Ente público, nueva dirección, subrogación de personal...: todo lo que regulará la ley de À Punt 

CASTELLÓ. La nueva ley de À Punt será una de las principales normas que, previsiblemente, se aborden en Les Corts durante los meses que quedan en el actual periodo de sesiones, que finaliza en julio. La intención del PP es registrarla durante las próximas semanas y sacarla adelante antes del verano, como ha venido informando Valencia Plaza. Quedará por ver si lo logran ante los contratiempos que puedan surgir en el camino. 

La modificación de la norma que rige la radiotelevisión valenciana se tramitará y debatirá en la comisión dedicada a este fin en el Parlamento autonómico. Todo apunta a que será presentada como proposición de ley en lugar de como proyecto de ley al no partir directamente del Consell sino del grupo. El diputado José Juan Zaplana lo ha pilotado desde el inicio de la legislatura con multitud de reuniones. Aun así, todo está tutelado directamente por Presidencia. 

Esta tramitación como proposición de ley es más rápida y cuenta habitualmente con menos controles, ya que no son necesarios los informes, por ejemplo, del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Únicamente tendrán que pasar por la Mesa de Les Corts para posteriormente ser remitidas al Gobierno valenciano, que manifestará su criterio respecto a la toma en consideración y su conformidad o no a la tramitación.

Los populares otorgan urgencia a este asunto porque quieren que la nueva ley resuelva el embrollo jurídico, de funcionamiento, de gestión del ente y de situación económica, a la vez que permita revertir de alguna manera los datos de bajas audiencias.

La idea, según las fuentes consultadas, es que la norma regule, sobre todo, la organización y funcionamiento de la radiotelevisión autonómica y que simplifique la que se encuentra en vigor, de 2016. Esto supondría, por ejemplo, aligerarla en el apartado de blindaje de contenidos. La ley actual obliga a determinados porcentajes de emisión o a temáticas específicas que, en lugar de mantenerse ahí, podrían sacarse y pasar a desarrollarse (y negociarse) en el contrato-programa (aquel en el que se desarrollan los objetivos generales y de programación). Asimismo, el PP, al igual que Vox, siempre hablan de incrementar los contenidos en castellano.

La forma jurídica es uno de los asuntos que más dudas ha generado. Salvo cambio de última hora, los populares se decantan por el ente público. Esto supone la fusión de las dos sociedades que componen la radiotelevisión: la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) –la sociedad mercantil en la que se incluye el grueso de la plantilla de À Punt– y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) –la entidad encargada de la gestión del servicio público–. 

La gran duda es cómo pasará a organizarse entonces la cúpula. Una opción que se baraja es la de que exista, de un lado, un consejo de dirección y, de otro, una dirección ejecutiva. Una posibilidad que ha surgido durante estos meses es que se cree la figura de un presidente ejecutivo con capacidad máxima de gestión a todos los niveles. Con ello, y si se mantuviera a un director general, éste quedaría por debajo en escalafón.  

En todo caso, la pretensión es que las funciones y cometidos de todos los componentes de los órganos de dirección queden mucho más claras que las actuales, tanto en la toma de decisiones como en la asunción de responsabilidades y en la jerarquía.  

Con un cambio en la cúpula, queda en el aire qué ocurrirá con los actuales altos cargos. En teoría, deberían ser renombrados en una transición rápida que no afectara al funcionamiento de la radiotelevisión. Pero desde que el PP entró en el Consell siempre ha circulado que su intención real es sustituir a los actuales (Miquel Francés y Alfred Costa) y que ya andaba buscando nombres. Aunque jurídicamente tampoco es fácil. Habrá que esperar para comprobar si consideran que este es el momento o lo dejarán para más adelante. 

En todo caso, un cambio de organización también conllevará una más que probable modificación del sistema de elección de la cúpula. En el Consell Rector actual hay vocales elegidos por los grupos de Les Corts, el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, el Consell de la Ciutadania y los trabajadores. La fórmula que se use a partir de ahora es una incógnita. Pero si la intención es elegir de manera directa y rápida, la mayoría absoluta de Les Corts (es decir, PP y Vox) sería la manera más inmediata de escoger a cualquier persona (tanto presidente, como director general, como comité de dirección en su conjunto).

La conversión en ente público supondría la subrogación de personal y determinar la figura de los trabajadores, que sería laboral. El PP quiere trasladar el mensaje de que no existe peligro para la actual plantilla, aunque dentro de la radiotelevisión hay dudas de que así sea. El convenio colectivo y la simplificación de la contratación –tanto de personal como de contenido audiovisual– son otros temas pendientes. 

Todo lo demás en relación con cualquier proceso interno lo dejarían supeditado a la ley de Función Pública, que depende de la Conselleria de Hacienda. En todo caso, tampoco esta medida es sencilla por el riesgo de que acabe judicializada. Sin noticias sobre la aprobación definitiva de la convocatoria de las oposiciones, hay quien se pregunta, por ejemplo, qué ocurriría si los trabajadores tuvieran que optar a puestos de una Societat Anònima de Mitjans de Comunicació disuelta. 

Al margen de todo ello, la nueva ley de À Punt también producirá un intenso debate en Les Corts. El PP deberá consensuarlo todo con Vox con alguna cesión –bien sea en enmiendas o con negociación previa–. Sus socios se llegaron a decantar por el cierre de la radiotelevisión, aunque los populares ya sortearon esa medida drástica conscientes de la dura penalización a la que se hubieran enfrentado, máxime con la mochila del cierre de RTVV.

El deseo es buscar igualmente cierto consenso con la oposición. Lo más lógico es que lo intenten con el PSPV, con quienes mantienen puntos de encuentro en la gestión de la radiotelevisión. Pero una cosa es que estén de acuerdo en algunas cosas y otra que la estrategia política este encaminada al entendimiento. Los socialistas no parecen muy proclives de entrada a pactar con los populares. Todo se verá.