Núñez Feijóo, este martes, presentando el programa. Foto: FERNANDO SÁNCHEZ/EPMADRID (EP/VP). El Partido Popular se compromete en su programa electoral para las elecciones de 23J a impulsar una reforma del sistema de financiación autonómica que "sustituya al vigente desde hace 15 años" que, según añade, negociará "con todas las Comunidades Autónomas, buscando los consensos necesarios para su aprobación".
"La reforma partirá de la suficiencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas, buscando un reparto equitativo de los recursos, preservará la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas y reforzará su responsabilidad financiera", explica el texto del programa, que añade que "se analizarán otros elementos que afecten a las finanzas autonómicas, como la eliminación ordenada del FLA, la revisión del fondo de compensación interterritorial y el encaje con la financiación local".
Asimismo, los populares avanzan que promoverán una reforma del sistema de financiación local en coordinación con el nuevo modelo de financiación autonómica, que garantice los principios de suficiencia financiera, equidad y de igualdad en relación con el acceso de los ciudadanos a los servicios que gestionan las administraciones
locales.
El programa fue presentado este martes por el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en un acto celebrado en Madrid.
Otra de sus promesas es una nueva Ley de Secretos Oficiales e Información Clasificada que "garantice la protección de los intereses nacionales de una forma
eficaz, adaptada a las nuevas tecnologías y a los avances en el tratamiento de la información".
En mayo del año pasado, al hilo del espionaje del llamado caso Pegasus, Pedro Sánchez anunció en el Congreso una nueva ley de Secretos Oficiales que sustituiría a la vigente del año 1968. Esa norma, se quedó en fase de anteproyecto y no llegó a ser remitida al Congreso de los Diputados.
En agosto de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la que estaba llamada a ser la nueva Ley de Información Clasificada. Sin embargo, nunca llegó a aprobar un proyecto de ley. Desde el inicio de la legislatura sí que había en el Congreso una propuesta del PNV para reformar la ley de 1968, un texto que se llegó a tomar en consideración pero nunca se cerró el plazo para la presentación de enmiendas parciales.
Ahora, Feijóo promete en su programa una Ley en materia de Secretos Oficiales e Información Clasificada que "garantice la protección de los intereses nacionales de una forma eficaz, adaptada a las nuevas tecnologías y a los avances en el tratamiento de la información".
Después de la polémica por las listas de Bildu en las pasadas elecciones del 28 de mayo, el PP plantea modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) "para impedir que quienes hayan sido condenados por terrorismo puedan ser elegibles sin acreditar arrepentimiento, perdón y resarcimiento a las víctimas y colaboración con la Justicia y a quienes se encuentren en situación de busca y captura".
Además, el PP utilizará "todos los medios que pone a disposición de la justicia el Estado de Derecho para investigar los 379 crímenes de ETA aún sin resolver", al tiempo que "garantizará la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo". También plantea modificar el delito de homenaje y exaltación de los terroristas o sus organizaciones a fin de impedir actos de humillación a las víctimas.
También defiende garantizar que los beneficios penitenciarios a los que pudieran acceder los condenados por terrorismo vayan siempre ligados a su colaboración en el esclarecimiento de todos aquellos atentados de los que tengan conocimiento.
Como ha prometido Feijóo estos meses, el programa del PP incluye recuperar el delito de sedición en el Código Penal, "mejorando y actualizando su tipificación, para castigar las formas más graves de deslealtad constitucional"; y "recuperar la malversación en su formulación anterior a la reforma de 2022, adecuando su definición y penas a los estándares europeos".
Además, se compromete a abordar "una profunda revisión del Código Penal para mejorar la regulación de los tipos, la proporcionalidad de las penas y adecuarlo a la realidad social, tras las defectuosas reformas parciales acometidas en la última legislatura, como la ley de garantía integral de la libertad sexual (conocida como ley del solo sí es sí)".
En su programa, los populares también se comprometen a garantizar que los presidentes, directores y responsables de organismos independientes del estado (Airef, INE, CIS, Tribunal de Cuentas) no hayan ocupado puestos políticos como cargo electo, miembro del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas o cargo orgánico en un partido político u organización sindical o empresarial en los últimos cinco años.
Asismismo, defienden establecer un régimen de información institucionalizado y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. También apuestan por fortalecer la Ley del Consejo de Estado para potenciar su papel como máximo órgano consultivo, garantizando su intervención asesora; y por promover las actuaciones necesarias "para asegurar la independencia y la objetividad en los medios de comunicación públicos".
El PP lleva también a su programa su promesa de derogar la Ley de Memoria Democrática e impulsar "una nueva norma consensuada que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición, así como la convivencia democrática de una sociedad, la española, que aspira a la justicia y al reconocimiento de la verdad".
El PP promete limitar el uso del real decreto ley, asumiendo la voluntad de no incorporar al mismo medidas que no van a entrar en vigor de forma inmediata y justificando siempre debidamente su urgente y extraordinaria necesidad.
Además, propone crear una Oficina de Calidad Legislativa y una reforma de la Ley del Gobierno, con el fin de mejorar la planificación y tramitación normativa, así como la rendición de cuentas ante el Congreso. De forma concreta, señala que el ministro de la Presidencia informará sobre el plan anual normativo compareciendo en la Comisión Constitucional.
El PP aboga por modificar los Reglamentos de las Cortes Generales a efectos de "excluir expresa y claramente la posibilidad de introducir enmiendas 'intrusas', como ha señalado recientemente el Tribunal Constitucional.
También se procederá a una regulación de los lobbies y huella legislativa, es decir, una ficha pública para cada proyecto o proposición de ley en la que se señale quién intermedió o negoció durante el proceso, quien enmendó y quien votó, dejando constancia real de los procesos de influencia sobre cada texto legislativo.
Además, el Partido Popular promete en su documento electoral utilizar "de forma responsable y no partidista los medios públicos a disposición de las autoridades en sus desplazamientos, garantizando la transparencia en su uso".
También propone regular el Debate sobre el estado de la Nación, "garantizando su periodicidad y facilitando el seguimiento de sus resoluciones"; platea que el traspaso de poderes cuente "con la mejor y más precisa información sobre el estado real de las cuentas públicas, la acción de cada área y los asuntos pendientes de la misma".
