María José Catalá y Carlos Mazón la noche electoral. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Las elecciones autonómicas de este domingo 28 de mayo dieron un giro de 180º al tablero político en la Comunitat Valenciana: el tripartito perdió la Generalitat y el PP de Carlos Mazón podrá gobernar con el apoyo de Vox, que obtuvo 13 diputados y se convirtió en la cuarta fuerza más votada en esta cita en las urnas. El bloque de derechas, además, pasa ahora a contar con una mayoría parlamentaria (suman 52 diputados) para desarrollar su programa de gobierno.
Un escenario que se traducirá en multitud de cambios en el medio plazo: desde nueva cifra y nombre de consellerias, hasta el impulso de iniciativas legislativas para revertir reformas aprobadas por el Botànic o cerrar cuestiones que se quedaron pendientes antes de que se disolviera el Parlamento. Entre ellas, la renovación de los órganos estatutarios.
Con el fin de la X legislatura, un total de cinco entes que se quedaron en funciones: la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia, el Consell Valencià de Cultura y el Consell d'Universitats. Algunos de estos órganos resultan clave para el correcto funcionamiento de la administración valenciana, pero los partidos estuvieron meses –en algunos casos, años– sin ser capaces de desbloquearlos.
Las negociaciones para renovar a sus integrantes quedaron bloqueadas por la falta de acuerdo entre el Partido Popular y el tripartito a la hora de establecer el reparto de nombramientos del Consell Jurídic Consultiu (CJC). En el resto, a priori, había acuerdo.
Más allá de que comenzara a discutirse sobre el tema en la recta final del mandato -lo que dejó poco margen de maniobra para llegar a consensos-, el dilema era el siguiente: con la nueva ley, el Consell debía proponer a dos de los seis miembros del CJC, por lo que los otros cuatro deberían designarlos Les Corts Valencianes. Sobre estos cuatro candidatos, la propuesta era que el PP, Podem, Compromís y Ciudadanos elevaran cada uno un nombre. El PSPV se encargaría de nombrar a los del Consell (designaron a Javier de Lucas y Fernanda Laprestas en marzo).
Sin embargo, según los populares, el diseño inicial era que PP, Podem y Ciudadanos propusieran candidatos y, además, se reservara el cuarto para un candidato de consenso entre el bloque de izquierdas y derechas, y no para Compromís, que podría designar a su aspirante desde el Consell. Una versión que desmentían desde el tripartito.
Tras semanas de desencuentros, no hubo manera de que los partidos lograran entenderse. El Botànic acusó al Partido Popular de estar replicando en la autonomía el bloqueo que a nivel estatal se estaba produciendo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y buscaba con ello posponer la renovación de los nombramientos más allá del 28 de mayo por si las urnas les otorgaban una mayor representación y, por tanto, disponer de una posición de fuerza de cara a una futura negociación. Algo que, finalmente, ha ocurrido.
Con el resultado de este domingo sobre la mesa, el Partido Popular ha duplicado el número de escaños en el Parlamento valenciano (pasó de 19 a 40). Un viento a favor por el que la formación de la gaviota pasaría a tener ahora un mayor número de nombramientos que acometer. Incluso, se da por hecho que tratarán de arrogarse la designación del Síndic Major de Comptes, la Presidencia del Consell Jurídic Consultiu o el del Consejo de Transparencia. Hasta hace meses, candidaturas que se había acordado que recayeran en Compromís, PSPV y Unides Podem, respectivamente.
Sin embargo, las mayorías requeridas para sacar los nombres adelante no se lo permitirían porque en la mayoría de ellos son necesarias tres quintas partes del parlamento (60 votos) y los populares suman 52 con Vox. Es decir, que necesitarían consensuar o repartir con el PSPV o Compromís para lograr su apoyo.
Ahora bien, este no será el único cambio en cuanto al reparto en la renovación. También ahora, Vox, si facilita un gobierno del PP o participara en el futuro Consell, resulta obvio que defenderá su espacio para poder designar candidatos. Más aún teniendo en cuenta que en la legislatura pasada el partido de extrema derecha quedó excluido de la Mesa de Les Corts y de las negociaciones de este tipo.
El método que se había seguido a lo largo de las últimas legislaturas a la hora de abordar las renovaciones atendía a un reparto proporcional a la representación obtenida por cada partido. Excepto Vox, que no entró en ninguna de las negociaciones. Si se mantuviera esta fórmula, aunque los populares no ostentaran la presidencia de todos los órganos en funciones (si bien todo apunta a que sería la pretensión inicial del PPCV), sí que verá aumentado el número de candidatos a designar en cada uno de ellos.
