La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aún no ha remitido el informe que servirá, entre otras cosas, para establecer si la cantidad recibida se debe investigar como un delito de fraude o como una falta administrativa
VALÈNCIA. El Partido Popular ha pedido una nueva ampliación del tiempo de la instrucción del caso que estudia las ayudas que recibieron las empresas de Francis Puig, hermano del president de la Generalirat Ximo Puig, y los Adell Bover y que acaba el próximo 29 de enero.
Uno de los aspectos que queda por hacer es que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil presente un informe en el que, entre otras cuestiones, debe determinarse el montante de las ayudas en cuestión, para ver si corresponde investigarlas como una cuestión administrativa o como un delito de fraude.
El pasado mes de julio fue la Fiscalía Anticorrupción la que solicitó una primera prórroga de seis meses unos días antes de que se alcanzara el plazo inicial de un año. El titular del Juzgado 4 de Valencia aceptó la petición habida cuenta de la complejidad del caso y de la marcha de la investigación y se estableció esa nueva fecha. Ahora se espera que el ministerio fiscal se una a la petición del PP, que es parte en la causa.
El pasado mes de septiembre la Guardia Civil solicitó al juzgado poder ampliar un año hacia atrás, hasta 2014, la documentación de las mercantiles Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports, propiedad de Francis Puig. Hasta ese momento habían tenido acceso a lo asientos desde enero de 2015 hasta julio de 2019, algo que también hizo con las empresas de sus socios.
La Guardia Civil estudia los datos presentados por las empresas para aspirar a subvenciones públicas por parte de la Generalitat Valenciana, la de Cataluña y el Gobierno de Aragón. El objetivo es comprobar los gastos efectuados por estas empresas y si se corresponden a las subvenciones otorgadas o, si por el contrario, fueron simulados para obtenerlas.