Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Mediante un escrito dirigido a los trabajadores y de forma inesperada para algunos y no tanto para otros, el director general de À Punt, Alfred Costa, presentó este miércoles su renuncia al cargo. Una salida que se produce tras cinco años de mandato y apenas unos días después de que trascendiera que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, comió con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle este puesto el pasado 29 de octubre, día en el que se produjo la Dana en la que murieron 219 personas.
Su adiós, "irrevocable" y "fruto de una reflexión profunda personal y profesional", deja a la radiotelevisión pública en un estado de interinidad que, según la ley, el Consejo Rector debe resolver de forma "inmediata". Y es que la renuncia de Costa se hará efectiva a partir del 9 de diciembre y de ahí en adelante será el presidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) Miquel Francés quien deba asumir todas las funciones que tiene atribuidas la dirección general de la cadena.
Un escenario que obliga a los grupos parlamentarios de Les Corts, que habían dejado aparcada la negociación para renovar los órganos estatutarios y la renovación del nuevo Consejo de Administración de À Punt por la catástrofe de la dana, a retomar las conversaciones. "Hay que activar la nueva ley; no queda otra", señalan fuentes parlamentarias populares a este diario. Las conversaciones, sin embargo, huelga recordar que se encontraban especialmente encalladas entre el PP y los partidos de la oposición.
La intención del Partido Popular en su momento era acometer una renovación en pack que incluyera tanto la elección del Consejo de Administración de À Punt como los órganos estatutarios en funciones: el Consell Jurídic Consultiu (CJC), la Sindicatura de Competes, el Consell Valencià de Cultura (CVC), o el Consejo de Transparencia. El objetivo era evitar vetos o que se produjeran bloqueos que atascaran sine die cualquier nombramiento por las mayorías que marcan las leyes.
El PP es partidario de que se respete la representación parlamentaria que obtuvo cada formación en las urnas el pasado 28 de mayo de 2023. Es decir, que el reparto de nombramientos sea proporcional, lo que incluye a Vox en las negociaciones. Y este es el primer escollo que los grupos deberán sortear.
El PSPV pone un cordón sanitario a los voxistas para debatir sobre nombres en los órganos estatutarios, si bien no hace lo mismo con la radiotelevisión pública. Son conscientes de que si lo hacen, el PP podría perfectamente pactar un reparto de consejeros con Vox y los nombramientos saldrían adelante sin ningún problema tras el cambio de la ley de À Punt que se aprobó en marzo. Un escenario que dejaría tanto a los socialistas como a Compromís fuera del Consejo.
Ahora bien, tampoco la postura de los valencianistas favorece un acuerdo temprano: la coalición que lidera Joan Baldoví puso hace unas semanas una serie de condiciones para sentarse a negociar la renovación tanto del consejo de dirección de la cadena como los órganos estatutarios. Entre ellas, reclamaban al PP cesar al director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut. Algo que ahora mismo no está sobre la mesa, menos aún si se tiene en cuenta que es una apuesta del Partido Popular.
Con estos mimbres, la idea del partido de la gaviota es volver a sentarse con el resto de formaciones para que el estado de interinidad de la radiotelevisión pública no se alargue en el tiempo. Sin embargo, si finalmente las posturas se mantienen, los populares no tendrían dificultad en acabar designando un Consejo de Administración -encargado a su vez de proponer candidatos a la dirección general- en solitario con Vox tras el cambio de la ley.
La nueva norma dicta que el Consejo estará conformado por un total de ocho miembros. Siete de ellos serán escogidos por los grupos parlamentarios de Les Corts y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), donde no está Vox. En el caso de Les Corts, tendrán que ser elegidos por una mayoría de tres quintos en primera votación y, si no saliera, por mayoría absoluta en segunda votación. Es decir, que en primera vuelta tendría que salir adelante por parte de PP y Vox, pero también por, al menos, uno de la oposición (el PSPV y/o Compromís); pero en segunda vuelta la derecha podría dar luz verde en solitario.
Alfred Costa llegó al puesto en 2020 tras superar un concurso público y, tres años después, ser reelegido por otro periodo de tres años. Proviene de la etapa del Consell del Botànic liderado por Ximo Puig, pero hasta ahora había colaborado con cierta normalidad con el nuevo Ejecutivo presidido por Mazón.
Sin embargo, tras conocerse que Mazón buscó sondear a Vilaplana para asumir responsabilidades en la gestión de la cadena -oferta que ella misma habría rechazado-, Costa habría considerado adelantar su salida de la cadena -todavía quedaba año y medio para finalizar su mandato- tras, eso sí, ofrecer una buena cobertura de la dana. De hecho, el seguimiento y cobertura realizado por À Punt de lo ocurrido tras el temporal ha sido elogiado por los diferentes medios de comunicación y sociedad en general, tanto por su pluralidad como por la calidad de sus conexiones.
