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Rubén Ibáñez y José Antonio Rovira han registrado la petición

El PP pide la comparecencia de la directora general de Presupuestos en Les Corts 

Foto: EVA MÁÑEZ
6/11/2021 - 

VALÈNCIA. El PP ha solicitado la comparecencia en la comisión de Economía de Les Corts Valencianes de la directora general de Presupuestos, Eva Martínez. Los diputados Rubén Ibáñez y José Antonio Rovira han registrado la petición con el objetivo de que detalle "determinados términos y cuestiones" acordados en la comisión política de negociación de las cuentas en la cual ella ha participado. 

Martínez es la persona encargada de coordinar habitualmente todo lo relacionado con los presupuestos desde la Conselleria de Hacienda. El departamento que dirige Vicent Soler ha tenido, sin embargo, un papel diferente este año. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, accedió a una de las ya tradicionales exigencias de la vicepresidenta, Mónica Oltra, como era que las cuentas se negociaran de manera global. 

Motivo por el que se constituyó una comisión, conformada por dos representantes de PSPV, Compromís y Unides Podem, que desde septiembre se ha dedicado a debatir los términos políticos de las cuentas –sin entrar al detalle de cada partida, sino en su conjunto– por encima de Hacienda. El papel de Martínez, como una de las mayores conocedoras del presupuesto, era el de aterrizarlo a la realidad. 

Ingresos ficticios 

La aprobación, sin embargo, ha contado con novedades y sorpresas. Para empezar, la negociación se llevó hasta el último minuto, de manera que el pacto entre las formaciones del Botànic llegó 'in extremis', casi cuando vencía del plazo legal. Lo que supuso que, por primera vez, éste no se cumpliera debido a que la traducción a los números costaba de hacer. 

Pero si por algo destacan las cuentas de 2022 es por incluir mil millones más de ingresos ficticios que se suman a la partida reivindicativa de 1.336 millones que el Consell presupuesta año tras año para compensar la infrafinanciación autonómica hasta que se reforme el sistema. Es decir, al menos 2.336 millones en ingresos ficticios que no están respaldados con transferencias reales del Estado (el 8,3% del presupuesto autonómico)

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