Foto: GVAVALÈNCIA. El Consell tampoco aprobará este viernes, cuando tendrá lugar el penúltimo pleno de la legislatura, el decreto que regula el grado de conocimiento del valenciano que deberán acreditar aquellos que quieran acceder a la Función Pública. El Consell Jurídic Consultiu decidió este miércoles dejar sobre la mesa el conocido como requisito lingüístico ante las dudas legales que suscitaba entre los consejeros. Un frenazo que, en la práctica, impide su aprobación.
La regulación del requisito se había articulado en dos decretos: por una parte, la Conselleria de Justicia y Función Pública que dirige Gabriela Bravo (PSPV) se había encargado de definir el grado de conocimiento de la lengua cooficial que deberían tener los funcionarios en función de su escala dentro de la Administración, mientras que la Conselleria de Educación que lidera Raquel Tamarit (Compromís) había elaborado otro decreto, el de homologación.
El Jurídic aprobó en su pleno de este miércoles segunda normativa, pero decidió por unanimidad no hacer lo mismo con la primera. ¿El motivo? Según fuentes consultadas por este diario, el texto legal es especialmente "complejo" y los consejeros apenas han contado con margen temporal suficiente para estudiarlo con detenimiento. "Es muy complejo jurídicamente", sostienen las citadas fuentes. Justicia, cabe apuntar, remitió al CJC el decreto el pasado viernes para que este emitiera su dictamen preceptivo.
Ahora bien, a pesar de que el órgano presidido por Margarita Soler ya se ha pronunciado sobre el decreto de homologación, este no podrá ser validado por el pleno del Consell porque cuando PSPV y Compromís llegaron a un acuerdo sobre el requisito lingüístico también pactaron que las normas deberían aprobarse a la vez porque, de alguna manera, iban de la mano.
La intención es que el Consell Jurídic lleve al pleno de la semana que viene de nuevo el decreto elaborado por Función Pública, por lo que si obtuviera luz verde, podría llegar a aprobarse el 26 de mayo, el último día de campaña electoral y apenas dos días antes de los comicios autonómicas y municipales. Un escenario poco deseado por algunos, en especial en el PSPV, por las filias y fobias que genera este tema.
El tropiezo a última hora para validar el requisito es especialmente significativo y ha despertado todo tipo de especulaciones entre las fuerzas que componen el Botànic. Bravo y Tamarit anunciaron el pasado 28 de noviembre que sus respectivas carteras habían llegado a un acuerdo sobre el grado de conocimiento del valenciano que deberían acreditar los funcionarios. Es decir, desde entonces han transcurrido casi seis meses. Un plazo que, según a quién se pregunte en el Consell, ha sido más que razonable para haber sacado adelante la normativa.
Sin embargo, con el traspiés actual en el seno de la coalición dudan que no haya habido intencionalidad por parte de Justicia en dilatar los plazos para que finalmente el decreto no logre salir adelante amparándose en la lentitud burocrática. Un recelo que nace, precisamente, en las diferencias que han guardado PSPV y Compromís sobre este tema desde 2016, cuando empezó a trabajarse en la normativa.
El debate siempre ha sido el siguiente: mientras los valencianistas buscaban que la lengua cooficial fuera un requisito de acceso en cualquier oposición, los socialistas defendían que este debía considerarse como un mérito en cualquier proceso selectivo. A pesar de la enorme división que existía al respecto, hace casi medio año consiguieron entenderse y pactar un diseño intermedio que contentó a ambas partes.
El redactado actual del decreto del requisito fija un periodo transitorio desde la actualidad hasta 2025. Durante ese periodo de dos años, el conocimiento de valenciano que se les exigiría a los funcionarios y aspirantes a serlo sería de un B2 o B1. En concreto, aquellos que optasen a una categoría C2 de la Administración tendrían que probar que tienen un nivel de valenciano B1 -Grado elemental-, mientras que los aspirasen a escalas superiores tendrían que acreditar que tienen un nivel B2, un tramo intermedio entre el elemental y el antiguo Grau Mitjà.
Para ello, no deberían superar ningún examen concreto de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Sino que sería la propia Conselleria de Educación la que acreditase el nivel que tendría cada aspirante. ¿Cómo? A través del expediente académico de cada uno, la homologación sería automática. Si han cursado Bachillerato obtendrán un B2. Si solo han cursado la ESO y han superado la asignatura de valenciano, tendrán el B1.
Pero a partir de 2025, en caso de aprobarse finalmente la normativa, la situación cambiaría. A partir de la OPE que se convoque en ese ejercicio, la Generalitat exigiría otros niveles: el conocimiento de valenciano C1 -el antiguo Grau Mitjà- para todo aquel que desease acceder mediante un proceso selectivo a los grupos más altos de la Administración, A1 y A2; es decir, los altos funcionarios con estudios universitarios. Mientras tanto, a aquellos que optaran al grupo B o C1 les valdría con acreditar un conocimiento del idioma B2; y los que se presentaran a una oposición de C2, deberían probar que tienen un nivel de valenciano B1.
