Vicent Marzà y Gabriela Bravo, en una imagen de archivo en Les Corts. Foto: EFEAmbas formaciones comparecen en mitad del debate dentro del hemiciclo sobre las enmiendas a la totalidad de la ley de Concordia para anunciar parcialmente su plan de trabajo de, inicialmente, 18 meses
VALÈNCIA. El PP y Vox han presentado este miércoles su plan de trabajo de la comisión de investigación sobre las irregularidades cometidas en el sector público instrumental de la Generalitat entre 2016 y 2023, años que coinciden con la gestión de los Gobiernos del Botànic. La comisión tendrá una duración inicial de 18 meses hasta enero de 2025 –con dos sesiones por mes–, pero podrá extenderse otros 18 meses más.
Entre los comparecientes propuestos por la derecha se encuentran, por el momento, la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo; el exconseller de Educación Vicent Marzà; el exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias José María Ángel; o el exsecretario autonómico de Empleo Enric Nomdedéu.
Miguel Barrachina y José María Llanos, portavoces del PP y de Vox respectivamente, han anunciado este plan de trabajo –eso sí, parcial– en los pasillos de Les Corts mientras en el hemiciclo se celebraba el debate sobre las enmiendas a la totalidad de la ley de Concordia impulsada por la derecha. Una norma muy criticada por el PSPV y Compromís al considerar que acaba con la Memoria Histórica.
Barrachina y Llanos han negado, lógicamente, que fuera a propósito el momento de la jornada elegido y han explicado que los tiempos "han venido así" porque era cuando ninguno de los tenía punto del día que defender.
En cuanto a la comisión de investigación, han explicado que se basa en las irregularidades detectadas en varios informes de fiscalización, como los de la Sindicatura de Comptes, la Intervención o la AIReF. En ellos, han comentado, se habla de 50 entes públicos con las citadas irregularidades. Su objetivo, han señalado, es evitar el "derroche de gasto público".
Por este motivo, han decidido llamar a algo más de 40 comparecientes, entre ellos altos cargos responsables del sector público, "no de las Consellerias". Así, Bravo o Marzà eran los encargados de organismos de Emergencias o culturales, como el Consorci de Museus o el IVAM.
Por el momento, el PP y Vox no llamarán al expresidente de la Generalitat Ximo Puig, pese a que en su momento afirmaron que era quien "lo sabía todo". Aun así, no descartan hacerlo en un futuro porque, recuerdan, el plan de trabajo está "abierto".
La teoría en el PSPV es que la intención de poder volver a extender la comisión otros 18 meses es llegar a la campaña electoral de las autonómicas, momento en el que la derecha citará a más cargos socialistas y de Compromís. Entre ellos, tal vez, Puig.
El PSPV, por su parte, ha contrarrestado con su propuesta, basada en que se investigue el sector público anterior a 2015 (cuando estaba el PP en la Generalitat). Así, piden que comparezcan, entre muchos otros, los exconsellers populares Vicente Rambla, Gerardo Camps o Juan Carlos Moragues Ferrer, además de Ignacio Pérez López, quien era en ese momento viceinterventor General de Control Financiero y Auditorías, o Vicent Cucarella, Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana.
Los socialistas se plantean incluso llamar al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por la gestión de las ITV, que también formaban parte del sector público. Ninguno de esos nombres saldrá adelante porque no serán aprobados por la derecha.
Tanto el PSPV como Compromís han calificado la comisión de "circo", si bien cabe recordar que llegó a ser un mecanismo muy utilizado por la izquierda, especialmente en su primera legislatura –cuando Podem entró en Les Corts– para hacer desfilar a todos los cargos del PP investigados o salpicados en sumarios y causas de corrupción.
A modo de ejemplo, las conclusiones de la comisión de Feria Valencia ni siquiera llegaron a ser aprobadas en pleno en 2019 y en las de la comisión de Ciegsa el tripartito no cuantificó el "pufo" después de asegurar que hubo un agujero de mil millones de euros.
