VALÈNCIA. El PPCV continúa con su estrategia política de estar inmerso en campaña electoral ante el convencimiento de que puede haber un adelanto de los comicios pese a que por el momento no hay ningún anuncio al respecto. Este miércoles presentó el detalle de su propuesta estrella en materia fiscal. Una reforma que conllevaría el ahorro de 1.530 millones de euros para los contribuyentes de la Comunitat, con la consiguiente caída de ingresos para las arcas públicas, pero que según sus cálculos supondría un "impacto neutro" al aumentar el empleo y haber más gente pagando menor cantidad de impuestos.
Las grandes cifras de su planteamiento son: el incremento de un 1,5% del PIB autonómico, la creación de 70.000 nuevos puestos de trabajo, la reducción del déficit de la Generalitat en 0,2 puntos o la rebaja de la presión fiscal un 15,9%, con lo que "el 80% de los valencianos tendrá la menor carga fiscal de España".
La reforma fue presentada por el presidente de los populares valencianos, Carlos Mazón; su 'número dos', María José Catalá; y los diputados autonómicos Rubén Ibáñez y José Antonio Rovira. De su elaboración, según el partido, se han encargado colaboradores de los departamentos de Economía Aplicada de la Universidad Miguel Hernández y de la Universidad de Alicante, además de inspectores de Hacienda y despachos fiscalistas.
La apuesta por la bajada de impuestos si gobiernan entra a competir con la de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y afecta a cuatro tributos principales: el IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD).
En el IRPF se produciría una bajada para todos los contribuyentes sin excepción en función de su capacidad económica, además de una simplificación de los tramos. Según aseguraron los populares, nadie pagará más del 50% de su renta. Como anunciaron la semana pasada, se aumentaría el mínimo personal y familiar –la parte del salario neto base que no se somete a tributación– hasta el 10% (el máximo legal) para las rentas inferiores a 50.000 euros.
De este modo, con la suma del tipo estatal y el autonómico, el IRPF máximo bajaría hasta el 49% para las rentas altas –ahora se sitúa en el 54%, el más alto de España– y el mínimo pasaría del 19,5% al 18,5% para las rentas bajas. Una medida con la que las rentas más bajas pagarían menos que en Madrid y las más altas más que en la capital. El ahorro total sería de 800 millones de euros.
Las cuotas tributarias se establecerían según renta, edad, hijos o situación laboral. Por ejemplo, las familias con algún miembro con diversidad funcional de más del 33% pasaría de 3.000 euros a 3.300 euros y si es de más del 65% pasará de 9.000 a 9.900 euros. En el caso de las personas mayores, con más de 65 años pasaría de 6.700 a 7.370 y con más de 75 años pasará de 8.100 a 8910 euros.
El PPCV aboga por la eliminación del impuesto sobre el Patrimonio, ya que la Comunitat Valenciana es la tercera donde más se paga con una "doble imposición", apuntaron. Así, recordaron que "fue eliminado en 2008 por Zapatero por injusto, aunque recuperado en 2011 por la crisis". Lo que la administración dejaría de ingresar con ello serían 150 millones anuales.
En Sucesiones y Donaciones defendieron las bonificaciones para que prácticamente desaparezca. La que se aplicaría en hijos menores de 21 años sería del 99%, la de mayores de 21 también del 99% y la de hermanos y sobrinos pasaría del 0% actual al 50%. El ahorro sería de 240 millones de euros.
La reforma contempla igualmente reducir el tipo actual del 10% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en bienes inmuebles al 6% para inmuebles menores de 250.000 euros, al 8% para los de hasta 600.000 y el 9% para los superiores a 600.000 euros. Los bienes muebles pasarían de un tipo general del 6% actual a un 4%.
A ello se suma que en el caso de la vivienda habitual habría un tipo superreducido del 3% para dos situaciones: viviendas de hasta 150.000 euros para menores de 35 años y de hasta 180.000 para familias numerosas y personas con discapacidad; y compraventa de viviendas en municipios pequeños con riesgo de despoblación. Con estas bajadas se dejarían de ingresar 220 millones de euros.
Por último, en Actos Jurídicos Documentados el tipo general pasaría del 1,5% al 1% y el tipo de las hipotecas –el cual se aplica a los bancos– del 2% al 1%, con un ahorro de 120 millones de euros.