Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El pleno del Consell aprobó este lunes en un pleno extraordinario los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2023. Las octavas cuentas del Gobierno del Botànic que componen PSPV, Compromís y Unides Podem que, por primera vez, sitúan el presupuesto de À Punt dentro del límite legal que marca la ley de creación de la radiotelevisión pública.
La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació contará el año que viene con 83 millones de euros, de los cuales 71 irán destinados a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), el ente que gestiona À Punt y en el que se inscribe el grueso de la plantilla.
De acuerdo con la ley del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión, las compensaciones para el cumplimiento de las obligaciones del ente se consignarán en las cuentas de la Generalitat de acuerdo con el contrato programa y nunca podrán ser de un importe inferior al 0,3% ni superior al 0,6% de la cifra global.
El presupuesto no financiero del Gobierno autonómico del próximo año (es decir, para gasto) es de 22.116 millones de euros. De esta manera, los 71 millones que recibirá la Societat del Consell representa el 0,32% y, si se tiene en cuenta a la Corporació, el porcentaje aumenta hasta el 0,37%. En ambos casos, se alcanza el mínimo legal que desde que se puso en marcha À Punt no se había cumplido a la primera.
De hecho, ha habido años en los que ha sido necesario hacer modificaciones presupuestarias a través de la fase de enmiendas en el tramite parlamentario para aumentar los fondos y que estos se situaran dentro de la legalidad. El año pasado, sin ir más lejos, el presupuesto de la CVMC bajó un 1,65% hasta los 66,9 millones de euros, lo que representaba el 0,28% del presupuesto no financiero de la Generalitat -sin deuda-.
Para resolver aquel lío, PSPV, Compromís y Unides Podem pactaron vía enmienda destinar 12 millones de euros adicionales a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) en forma de transferencia. Unos fondos que se detrajeron del Consorcio Copa América 2007. Es decir, del previsto para la deuda de La Marina de València.
Otros años, los fondos de la cadena también se situaron por debajo del límite legal. Sin embargo, dado que la ley de creación de la Corporació no definía si el cálculo de la horquilla del presupuesto debía hacerse sobre el presupuesto financiero o el no financiero de la Generalitat, el Consell acabó dándole el visto bueno a las cuentas sin destinar más dinero al servicio público.
De hecho, huelga recordar que una de las principales reivindicaciones en su día de la exdirectora general, Empar Marco, fue que se aumentara el dinero destinado a la radiotelevisión pública valenciana. En su día, Compromís tuvo intención de enmendar el presupuesto de la Generalitat para dar respuesta a la petición de Marco. Sin embargo, el desacuerdo del PSPV con aumentar el presupuesto de À Punt hizo que esta enmienda no prosperara y no llegara a presentarse siquiera.
Ahora bien, uno de los principales problemas en aquel momento radicaba en que si el Consell no cedía y aumentaba los fondos de la Corporació, los gastos de personal de À Punt infringían la ley, dado que representaban más de un tercio del total del presupuesto y esto era algo que impedía la normativa, por lo que la sombra del ajuste de personal sobrevoló la entidad durante unos meses. Para resolverlo, el Botànic pactó una moratoria a este artículo de la ley en lugar de subirle la financiación a la cadena.
El momento más visto fue la bajada de la Senyera con un 20,4% de cuota de pantalla, donde À Punt lideró la audiencia por delante del resto de cadenas.
