VALÈNCIA. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por la Generalitat Valenciana y la Confederación General del Trabajo (CGT) del País Valenciano contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de julio de 2020 que absolvió a José López Jaraba, director general del ente público Radiotelevisión valenciana (RTVV) entre 2009 y 2012, de los delitos de prevaricación, malversación, falsedad y administración desleal, en relación a unos contratos con una productora.
La Audiencia no consideró acreditado ningún tipo de acuerdo entre el acusado y el legal representante de la productora, que era José Luis Moreno, para beneficiar a la mercantil, ni tampoco que firmara el contrato para perjudicar a RTVV ni que los derechos de emisión de los capítulos contratados estuvieran sobrevalorados.
El Supremo rechaza los dos recursos presentados e impone costas a los recurrentes –entre ellos la Generalitat– al considerar, entre otros argumentos, que la Audiencia Provincial ha ofrecido una fundada respuesta a la pretensión condenatoria formulada por la acusación, "aunque contraria a sus intereses", sin que se advierta una errónea valoración de las pruebas. Además, señala que no cabe tildar de arbitraria o simulada la argumentación del tribunal de instancia, aunque sean apreciaciones totalmente divergentes con las de la acusación, ya que son fruto de la inmediación del tribunal, que no pueden ser modificadas a través del recurso de casación de una sentencia absolutoria, y que cumplen el canon mínimo exigible conforme a la jurisprudencia del tribunal.
La causa que ahora toca a su fin se inició en 2014 a raíz de una denuncia presentada por Compromís por un agujero de 1.300 millones en RTVV. El juzgado imputó a Jaraba y a los exdirectivos Luis Redondo, Nuria Romeral, Lluís Motes y la que fuera consellera y portavoz del Gobierno autonómico Lola Johnson.
Con el avance de las investigaciones, únicamente se mantuvieron las sospechas sobre el primero por supuestas irregularidades en un contrato firmado con una productora de José Luis Moreno, Alba Adriática, para la serie 'Planta 25'. Un informe pericial señaló que se habían producido sobrecostes de alrededor de 1,4 millones en la contratación. Lo cual le llevó a juicio.
Pero tanto la Audiencia de Valencia como Fiscalía concluyeron que el proceso administrativo fue correcto; que no hubo ningún tipo de acuerdo entre el acusado y el legal representante de la productora para beneficiar a la mercantil; que Jaraba no firmó el contrato para perjudicar a RTVV; y que los derechos de emisión de los capítulos no estuvieron sobrevalorados.
