Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El PSPV no está dispuesto a resolver el dilema laboral que los grupos parlamentarios tienen sobre la mesa y por el que están obligados a despedir a los trabajadores cuando termine la legislatura y a abonarles las indemnizaciones correspondientes por los años trabajados. Un problema que desde hace meses trae de cabeza especialmente a PP y Compromís porque no disponen de los fondos suficientes para hacerlo, y que los socialistas consideran que no es momento de abordar.
La síndica socialista Ana Barceló aseguró este fin de semana en una entrevista a Valencia Plaza que no creía que esta fuera una cuestión que debiera regularse en el tramo final de una legislatura, sino que esta habría de discutirse al inicio del próximo mandato. Unas declaraciones que ponen negro sobre blanco cuál es la predisposición del grupo mayoritario del Botànic de sentarse a negociar con el resto de partidos una solución al problema y que ha tensionado al resto de formaciones por las consecuencias que puedan tener.
Para ubicarse en este asunto: en diciembre de 2021 todos los partidos acordaron que los grupos parlamentarios se constituirían al inicio de cada legislatura con un NIF y una cuenta de cotización en la Seguridad Social "vinculados específicamente a la legislatura en que se constituyen". Según el acuerdo publicado en el Boletín Oficial de Les Corts Valencianes, estos se darían "de baja con la extinción del grupo parlamentario al finalizar la legislatura". Es decir, en cada mandato cada partido tendría un NIF nuevo como si de empresas diferentes se trataran.
El convenio añadía que cuando finalizase la legislatura los contratos laborales que suscribieran los grupos también se extinguirían y los trabajadores deberían percibir "los finiquitos o indemnizaciones que legalmente correspondan en cada caso salvo que la extinción se produzca como consecuencia de un despido que haya sido declarado judicialmente como improcedente o nulo". Un dinero que deberá extraerse de una "provisión" que cada grupo deberá hacer y que será de 12 a 20 días por año trabajado.
Para hacer frente a estas indemnizaciones el pacto obligaba a realizar una provisión de fondos. Pero al haber sido firmado a mitad legislatura, los grupos no comenzaron a hacerla desde el principio, desde la constitución de la Cámara en 2019, sino que arrancaron hace exactamente un año y ahora algunas formaciones no tienen dinero suficiente para pagarle a sus empleados, algunos de ellos en el mismo puesto desde el mandato pasado.
El acuerdo es de obligado cumplimiento, pues está publicado en un Boletín Oficial. Sin embargo, no existe solución sobre la mesa para que los grupos hagan frente a sus obligaciones laborales y los socialistas, con las declaraciones de Barceló sobre la mesa, son partidarios de posponer el entuerto más allá de las elecciones autonómicas.
La portavoz del PSPV cree que esto debe hacerse al inicio de un mandato, dado que si se hace al finalizar, cree que se pone en riesgo que alguno utilice "la reforma con un sentido que no sea con el de la finalidad que tiene". "Son temas que deben abordarse al inicio de una legislatura, donde tendríamos tiempo suficiente para decidir sobre cuestiones que afecten el régimen interno de Les Corts. Cuando se aprobó pensaron que habría tiempo suficiente para haber adecuado la normativa, pero no ha sido así", explicó Barceló a este diario.
La posición, sin embargo, corre en contra de los partidos, que si no cumplen con el texto oficial se exponen a enfrentarse a demandas en los tribunales si no garantizan los derechos laborales de sus empleados. Al menos, aquellos que no tengan fondos para cubrirlos.
La última reunión que se celebró terminó como el rosario de la aurora porque el PSPV advirtió que no participaría de ningún acuerdo si este no se adoptaba por unanimidad. En estos momentos, populares y Compromís son los que se encuentran en una situación más delicada, dado que son los que más personal tienen contratado a través del grupo parlamentario. Además, en el PPCV existe predisposición a volver a contratar a algunos de sus trabajadores actuales, y con este acuerdo sería complicado llevarlo a cabo sin incurrir en un posible fraude de ley.
Los socialistas, por su parte, contratan a través del partido y, por tanto, no se ve afectado por este problema porque cuando Les Corts se disuelvan no tendrán que despedir a nadie, y Podem y Ciudadanos no han mostrado una excesiva preocupación porque sus expectativas electorales son bajas. Una circunstancia por la que no se encontrarían con el dilema de no poder contratar a personal una vez se resuelvan las elecciones de mayo.
Las formaciones han debatido sobre el tema en cuestión largo y tendido en la comisión de Gobierno Interior de Les Corts, a puerta cerrada y sin público. Pero en los encuentros no han hallado ninguna solución ni punto de consenso que permita a los partidos garantizar el pago de las indemnizaciones a los trabajadores. En su momento se barajó aumentar la subvención de los grupos en el presupuesto de 2023 para que quedase cubierto este gasto, y también utilizar el remanente de las cuentas de 2022.
La primera opción quedó descartada cuando se dio el visto bueno al proyecto de presupuestos y no se engordaron las ayudas a las formaciones. Y respecto a la segunda todavía no está enterrada, pero existen pocas opciones de que pueda salir adelante por el poco espacio de tiempo que queda para que termine el año y la negativa de los socialistas a negociar sobre el asunto.
