Foto: REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA/ARCHIVOVALÈNCIA (EP). Los grupos parlamentarios del PP, Vox y EAJ-PNV han presentado sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal, para que el texto sea devuelto al Gobierno.
En su enmienda a la totalidad, los populares destacan la "escasa importancia" que el Gobierno dio al proyecto de ley que fue retrasando su aprobación en el Consejo de Ministros, algo que afean que ocurriera el 1 de agosto sin la presencia de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, titular del Ministerio proponente.
Pero ahonda en que aunque el texto resultante es consecuencia del acuerdo del Gobierno en su conjunto, "una vez más las desavenencias" dentro del Ejecutivo ha originado "una situación anómala" con la presentación de una enmienda del grupo socialista que, según los populares, "cambia sustancialmente el alcance de la ley" y que incluso podría considerarse como una enmienda a la totalidad de la misma.
Además los populares piden la devolución del texto al Gobierno porque "tampoco" cuenta con el consenso de los sectores afectados y carece de una memoria de impacto presupuestario de las medidas que plantea.
Respecto al fondo, el PP valora que el proyecto de ley no está orientado a mejorar la excelencia en el bienestar animal, ni a luchar contra prácticas ilegales ni a defender un patrimonio que es de todos los españoles.
Asimismo, argumenta que debería asegurarse la constitucionalidad del texto y la no vulneración de competencias como las medioambientales, las cinegéticas o de promoción deportiva. El PP advierte del impacto que supondría la aplicación de la norma para los animales que desempeñan actividades cinegéticas, deportivas o ganaderas.
"Curiosamente, muchos de estos animales realizan su actividad en el ámbito rural, que parece ser perseguido y demonizado por muchas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo", reflexiona el grupo parlamentario.
En cuanto a los perros de caza, los populares ven "falta de coordinación y coherencia" dentro del Gobierno que primero incluyó a estos canes en la Estrategia Nacional de Caza y ahora en el citado proyecto de ley y atribuye esta situación al "reparto anárquico de competencias" realizado al principio de la legislatura.
Sobre los perros de pastoreo y ganado, el PP tampoco ve sentido a medidas como la localización permanente o la prohibición de dejarlos sin supervisión durante más de tres días seguidos cuando realizan actividades de montaña, algo que ven "incoherente" con la intención del Gobierno de fomentar los perros de pastoreo para prevenir los ataques de lobo al ganado extensivo.
Por ello y entre otros argumentos, los populares piden la devolución del proyecto de ley al Gobierno para abrir un "deseable" espacio de reflexión para los sectores afectados con el fin de lograr un texto más consensuado. Al respecto, tampoco ve "de recibo" que después del retraso en la tramitación el Gobierno haya solicitado su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia que "anula la capacidad de las Cortes de realizar un análisis pausado y sosegado de su contenido.
Para el grupo parlamentario vasco el proyecto de ley invade las competencias autonómicas y en concreto las de su comunidad autónoma, que "superó esa perspectiva meramente comercial y sanitaria del tratamiento de los animales" y que transitó de una normativa de "mero control sanitario sobre los animales a un estadío de responsabilidad sobre su cuidado".
De aprobarse el texto propuesto por el Gobierno, avisan de que se produciría un "vaciamiento" de sus competencias que, en esta materia están atribuidas a las comunidades autónomas. "Si hay algo claro es que ni las bases ni la coordinación de la sanidad ni la legislación básica sobre protección del medio ambiente posibilitan un fundamento constitucional suficiente sobre el grueso del contenido de la ley", argumenta el grupo vasco en su enmienda a la totalidad.
En definitiva, el PNV pide devolver el texto al Gobierno porque estima que ni la ordenación general de la economía ni la sanidad ambiental, ni el medio ambiente en sí mismo pueden constituir título competencial para desarrollar una ley de protección integral de la vida animal.
El tercero de los grupos que ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley es Vox, que califica el texto propuesto de "disparate" propio del "delirio animalista y antihumano" y opina que sería nocivo para la protección de la biodiversidad y contrario a los intereses del mundo rural. Así, la formación verde rechaza la creación de derechos de los animales e, igual que el PP, critica su tramitación por la vía de urgencia.
Vox justifica su veto al texto en que se ha elaborado "a espaldas de los intereses de los españoles" y pretende imponer obligaciones y restricciones "ajenas al sentido común", carentes de criterio científico alguno e incoherentes con todo el aparato normativo vigente, y porque en su conjunto "paradójicamente", son contrarias a la protección animal.
En su enmienda, Vox afirma que si bien la norma aparenta ser un instrumento contra el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales en un contexto de creciente sensibilización de la ciudadanía, sin embargo "esta bondad aparente" oculta, a su juicio, un "avance en la agenda ideológica del animalismo" que es "contrario a la relación de los españoles con el mundo animal".
Asimismo, estima que el Gobierno quiere crear "supuestos derechos de los animales" pero señala a los "todos" los propietarios como sospechosos y potenciales agresores que optan por una "vía desproporcionada de control, obligaciones, restricciones y sanciones".
La formación verde asegura que "siempre estará a favor de la protección de los animales, pero lo que sí rechaza es el delirio animalista y antihumano".
En su argumentación, sostiene que este proyecto de ley está inspirado en posturas ideológicas de "indudable vocación reglamentista y restrictiva" que resultan "netamente contrarias" a los animales porque se pliegan a su "emotivismo y a sus inclinaciones hostiles" a las tradiciones y costumbres.
Al mismo tiempo, tilda de "irracionalidad" la intención de otorgar derechos a los animales, algo que avisa de que supone una amenaza contra el mundo rural y el sector primario.
En definitiva, califica el texto de "disparate" que tendrá "difícil coexistencia" con la normativa española como el Catálogo español de especies invasoras y es un "auténtico peligro" para la biodiversidad en España y un "atentado contra los derechos de los españoles" ya que ilegalizaría la tenencia de miles de animales sin criterio científico alguno, lo que provocará una inseguridad jurídica "inviable" para el mundo rural.
Por otro lado, PP y Vox han presentado asimismo dos enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para modificar los delitos contra la flora y la fauna.
Para el PP el proyecto carece de la suficiente justificación, choca con otras leyes del ordenamiento jurídico y no está acompañado de la documentación aconsejada para modificar un capítulo completo del Código Penal, algo que ve "insólito".
Mientras, Vox justifica su la enmienda a la totalidad porque opina que el texto se fundamenta en el "espíritu emotivista y zoocéntrico" aparejado al propósito de implantar una agenda globalista. Además, considera que la propuesta penalógica adolece de una "notoria incoherencia y de una grave falta de proporcionalidad" a las que se suman "ciertas deficiencias legislativas agravadas por la tramitación de urgencia a la que se ha recurrido caprichosamente".
