El tripartito retrasa por primera vez la ley de Acompañamiento por priorizar su reforma fiscal 

VALÈNCIA. Los Presupuestos son aprobados año tras año por el Gobierno valenciano por estas fechas junto a la llamada ley de Acompañamiento. Aquella norma que regula las medidas fiscales, la gestión administrativa y financiera y la organización de la Generalitat y sin la cual las cuentas no pueden salir adelante. Por primera vez, no ha ocurrido así. La ley de Acompañamiento no ha tenido todavía la luz verde definitiva del Ejecutivo autonómico, lo que supone un retraso muy poco común. 

El motivo oficial, expuesto por el conseller de Hacienda, Arcadi España, ayer lunes, es que aún están esperando a recibir los informes del Consell Jurídic Consultiu y del Comité Económico y Social, necesarios para la aprobación. Pero fuentes del Gobierno valenciano admiten a que todo se trata de un retraso en los tiempos provocado por el hecho de que la prioridad ha sido la reforma fiscal auspiciada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El jefe del Consell anunció el pasado septiembre, durante el Debate de Política General, una bajada de impuestos para las rentas medias y bajas, lo que provocó cierto desacuerdo por parte de sus socios de Compromís y Unides Podem. Éstos pedían que fuera acompañada de una subida para las rentas altas, de manera que las negociaciones entre las tres patas del Botànic se extendieron hasta que hace una semana se presentó la propuesta. 

Ésta, en un escenario normal, tendría que haberse introducido en la ley de Acompañamiento, puesto que en ella se regulan todas las medidas fiscales (de hecho, así lo afirmó el propio Puig inicialmente). Sin embargo, una mezcla de dudas legales junto a que las conversaciones del PSPV con sus socios se alargaron, provocaron que la reforma fiscal acabara en una ensalada legislativa y no se articulara a través de esta norma.

El tripartito fijó la modificación de los impuestos entonces como prioridad. O, mejor dicho, los socialistas, debido a que se trataba de la gran promesa del jefe del Consell de los últimos meses de cara a 2023, año de las elecciones autonómicos y municipales. Compromís y Unides Podem tuvieron que subirse, pues, a la negociación. Al menos, para conseguir la suya (una subida a las rentas altas). 

Las medidas acabaron repartiéndose troceadas. De un lado, una deflactación del tramo autonómico del IRPF para los contribuyentes con una renta inferior a 60.000 euros anuales. Puig quería, como así ha ocurrido, que se aplicara de manera retroactiva a 1 de enero de 2022, de forma que será efectiva al hacer la declaración de la Renta en primavera de 2023. Esa parte se incorporó a través de un decreto ley. 

De otro, en la ley de Presupuestos figura un incremento de este impuesto para las rentas a partir de los 77.000 euros aproximadamente. Aquellas entre 60.000 y 75.000 euros bajan muy ligeramente o se mantienen. Mientras, los tramos superiores cambian con la nueva tarifa desde el de 52.000 euros y se incluye uno nuevo, el de base liquidable de 200.000 euros. 

También una subida del impuesto de Patrimonio en 0,25 puntos para aquellos patrimonios sometidos a tributación superiores a 1,3 millones de euros –sin contar la vivienda habitual–; y la creación de un nuevo tipo del 11% en lugar del 10% en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales para compras de inmuebles por valor superior a un millón de euros. 

Los informes se pidieron tarde

Tan enfrascado parece que andaba el tripartito en el asunto, que lograron acordar la reforma fiscal pero los tiempos de la ley de Acompañamiento saltaron por los aires. De hecho, desde Compromís eran partidarios de que las medidas sobre impuestos se hubieran articulado ahí. El anteproyecto de ley de esta norma fue aprobado hace una semana y la solicitud de los informes al CES y al CJC se realizó con retraso. Razón por la que aún no ha recibido la luz verde del Consell. 

Aunque no existe un plazo legal establecido para su aprobación como la de Presupuestos –31 de octubre–, el hecho resulta significativo. La previsión es que salga adelante en el pleno del próximo viernes, de forma que no entrará a Les Corts para iniciar su tramitación parlamentaria hasta entonces. Algo que tendría que haber ocurrido este lunes.