La pandemia, un volcán, tormentas y gotas frías que arrasan la península, subidas incontroladas del precio de la energía desde hace meses y ahora la guerra de un autócrata que ha puesto patas arriba aún más el tablero internacional. Son los ingredientes de un mix de circunstancias calamitosas con aires bíblicos que está caracterizando el último bienio político español, convulso asimismo en todo el mundo.
En la actualidad española, el enfado cotiza fuerte entre partes de la ciudadanía, bulle en la calle. Y no porque ya solo nos falte que caiga un meteorito sobre nuestro planeta, si hacemos caso a algunas de las bromas que circulan en la calle respecto a qué es lo siguiente que nos pasará. La realidad es que crece el malestar porque para muchos sectores y profesionales autónomos trabajar ya no es una solución, sino un problema.
Agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas, familias, ciudadanía en general… Requieren de soluciones actuales a los precios de la energía, que suben y bajan sin que nadie entienda en beneficio de quién o qué más allá que las ganancias de las grandes empresas energéticas. Y no piden soluciones por capricho, sino para no pasar frío en casa, para poder llenar el depósito de gasoil, para no ser el último mono de la cadena alimentaria siendo la parte capital del asunto...
Sorprenden los argumentos de aquellos que ven a Putin una amenaza para el sistema democrático, pero se resisten a abordar políticas contra las propias injusticias estructurales de este o no entienden el peligro que tiene una postura política indolente frente a circunstancias que agravan el sentimiento de desafección de la ciudadanía. La radiografía de aires apocalípticos que nos ofrece la realidad de ninguna manera puede excusar la inacción y las dudas de los gobernantes y representantes públicos a la hora de actuar en la defensa de su ciudadanía.
La situación requiere de sensibilidad y tacto a la hora de gestionar un tiempo ciertamente único en la historia reciente europea. El razonamiento que pudiera existir entre muchos ciudadanos y ciudadanas, no por básico, tiene menos valor: qué democracia voy a defender yo, si esta ni mira por mis intereses.
Desde Compromís llevamos años insistiendo en que el sistema de fijación de precios es absolutamente perverso y obliga a pagar un coste de la energía que no es el real. El mejor resumen que he escuchado sobre el funcionamiento de la subasta energética es la metáfora del periodista Javier Ruiz sobre cómo se subastan los megavatios: “Es como comprar 999 gramos de jamón barato y un gramo de 5 jotas y pagarlo todo al precio de 5 jotas”.
Mientras este sistema no se cambie hemos reclamado que no se le corte la luz a ninguna familia vulnerable. A modo del Ingreso Mínimo Vital, hemos instado el Estado a crear la figura de la Energía Mínima Vital, que como su nombre indica establecería que cualquier persona necesita una cantidad mínima para poder vivir dignamente, y esta debe ser subvencionada por el Estado en caso de no poder contratarse o abonarse.
Ninguna administración puede permitirse el no actuar ante la crisis energética. Es vital que el Gobierno reaccione a la escalada de los precios de la luz y el combustible, no solo porque no hacerlo signifique certificar la desconexión total de su Gobierno con la ciudadanía, sino por la propia prevalencia del sistema democrático como valedor de la ciudadanía, como sostén de las personas más vulnerables, como espacio para que se den las condiciones necesarias para que todos y todas podamos desarrollarnos en libertad e igualdad de condiciones.
