VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha vuelto conseguir el aval jurídico del TSJ de la Comunitat para imponer hasta el 28 de febrero el pasaporte covid para acceder a determinados establecimientos como restaurantes, cines o gimnasios por ser la "única medida conocida" que permite mantener la apertura de la mayoría de lugares en los que se aplica. Sin embargo, a diferencia de las anteriores ocasiones en las que la Fiscalía nunca se había opuesto a la extensión de las restricciones, en esta ocasión los magistrados amparan la resolución de Sanidad sin el aval de la Fiscalía.
La discrepancia se centra en cuánto tiempo puede prorrogarse esta medida que implica una limitación de derechos fundamentales. Mientras el TSJ considera "proporcionado" prolongar esta restricción otros veintiocho días naturales, la Fiscalía ha manifestado no oponerse, pero con la limitación de su duración hasta el 12 de febrero.
Según explican en el auto con el que autorizan la aplicación de esta medida hasta el 28 de febrero, el Ministerio Fiscal fundamenta su postura "exclusivamente en una apelación genérica a la provisionalidad estricta de este tipo de medidas". Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo echan en falta "algún desarrollo en términos más concretos de ese argumento" por parte de la Fiscalía, de forma que se desmarcan de su criterio para dar luz verde a la resolución de Sanidad.
"A falta de una explicación más desarrollada y específica, este Tribunal considera que se trata de un período limitado en el tiempo y no excesivo, máxime teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos", sostienen los jueces, quienes inciden además en que anteriormente se han autorizado resoluciones con un periodo de vigencia similar a esta.
La diferencia de criterios se produce en pleno debate nacional sobre la utilidad de esta medida que regiones como Cantabria, Asturias o Cataluña han dejado de aplicar tras cuestionar su utilidad como elemento de contención en la transmisión del virus. Cataluña, donde el certificado covid para determinados espacios interiores ha estado algo más de un mes en vigor, ha decidido eliminarlo tras evaluar los informes de sus expertos pese a encabezar la incidencia acumulada a siete días de toda España.
Los informes en los que se apoyó el Govern catalán concluyen que la variante Ómicron ha demostrado tener escape inmunitario y disminuir así la prevención de la infección, de manera que una parte importante de la población vuelve a ser susceptible de infectarse independientemente de su estado vacunal o de haber pasado la enfermedad. De ello se deriva que la efectividad del certificado Covid "disminuye como medida que añade una capa de seguridad".
La postura difiere sustancialmente de la que defiende la Conselleria de Sanidad y el propio presidente de la Generalitat. Esta semana, tras presidir la comisión interdepartamental en que se acordó solicitar al TSJ la extensión de la medida hasta el 28 de febrero, Ximo Puig reconoció que el pasaporte covid "no es en sí mismo una solución definitiva", pero defendió su utilidad porque habían servido para que 132.000 personas que habían decidido no vacunarse, finalmente lo hicieran.
Tan es así que, apenas recabado el respaldo del TSJ, el jefe del Consell dijo este viernes que antes de acabar febrero se decidirá si se amplía la exigencia del pasaporte teniendo en cuenta la celebración de Fallas y Magdalena. "Sigue habiendo ocupación y hay estrés en la atención primaria y hemos de ser conscientes de que no es una solución total, sino una medida más para considerar la superación de la pandemia", justificó.
Para convencer al TSJ de la necesidad de alargar las limitaciones, la Conselleria de Sanidad incorpora un informe de la Subdirección General de Epidemiología del pasado 24 de enero. En ese informe, que la Conselleria de Sanidad nunca hace público pero que es reproducido parcialmente en el auto del TSJ, el departamento que dirige Ana Barceló refleja que la explosión de contagios causada por la variante Ómicron, aunque haya coincidido con la vigencia del certificado, no implica que sea menos efectivo. Al contrario, estima que sigue siendo necesario para más casos que conllevarían más tensión al sistema sanitario y que el pasaporte covid debe mantenerse vigente "como mínimo hasta que no finalice la presente ola".
"Se considera que la gran capacidad de transmisión de esta variante, junto a la alfa proporción de casos asintomáticos conllevan que las medidas no farmacológicas pierdan efectividad, pero ello no quiere decir que no deban implantarse porque su no existencia conllevaría, necesariamente, un mayor número de casos y con ello de hospitalizaciones y muertes", reconoce Sanidad.
Añade que uno de los objetivos de la medida que sí se está cumpliendo es el de ampliar la cobertura vacunal, ya hasta el 24 de enero se han administrado 132.235 primeras dosis a mayores de 12 años.
La Conselleria insiste en que el incremento de contagios en la actual ola "no anula la idoneidad de la medida, por cuanto la vacunación como se ha comprobado científicamente reduce la capacidad de transmisión y la posibilidad de contagio, y reduce la virulencia de la infección y sus consecuencias de mayor atención sanitaria y hospitalaria". Defiende incluso que la imposición del pasaporte sirve para proteger a los que no se han vacunado al evitar que se expongan a situaciones en las que podrían contagiarse y con peor pronóstico que quienes sí han recibido la pauta completa.
En sentido contrario, la resolución administrativa avalada por el TSJ subraya que sin la exigencia del certificado covid no sería factible flexibilizar las condiciones para acceso a determinados establecimientos o realización de actividades concretas, un argumento con el que coinciden los magistrados al entender que es la solución que permite "un buen encaje de las dos piezas más importantes (salud y economía -por este orden-) de este insólito puzzle que representa la actual pandemia".
Con todo, la situación epidemiológica de las diferentes CCAA no muestra correlación con el nivel de restricciones vigentes. Andalucía, Canarias y la Comunidad de Madrid son las tres autonomías con menor incidencia acumulada en los últimos siete días, pero mantienen medidas muy diferentes.
Andalucía es actualmente la región con con menor incidencia, pero la Junta ha pedido autorización para prorrogarlo hasta el 15 de febrero. En Canarias, es obligatorio en todas las islas excepto La Gomera. Sin embargo, en Madrid, la tercera región con menor incidencia, no existen restricciones de ningún tipo ni exigencia de pasaporte Covid para acceder a los establecimientos.
Además de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Extremadura ya no imponen restricciones de aforo o límites de horarios ni exigencia de certificado para acceder a los establecimientos.
En el lado contrario, País Vasco y Navarra, que están entre las regiones con mayor incidencia, endurecen la exigencia del pasaporte. En el caso de Navarra, el TSJN acaba de dar el visto bueno a su exigencia en residencias, hoteles o gimnasios, mientras que el Gobierno vasco lo mantiene en locales de baile, polideportivos, visitas a hospitales y prisiones y quiere ampliarlo a hoteles, establecimientos turísticos y locales de juego.
