El TSJCV inadmite la denuncia contra Puig por cesar a Oltra para que cobre el paro

VALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha inadmitido una denuncia presentada por el diputado de las Corts Valencianes Vicente Fernández contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig por posibles delitos de prevaricación y malversación debido a que la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, está cobrando el paro pese a que dimitió. La denuncia también se dirigía contra esta última, pero la Sala ha declarado su falta de competencia para investigarla. 

La denuncia se basaba en las declaraciones de Oltra en la entrevista del programa Salvados de La Sexta, donde afirmó que estaba cobrando 1.300 euros por desempleo. El parlamentario no adscrito y también abogado esgrimía que Puig, "olvidando la dimisión pública de Oltra", acordó mediante decreto en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) su "cese político". A su juicio, esto posibilitó un equivalente a despido laboral con derecho a paro, así como "una posible indemnización por parte del Consell que habrá que comprobar, cuando no le pertenecían legalmente". 

Fernández sostenía que la legislación excluye de esa prestación a quien abandone voluntariamente el puesto de trabajo, como en su opinión en el caso de Oltra, y alertaba además de que su cese "posiblemente haya comportado el cobro de una indemnización de tres meses de sueldo íntegro, a la que por su dimisión tampoco tendría derecho".

Según exponía en la denuncia, pese a la dimisión voluntaria de Oltra, el presidente valenciano "de forma no solo irregular" sino "absolutamente contraria a derecho y a sabiendas de ello, muy posiblemente con la intención de beneficiar" a la exvicepresidenta para la obtención de prestación por desempleo, firmó un decreto de cese, "en lugar de aceptar su dimisión".

La consecuencia jurídica de hacerlo de esta forma, señalaba el escrito, es que Oltra ha obtenido una prestación por desempleo "a la que legalmente no tendría derecho por dimisión voluntaria", utilizando una vía legal "equivalente a extinguir su relación como alto cargo por decisión del president de la Generalitat".