto intermedio para suprimir la limitación a las empresas familiares que existe actualmente. Un acuerdo de los dos grandes partidos que dejase fuera a los valencianistas y morados y que en el tripartito ya temen.
El texto validado en diciembre de 2019 y que entró en vigor el 1 de enero de 2020 recoge tres tipos de supuestos. En primer lugar, una bonificación del 99% en las transmisiones de "empresa individual agrícola a favor del cónyuge, descendientes, adoptados, ascendientes, adoptantes y parientes colaterales hasta el tercer grado". Eso sí, siempre y cuando el heredero mantenga el patrimonio un mínimo de cinco años. En este caso, no existirá límite de facturación.
El segundo supuesto, afectará a aquellas empresas individuales o de "negocio profesional a favor del cónyuge, descendientes, adoptados, ascendientes, adoptantes y parientes colaterales hasta el tercer grado". Es decir, a aquellas transmisiones de negocios tales como, por ejemplo, un despacho de abogados también se les aplicará una reducción del 99% a la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y los requisitos para que se aplique esta bonificación son los mismos que en el caso anterior: que el adquiriente mantenga la actividad por un periodo de, al menos, cinco años.
El tercer caso afecta a las empresas con participaciones, supuesto en el que se ha mantenido el redactado original: se bonificará el 99% siempre y cuando la entidad facture menos de 10 millones de euros al año. En caso de fallecimiento, los importes varían dependiendo de si el propietario que va a dejar el legado a sus herederos estaba jubilado de la actividad en cuestión. En el caso de haber cumplido los 65 la bonificación será del 99%, sin embargo será del 90% si éste tiene entre 60 y 64 años cumplidos, como ya ocurre en la ley actual. Una situación que se replicaría en el caso de transmisiones intervivos.