Foto CORTSLuna critica la “delegación” de Igualdad en los ayuntamientos sin exigir responsabilidades y pide a Oltra plantear si el sistema es “el más eficaz” para asegurar derechos para gente que “no pueden vivir sin ellos”.
VALÈNCIA. Las quejas de la ciudadanía al Síndic de Greuges sobre la Renta Valenciana de Inclusión y la Dependencia supusieron casi el 25% de las admitidas a trámite (704 de 2.862) por el organismo que encabeza el ex diputado Ángel Luna y al funcionamiento de estos dos mecanismos que dependen de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra le dedicó este martes buena parte de la presentación de su memoria anual. “Nos preocupan especialmente las prestaciones de aquellos que no podrían vivir”, señaló. “Los problemas de retrasos y situaciones angustiosas se repiten”, añadió.
“El sistema no está funcionando y lo dicen las quejas que denuncian retrasos de años en prestaciones que deben ser de carácter inmediato porque son vitales y urgentes”, apuntó. “Lo mínimo es que se evalúe el proceso y que se evalúen alternativas. Que por lo menos se piense, porque no es normal el atasco que hay a estas alturas”, destacó el Síndic, que lamentó que pese a sus quejas no se ofrece “ningún tipo de solución”.
Luna incidió especialmente en la descentralización que se ha hecho de parte del proceso en los ayuntamientos pero sin que estos tengan capacidad de decisión, lo que supone un “vaivén” de documentos entre los consistorios y la Conselleria que retrasa el proceso, y sin que se les pidan responsabilidades. “Replantéese si el modelo es el mas eficaz para satisfacer estos derechos. Creo que las únicas evaluaciones de preguntar a los ayuntamientos las hemos hecho nosotros. Los servicios sociales municipales, en un porcentaje elevadísimo de los casos, dedican su tiempo a rellenar formularios”, lamentó.
Desde la Conselleria, que mantiene la apuesta por el “municipalismo” y la co-gestión, señalaron en su última evaluación del sistema que hay ayuntamientos como el de Alicante o del de Godella que triplican de media los tres meses que tienen los consistorios para sus evaluaciones mientras que el propio departamento, que también tiene tres meses, tarda 20 días en el caso de Castellón, 97 en el de Valencia y 107 en el de Alicante. Pero Luna insistió en que es la Conselleria la responsable del servicio y exigió que pida “responsabilidades” a los consistorios incumplidores. “El reparto esta bien pero debe haber un último responsable”, subrayó.
En cualquier caso, desde el departamento de Oltra destacaron que el descenso del número de quejas ha rondado el 30% este año en ambos casos lo que refleja, en su opinión, “la buena gestión” del departamento. También remarcaron que, por ejemplo, en los seis años del Botànic se ha pasado de 23.645 beneficiarios de la Renta Garantizada a 75.885 destinatarios de la RVI
Además, Luna criticó abiertamente el criterio de Igualdad de “denegar la prestación cuando la persona solicitante ha aceptado algún trabajo temporal o a tiempo parcial durante el proceso, sin tomar en consideración todo el tiempo que ha estado sin trabajar y los meses de infructuosa espera sin percibir la renta".
Luna afeó también que el tiempo de espera para el reconocimiento de familia monoparental sea de seis meses frentes a los tres de las familias numerosas y calificó de “inaudito” la cantidad de expedientes de familias numerosas que se pierden, especialmente en Alicante”. Esta provincia acumula un 45% de las quejas frente al 44% de Valencia siendo esta mucho más poblada, algo para lo que Luna (que fue alcalde Alicante) dijo no tener más explicación que el hecho de ser más conocida la institución allí.
Luna también denunció el “deficiente funcionamiento de la atención primaria” en el área de Salud y asumió que si no hay más quejas (suponen el 6%) es porque muchas se realizan al propio departamento “y eso criba mucho”.
El Síndic dijo estar “alarmado” por los problemas de transparencia de los ayuntamientos sin distinción del color político y recordó que “un concejal de la oposición es tan concejal como el alcalde” y tiene el mismo derecho a ciertos documentos. “El sindic va a asumir lo que supone trabajar en defensa de una sociedad democrática. Si no se deja trabajar a la oposición no hay un régimen democrático que pueda ser reconocido como tal”, apuntó.
Luna, que admitió los efectos de la infrafinanciación en la Generalitat, dijo que las administraciones públicas valencianas mantienen “muchas carencias” generalmente por los “procedimientos” y pidió también mayor flexibilidad en la distribución de funcionarios. “El error de quien gobierna es que una ley lo resuelve todo pero si no hay una administración que pueda gestionar esos derechos se convierten en papel mojado”, sentenció.
